Chaves acusó a la administración Alvarado de asumir compromisos "negligentes" con la UE, a menos de un mes de dejar el poder.
El ministro de Hacienda costarricense, Nogui Acosta Jaén, acusó a la Unión Europea de haber sido "intransigente" en su decisión de incluir a Costa Rica en su "Lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales", conocida también como la "lista de paraísos fiscales de la UE".
Las declaraciones las realizó Acosta en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, en la que señaló que la "intransigencia" se debe a la "irresponsabilidad" de la administración Alvarado Quesada, al asumir compromisos con la Unión que, según el nuevo gobierno, eran imposibles de cumplir:
La irresponsabilidad es asumir compromisos. No es cierto que había un proyecto de ley establecido y la Unión Europea fue intransigente en los plazos precisamente porque las promesas se cumplen: las promesas que uno hace, no las que hacen otros".
Las declaraciones fueron respaldadas por el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles quien, tal y como hizo Zapote el día de ayer tras el anuncio europeo, responsabilizó a las autoridades del gobierno anterior por la inclusión de Costa Rica, al señalar que el entonces embajador del país ante la UE, Sergio Alfaro Salas, y el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, comprometieron al país sin tomar en cuenta el criterio de la nueva administración, del sector empresarial ni de la Asamblea Legislativa.
Mire yo no quiero pelear con nadie, no me gusta, pero yo le tengo que decir al pueblo de Costa Rica que el señor Elian Villegas Valverde, exministro de Hacienda, envió una carta el 8 de abril del 2022 a la Unión Europea (y el 8 de abril, para que no se les olvide el contexto, fue 2 días después de la segunda vuelta donde yo me convertí en presidente electo y donde él sabía que el PAC no iba a tener representantes en el Congreso), donde le dice que: 'Finalmente, una vez que se cuente con los elementos necesarios para elaborar el proyecto de ley correspondiente se procedería a presentarlo para su discusión en el Congreso a más tardar el 30 de agosto del 2022 (¿Él no salía el 8 de mayo?). Vamos a procurar la aprobación de parte del Congreso previo al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de que entre en vigencia el 1 de enero del 2023'".
Eso es una carta promesa de un ministro de Estado en el ocaso de su gestión, haciendo promesas de lo que iba a hacer el gobierno siguiente y haciendo promesas de lo que iba a hacer la Asamblea Legislativa antes del 31 de diciembre del 2022, y que el Ejecutivo iba a firmar la ley para que estuviera al día siguiente, el 1 de enero. Esto es como que yo le prometa a alguien que qué va a hacer usted con el aguinaldo de dos años de aquí y que yo lo endeude", agregó Chaves.
El Consejo Europeo, una de las siete altas instituciones de la Unión Europea agregó este martes 14 de febrero a Costa Rica, Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall a su "Lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales", conocida también como la "lista de paraísos fiscales de la UE".
Según detalló el Consejo de la UE, la lista incluye a países que no han entablado un diálogo constructivo con la Unión Europea sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias y, específicamente sobre Costa Rica, la decisión señala que se toma pues el país incumplió su compromiso de abolir o modificar "los aspectos nocivos de su régimen de exención de rentas de fuente extranjera", que es el criterio 2.1 de la lista de la UE.
Chaves agregó hoy que el país está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el contenido de un futuro proyecto de ley sobre renta global, el cual es uno de los compromisos del país con la institución internacional.
Asimismo el mandatario señaló que ni en su paso por la administración pasada cuando fue ministro de Hacienda, ni al finalizar la gestión anterior, la administración Alvarado presentó el proyecto prometido:
¿Presentaron la ley? No. ¿Usted se encontró esa ley preparada, don Nogui? La palabra es negligencia, del gobierno anterior", finalizó Chaves.
Dato D+: En diciembre del 2021 el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley (expediente 22.848) el cual atendía recomendaciones del Grupo sobre Código de Conducta del Consejo de la Unión Europea. Ese expediente no fue convocado durante los seis meses de sesiones extraordinarias que ha tenido la actual administración.
Por su parte, Acosta agregó que "lo más que existía era un borrador que se mandó a al UE como una promesa" y que "no hay un proyecto de ley estructurado de ninguna manera":
Cuando nosotros tomamos conocimiento de eso fue porque la UE nos mandó un correo, ya no había formalidad en este proceso. Lo que le explicamos a la Unión Europea es que en el acuerdo con el FMI había una reforma legal que nosotros sí queríamos acometer porque es que no estamos comprometiendo —0 perdón, el gobierno anterior se comprometió— a hacer un cambio radical en el sistema tributario costarricense. La historia tributaria del país está basada en una renta territorial, es para los costarricenses y sobre las rentas en el país. Ese cambio era un vuelco en la forma en la cual estaría tributando todos los costarricenses, y por lo tanto no podía comprometerse a que en 3 meses iba a pasar. Ese compromiso no lo asumió este gobierno pero las consecuencias las asumimos nosotros".
Las implicaciones de ser parte de esta serie de país incluyen que la lista está "vinculada a la financiación de la UE con arreglo a las nuevas disposiciones del Reglamento Financiero y del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el mandato de préstamo exterior (MPE)", por lo que "los fondos procedentes de estos instrumentos no pueden canalizarse a través de entidades de países incluidos en la lista".
Adicionalmente, "un entramado fiscal canalizado a través de un país que figure en la lista de la UE será automáticamente notificable a las autoridades tributarias. La propuesta de presentación de informes públicos por país también incluye requisitos de información más estrictos para las multinacionales con actividades en los países y territorios incluidos en la lista".
Además, para los países que aparecen en la lista se "incluyen medidas como el aumento de la supervisión y las auditorías, la retención de impuestos, los requisitos especiales en materia de documentación y las disposiciones contra las prácticas abusivas".
