PUSC votará en contra de extender el plazo cuatrienal del Acuerdo de Escazú.

A través de un comunicado a la prensa, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que votarán en contra de extender el plazo cuatrienal al expediente 21.245 que busca la ratificación del Acuerdo de Escazú. 

En Costa Rica ya existe legislación robusta para proteger el medio ambiente y la mayoría de elementos que contempla el acuerdo, ya están incorporados en esta legislación, por lo que una nueva ley complicaría el desarrollo económico en momentos donde se necesitan acciones concretas para dinamizar la economía, generar empleo y apoyar al sector productivo", justificaron en la agrupación. 

Además, indicaron que diferentes sectores han dicho que el proyecto tiene roces constitucionales, y una serie de contradicciones con la legislación nacional.

Desde nuestra bancada, sabemos de la importancia de proteger y conservar el ambiente, pero bajo normativas claras como las ya existentes, sin que estas tengan imposiciones desmedidas e irrazonables". 

El plazo cuatrienal del proyecto vence el próximo 31 de enero. La negativa del PUSC se une a la posición del oficialismo, quienes, a través del presidente Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, han dejado claro que no quieren molestar al sector privado con la aprobación de Acuerdo de Escazú. Adicionalmente el Partido Liberal Progresista, mencionó que la iniciativa no cuenta con ambiente dentro de su bancada.

Por su parte, el partido Nueva República también estaría lejos de apoyar la extensión del plazo. En su cuenta de Twitter, el diputado, David Segura, llevó la discusión a otro plano y aseguró que el Acuerdo de Escazú busca "darle poder a los comunistas, hasta que puedan expropiar a empresas, al estilo de Hugo Chávez". Mientras tanto, los legisladores del Partido Liberación Nacional han guardado silencio con respecto a la posición que tomarán.

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Hasta el momento solo el Frente Amplio (FA) habló en el Congreso a favor del tratado regional. El jefe de fracción del FA, Jonathan Acuña, dijo que es contradictorio ser un país apreciado por tener un legislación sobre materia ambiental reconocida en el mundo, pero al mismo tiempo desechar el acuerdo regional que protege los derechos de las personas para tener un ambiente sano.

Al respecto, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, dijo no entender cómo Costa Rica, al ser un país líder en temas de medio ambiente y derechos humanos, no ha logrado ratificar el Acuerdo de Escazú y lo calificó de "fracaso atípico".

Si se desea ampliar el plazo que tiene la Asamblea Legislativa para tramitar un proyecto de ley, los legisladores deben votarlo a través de una moción que requiere ser aprobada por mayoría calificada (mínimo 29 votos) antes de que se cumplan los cuatro años desde que se presentó. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, mencionó que verán la moción el próximo 1 de febrero.

En el futuro, de querer llevar la ratificación del Acuerdo a discusión nuevamente, debe ser el Poder Ejecutivo quien deberá presentar otro proyecto para que inicie el trámite legislativo.  Esto debido a que, al tratarse de un convenio internacional, la Constitución Política de Costa Rica, en su el artículo 140 inciso 10, indica que solo puede ser presentado por la Presidencia de la República junto con el ministerio del ramo.

El tratado regional fue impulsado por los gobiernos de Costa Rica y Chile y fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018 en la ciudad costarricense de Escazú. Es el primer gran tratado medioambiental de la región y hasta la fecha 14 países lo ratificaron. 

Este busca el reconocimiento y respeto del derecho a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información, así como participación real y significativa en decisiones en materia ambiental en América Latina y el Caribe .

También envuelve los derechos humanos porque busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión”.