El plazo cuatrienal del Acuerdo de Escazú vence este 31 de enero.
A través de una carta enviada a los diputados, organizaciones y personas físicas solicitaron no archivar el expediente 21.245 que busca ratificar el Acuerdo de Escazú a fin de reavivar su discusión.
El plazo cuatrienal del proyecto de ley vence este 31 de enero. Si se desea ampliar la vigencia del expediente, la Asamblea Legislativa debe votarlo a través de una moción que requiere ser aprobada por mayoría calificada (mínimo 29 votos) antes de que se cumplan los cuatro años desde que se presentó.
La misiva, que sigue abierta para quien desea sumarse al llamado, ha sido suscrita por 21 Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 42 colectivos y 40 personas físicas, señala que cada día que pasa sin ratificar el tratado, el país pierde la oportunidad de:
- Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.
- Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.
- Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.
También indicaron que ser parte del Acuerdo trae certezas a las inversiones nacionales y extranjeras, lo cual fue destacado durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible por representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Otro aspecto que resaltaron que es el Acuerdo de Escazú ayudaría a prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Recordaron que, entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en Costa Rica. Los últimos de ellos fueron los líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, en 2019 y 2020 respectivamente.
Por tal razón, detallaron a los congresistas que en 2022 la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recomendó al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.
Entre los firmantes está la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, Sá Ju Tsa Tkö ( Jóvenes Indígenas Talamanca Cabécar), Asociación La Ruta del Clima, Campaña Escazú Ahora Costa Rica, las federaciones estudiantiles de la Universidad Nacional y de Costa Rica (FEUNA y FEUCR), el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), los partidos políticos Frente Amplio y Acción Ciudadana. Además de la ex diputada Paola Vega y el exministro de ambiente y energía Edgar Gutiérrez Espeleta.
El tratado regional fue impulsado por los gobiernos de Costa Rica y Chile y fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018 en la ciudad costarricense de Escazú. Es el primer gran tratado medioambiental de la región y hasta la fecha 14 países lo ratificaron.
Días atrás, Nicolas Boeglin, experto en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y presente en el documento enviado a los diputados, comentó a Delfino.CR que:
Ningún producto de exportación argentino, mexicano, chileno, boliviano, panameño, ecuatoriano, uruguayo ... o de alguno de los otros países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú ha perdido competitividad en los mercados mundiales".
Asimismo, aludió a la posición en contra de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), quienes afirmaron que el Acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica.
Tampoco se ha observado que la inversión extranjera haya salido huyendo de estos 14 países luego de aprobarse el Acuerdo de Escazú o que las supuestas "trabas" a su desarrollo se han hecho ver. Y muchos menos que la presunción de inocencia en materia penal se haya visto amenazada. Entonces ¿de qué será de lo que nos está hablando UCCAEP y las demás cámaras empresariales sobre tantas cosas negativas que va a ocurrirle a la economía costarricense pero que... nunca se ha observado en ninguno de los países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú?"
Si la iniciativa de ley resulta archivada, en el futuro si se quiere llevar el Acuerdo de Escazú a discusión, tendrá que ser el Poder Ejecutivo quien deberá presentar el proyecto nuevamente para que inicie el trámite legislativo. Esto debido a que, al tratarse de un convenio internacional, la Constitución Política de Costa Rica, en su el artículo 140 inciso 10, indica que solo puede ser presentado por la Presidencia de la República junto con el ministerio del ramo.
Dato D+: En su artículo 1 el Acuerdo de Escazú explica que su principal objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como, la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Desconocimiento de la población
En noviembre de 2022, el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, publicó el estudio titulado "Percepción de la población sobre temas ambientales y gobernanza ambiental en Costa Rica". Los datos revelaron que el 92.6% de las personas encuestadas desconoce qué es el Acuerdo de Escazú.
Ese desconocimiento contrasta con la percepción positiva que tienen las personas con los principios que estructuran el tratado. Un promedio del 97.6% mostraron estar a favor de:
- Realizar acciones para garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
- Establecer una relación entre el Estado, el mercado y la sociedad sin perjudicar el ambiente.
- Que las autoridades brinden información relevante, de fácil acceso y comprensión.
- La legislación nacional en materia ambiental es necesaria para cuidar del medio ambiente.
- El Estado implementa una participación abierta e inclusiva en los procesos de tomas de decisiones ambientales.
El estudio reveló que alrededor del 54.40% de los consultados considera que el gobierno actual tiene poco compromiso con la política ambiental. Además, el 13.40% considera que nada. Es decir, un 67.80% tiene algún tipo de duda al respecto del lugar que da la administración Chaves Robles a la política ambiental.
