El Consejo Europeo, una de las siete altas instituciones de la Unión Europea, aprobó este martes incluir oficialmente a Costa Rica, Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall en su "Lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales", conocida también como la "lista de paraísos fiscales de la UE".
Elisabeth Svantesson, ministra de Finanzas de Suecia hizo oficial el anuncio en una conferencia y posterior comunicado de prensa:
Hoy decidimos agregar cuatro jurisdicciones a la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales: Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Islas Marshall y Rusia. Pedimos a todos los países enumerados que mejoren su marco legal y trabajen para cumplir con los estándares internacionales en materia tributaria. Al mismo tiempo, felicito calurosamente a Macedonia del Norte, Barbados, Jamaica y Uruguay, ya que cumplieron con éxito sus compromisos y pudieron ser eliminados del Anexo II.
Según detalló el Consejo de la UE, la lista incluye a países que no han entablado un diálogo constructivo con la Unión Europea sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias.
"Esas reformas deben apuntar a cumplir con un conjunto de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal, que incluyen la transparencia fiscal, la tributación justa y la implementación de estándares internacionales diseñados para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios", agregó la entidad.
Respecto a Costa Rica la decisión señala que se toma, por primera vez desde su creación, pues el país incumplió su compromiso de abolir o modificar "los aspectos nocivos de su régimen de exención de rentas de fuente extranjera", que es el criterio 2.1 de la lista de la UE.
Para las Islas Marshall, la UE indicó que existe la preocupación de que esta jurisdicción, que tiene una tasa de impuesto sobre la renta corporativa nula o solo nominal, esté atrayendo ganancias sin actividad económica real (criterio 2.2 de la lista).
Las Islas Vírgenes Británicas se incluyen porque se determinó que no cumplían lo suficiente con el estándar de la OCDE sobre el intercambio de información previa solicitud (criterio 1.2).
Finalmente, Rusia figura en la lista después de que un examen a la nueva legislación de Rusia adoptada en 2022 frente a los criterios de buena gobernanza fiscal determinara que ese país no había cumplido su compromiso de abordar los aspectos perjudiciales de un régimen especial para las sociedades holding internacionales (criterio 2.1 ). Además, el diálogo con Rusia sobre asuntos relacionados con la fiscalidad quedó paralizado tras su invasión a Ucrania.
La Lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales de la UE fue creada en diciembre de 2017 y forma parte de la estrategia exterior de la UE en materia fiscal, cuyo objetivo es contribuir a los esfuerzos para promover la buena gobernanza fiscal en todo el mundo.
La lista se compone de dos secciones: la lista de países no cooperantes (Anexo 1), en el cual Costa Rica fue incluido hoy; y la lista de países considerados cooperantes pero sobre los cuales pesan observaciones y hay compromisos o diálogos para enmendarlos (Anexo 2), bajo pena de ser incluidos en el Anexo 1.
Hasta ayer Costa Rica estaba incluido en el Anexo 2, pero por el incumpimiento de sus compromisos pasó al Anexo 1.
La lista completa del Anexo 1 ahora es así:
- Samoa Americana
- Samoa
- Anguilla
- Bahamas
- Islas Vírgenes Británicas
- Islas Vírgenes de EE.UU
- Islas Marshall
- Islas Turcas y Caicos
- Costa Rica
- Fiyi
- Guam
- Palaos
- Panamá
- Rusia
- Trinidad y Tobago
- Vanuatu
"No movieron un dedo para evitar el descrédito de Costa Rica"
Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia y exembajador de Costa Rica ante Bélgica y la Unión Europea. Foto: Roberto Carlos Sanchez.
La Casa Presidencial de Rodrigo Chaves Robles responsabilizó a las autoridades del gobierno pasado por la inclusión de Costa Rica en la lista de paraísos fiscales de la UE, al explicar que el entonces embajador del país ante la UE, Sergio Alfaro Salas, y el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde comprometieron al país sin tomar en cuenta el criterio de la nueva administración, del sector empresarial ni de la Asamblea Legislativa.
Según Presidencia, en abril de 2022, el exministro Villegas Valverde comprometió a Costa Rica a que se presentaría un proyecto de ley para gravar las rentas pasivas extraterritoriales el 30 de agosto de 2022 a más tardar; y que ese proyecto estaría aprobado por la Asamblea Legislativa antes del 31 de diciembre de 2022, ambos plazos dentro del nuevo Gobierno.
Zapote afirmó que las autoridades de Cancillería y Hacienda nunca fueron informadas de esas decisiones, pero que este Gobierno inició conversaciones de renegociación de compromisos y ampliación de plazos en agosto de 2022, las cuales no fueron fructíferas.
El exministro Alfaro rechazó las acusaciones contra el anterior Gobierno a través de un posteo en su perfil de Facebook:
La presidencia y los ministros actuales no movieron un dedo para evitar el descrédito de Costa Rica ante nuestro segundo socio comercial y ahora, a última hora y con el agua al cuello, quieren que otros paguemos por su propia incapacidad. Todos ellos saben bien que un embajador nunca toma decisiones en materias técnicas y menos de política interna. En el caso del Código de Conducta de la UE, las comunicaciones de su presidenta siempre son dirigidas directamente a los ministros a cargo, nunca a la embajada ni a través de esta, que no recibe ni copia.
Alfaro afirmó que su intervención en el seguimiento de los listados europeos en materia de cooperación fiscal y de lucha contra el lavado de dinero siempre se dirigió a advertir a sus superiores en Cancillería y posteriormente a los ministerios de Hacienda y COMEX de los procesos del Consejo Europeo y de los riesgos que implicaban.
"Las decisiones sobre qué responder y qué compromisos adquirir a nombre del Estado correspondieron siempre a los ministros de Hacienda y COMEX, quienes suscribieron las cartas de respuesta", agregó.
El exministro también dijo que él advirtió al canciller André del riesgo de ser incluidos en esa lista mediante su informe final de labores del 3 de julio de 2022 (página 2), mencionando los oficios ministeriales respectivos del 22 de julio de 2021 y de 5 de enero de 2022.
El resto es humo… como mucho de lo que estamos viendo".
Qatar debió estar incluida, pero le dieron más tiempo
Durante la conferencia de prensa donde se anunció la oficialización de la lista, una de las periodistas señaló que hasta ese día había "buenos motivos" para la inclusión de Qatar en el listado de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales de la UE, pero que no lo hicieron porque decidieron "darle más tiempo" dado que algunos "países grandes" bloquearon su designación.
Elisabeth Svantesson dio una respuesta escueta de que dieron más tiempo a Qatar porque consideraban que debía dársele más tiempo: "No tiene más vuelta de hoja que eso".
El medio especializado Bloomberg señaló que algunos Estados miembros se negaron a agregar a Qatar por el momento ya que Doha presentó legislación que abordaba las preocupaciones del bloque, pero que esas enmiendas requeridas tienen restricciones de tiempo de índole constitucional.
El plazo que ahora tiene Qatar es de marzo, sin embargo, dado que la lista se revisa nuevamente hasta octubre, técnicamente ese país tiene más tiempo para cumplir con sus compromisos.
Repercusiones
Las implicaciones de estar incluido en esta lista incluyen que la lista está "vinculada a la financiación de la UE con arreglo a las nuevas disposiciones del Reglamento Financiero y del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el mandato de préstamo exterior (MPE)", por lo que "los fondos procedentes de estos instrumentos no pueden canalizarse a través de entidades de países incluidos en la lista".
Adicionalmente, "un entramado fiscal canalizado a través de un país que figure en la lista de la UE será automáticamente notificable a las autoridades tributarias. La propuesta de presentación de informes públicos por país también incluye requisitos de información más estrictos para las multinacionales con actividades en los países y territorios incluidos en la lista".
Además, para los países que aparecen en la lista se "incluyen medidas como el aumento de la supervisión y las auditorías, la retención de impuestos, los requisitos especiales en materia de documentación y las disposiciones contra las prácticas abusivas".