La mayoría opositora de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes pasar por encima del veto total interpuesto por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, al decreto legislativo para sacar a la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) de la aplicación de la regla fiscal dispuesta por la Ley 9635.

Con 43 votos a favor y 11 en contra, el Decreto Legislativo 10.258 se convertirá en Ley de la República con la firma del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez; y de las secretarías del Congreso, Melina Ajoy Palma y Luz Mary Alpízar Loaiza.

Solo votaron en contra los diputados del oficialismo y la liberacionista Carolina Delgado Ramírez.

Dato D+: El artículo 127 de la Constitución Política faculta a la Asamblea a convertir en ley un proyecto vetado por el Poder Ejecutivo: "Reconsiderado el proyecto por la Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República. (...)".

Esta es la tercera vez en la actual Asamblea Legislativa y la séptima en los últimos 40 años, que una Asamblea Legislativa rechaza un veto presidencial y resella el proyecto, aprobándolo con la supermayoría necesaria de 38 votos a favor como mínimo.

En la primera vez el Congreso rechazó el veto y ordenó sacar al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal; y en la segunda ocasión ordenó prorrogar hasta 2024 las concesiones de los comerciantes del Depósito Libre Comercial de Golfito que estuvieran al día con sus obligaciones contractuales y sociales.

Aunque el Poder Ejecutivo prometió presentar un proyecto de ley para reformar íntegramente la regla fiscal y excluir en un solo proyecto a todas las entidades que no deberían estar incluidas (por tener ingresos propios y/o no contribuir al déficit del Gobierno Central), dicha iniciativa está paralizada pues el Gobierno planteó en ese mismo texto que se excluya de la regla fiscal el pago de intereses de la deuda y otros rubros importantes del presupuesto, lo que aumentaría el gasto estatal.

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