La Iglesia Católica de Costa Rica anunció haber llegado a un acuerdo conciliatorio para poner fin a cuatro procesos judiciales en los que se reclamaban indemnizaciones por su responsabilidad solidaria —penalmente declarada— a favor de cuatro víctimas de abusos sexuales cometidos por el exsacerdote Mauricio Víquez Lizano.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica declaró en un comunicado de prensa que "la problemática de abusos sexuales a menores es una dramática situación de la sociedad. La Iglesia lamenta que se hayan presentado casos en contextos eclesiales y trabaja activamente por la prevención, con el fin de ofrecer ambientes seguros".
Como es de conocimiento general, se han presentado demandas civiles por daños y perjuicios en contra de la Conferencia Episcopal y la Arquidiócesis de San José, por parte de cuatro víctimas de abuso sexual del señor Mauricio Víquez. Con el fin de concluir estos procesos, se ha llegado a un acuerdo tomando en cuenta las posibilidades procesales que da la Ley y que es satisfactorio a todas las partes. Conforme a lo establecido en este instrumento, el contenido de este acuerdo está sujeto a una cláusula de confidencialidad por lo que no se darán declaraciones al respecto.
El abogado de las cuatro víctimas, Rodolfo Alvarado Moreno, confirmó en un vídeo suministrado a los medios el acuerdo alcanzado.
Hemos resuelto en una negociación muy favorable para ambas partes, entre la iglesia y mis representados legales, finalizar las diligencias judiciales de los cuatro juicios que se llevaban en los tribunales colegiados civiles del Circuito Judicial de San José. Ese arreglo, el cual, por supuesto por un tema evidentemente de confidencialidad no se puede divulgar. Es un acuerdo y un convenio sumamente favorable para las partes. Considero, desde el punto de vista de mis representados legales, que será de gran provecho y gran beneficio para ellos en su futuro inmediato.
La Conferencia Episcopal costarricense, el arzobispo José Rafael Quirós Quirós y Temporalidades de la Arquidiócesis de San José fueron condenados en agosto de 2022 por el encubrimiento de los abusos sexuales del exsacerdote católico, Mauricio Víquez Lizano.
La condena fue emitida por el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José quien ordenó pagar a una de las víctimas del exsacerdote la suma de 65 millones de colones, intereses y costas del proceso. La Iglesia Católica dijo que presentaría recurso de casación contra la sentencia.
Víquez Lizano fue condenado, el 30 de marzo de 2022, a 20 años de cárcel por un delito de violación y otro de abuso sexual en perjuicio de una persona víctima que, al momento de los hechos, era menor de edad.
Esa condena fue dictaminada en el Tribunal Penal de Desamparados, instancia que procesaba varias causas en contra del exsacerdote, que ocupó diversos cargos importantes en la Iglesia Católica, desde cura párroco hasta vocero de la curia en temas de familia donde se posicionó públicamente en contra de temáticas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En ese periodo, según señalan las acusaciones, Víquez cometió diversos actos de abuso sexual a menores de edad que eran, en su mayoría, monaguillos de sus iglesias a cargo.
Los actos de denuncia se dieron entre 1996 y 2003 y aunque los denunciantes presentaron la queja ante las autoridades del arzobispado, estos lo que hicieron fue pasar al excura de una iglesia a otra, donde siguió cometiendo los crímenes contra otros menores.
Las denuncias en contra de estos actos de pederastia en la Iglesia Católica costarricense empezaron a llegar en 2018 y fueron notificadas a la Iglesia, cuyas autoridades hicieron la advertencia a Víquez a finales de ese año, generando que, a sabiendas de que las autoridades lo estaban buscando, el excura saliera del país el 9 de enero del 2019 rumbo a México, donde estuvo escondido hasta su captura.
Fue una llamada anónima a la justicia mexicana la que alertó sobre su paradero en la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, la que generó que el proceso de notificación pudiera concretarse con ayuda de autoridades mexicanas y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que había puesto a Víquez en alerta roja desde el 11 de abril de 2019.
Por ello y tras un proceso de casi dos años en el que tras su arresto Víquez trató de impedir su extradición al país, el exsacerdote finalmente regresó a suelo nacional el pasado 6 de mayo donde fue detenido hasta su juicio.
