Plenario acordó convertir en ley el Decreto Legislativo 10.311, Ley de Sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito.
El Plenario de la Asamblea Legislativa acordó, con 45 a favor y 8 en contra, resellar el veto que el Poder Ejecutivo firmó al Decreto Legislativo 10.311, “Ley de Sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito” (expediente 23.233) que reforma la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (Judesur).
Dato D+: Luego de que un proyecto de ley es aprobado en segundo debate y antes de ser firmado por el Poder Ejecutivo para convertirse en ley de la república, se convierte transitoriamente en un Decreto Legislativo.
La propuesta de ley establece que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito que estén morosos con Judesur serían desalojados en un término de 60 días, luego de que esta iniciativa se convirtiera en Ley de la República. Establecía, además, que los contratos de concesión de todos los locales que estuvieran vigentes y en ejecución a la entrada en vigencia de esta ley, se prorrogarían adicionalmente por el plazo de tres años a partir del día 6 de mayo de 2024, de forma automática, y otorgada únicamente a quienes estuvieran al día con sus obligaciones con Judesur, así como las demás obligaciones establecidas por Ley.
Casa Presidencial presentó una propuesta de nueva redacción para el transitorio XI, que fue rechazado por la mayoría de la Asamblea Legislativa.
Este es el segundo resello que la actual Asamblea Legislativa aprueba para eliminar un veto presidencial relacionado con la aplicación de la regla fiscal, ya que el pasado 10 de octubre la Asamblea acordó resellar el veto presidencial al Decreto Legislativo 10.307 (expediente 22.732) "Ley para exceptuar de la aplicación de la regla fiscal al Sistema de Emergencias 9-1-1".
Previo al trámite del resello, la jefa del partido oficialista, Pilar Cisneros Gallo, pidió un receso a la Presidencia de la Asamblea Legislativa para darle un mensaje a todos los congresistas presentes, para referirse por el fondo del proyecto y en contra del resello, lo que generó malestar entre congresistas de otras bancadas por tratar de abrir una discusión fuera del espacio oficial.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, llamó la atención sobre las limitaciones del reglamento para discutir en el Plenario Legislativo y señaló que, en su interpretación, no existe la posibilidad de abrir un debate para discutir un resello.
Por su parte, el jefe de la bancada del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, anunció que apelaría la decisión de la Presidencia de la Asamblea, lo que llevó a Arias Sánchez a solicitar un receso y reunirse con las jefaturas de fracción. Posterior al receso se acordó abrir un debate reglado en el que cada fracción tuvo tres minutos para manifestar su posición sobre el resello.
Cuando la Asamblea Legislativa aprueba un resello a un veto el Decreto Legislativo se convierte en ley de la República con las firmas del Directorio Legislativo y sin la necesidad de la firma del Poder Ejecutivo.
Argumentos del veto presidencial
Según informaron desde Casa Presidencial cuando se firmó el veto, el Poder Ejecutivo argumentó que en no se previó que las licitaciones que ya habían iniciado adquieran firmeza, mientras al mismo tiempo se prorrogan los contratos de los concesionarios actuales hasta el 6 de mayo del 2027; lo que genera un conflicto de intereses entre los nuevos y actuales concesionarios.
Adicionalmente, se señaló que se generaría “un perjuicio grave a los futuros concesionarios que fueron seleccionados bajo las reglas del concurso público amparados al principio constitucional regulado en el artículo 182 de la Constitución Política, así como el principio de libre competencia consagrado en el artículo 46 de la Constitución Política, ya que no podrán entrar a tomar posesión de los locales si éstos se encuentran ocupados por los concesionarios anteriores, que se amparan en la prórroga que otorga el Decreto Legislativo N°10.311”.
