Por Andrés Ramírez León – Estudiante de la carrera de Administración de Negocios
La confianza es un aspecto fundamental en las relaciones interpersonales y en nuestro bienestar. Además, de ella depende el que nuestros deseos y proyectos puedan convertirse en una realidad. La falta de confianza es la base para que surjan todo tipo de conflictos, se acaben relaciones, y es la que nos impide el avance en la dirección deseada (Humano Development, 2020). La confianza es un factor clave y determinante en cualquier relación, y lo mismo sucede en la relación entre gobierno y pueblo, en donde, si no prevalece la confianza, los conflictos “florecen”, el progreso queda de lado y se pierde el sentido de unidad, pues ambas partes actúan y avanzan como si no fueran una.
En la actualidad, entregar nuestro “voto de confianza” se ha convertido en un acontecimiento que causa temor e incertidumbre, ya que por años los que tenían el trabajo de realizar un buen gobierno y una buena administración pública han empezado a velar cada vez más por intereses personales y no por los colectivos. Los actos de corrupción se han vuelto en el pan de cada día de muchos; no hay temor a deshonrar tan preciado “voto de confianza” con tal de alcanzar el beneficio personal, patrocinado por el pueblo.
Según los resultados ofrecidos por el Barómetro de Confianza de Edelman (2020), se demuestra que el 57 por ciento de la población general cree que el gobierno sirve a los intereses de unos pocos, mientras que la minoría del 30 por ciento piensa que el gobierno sirve a los intereses de todos (Humano Development, 2020). Entonces podemos decir que la confianza gubernamental está en decadencia, y la inequidad e injusticia también impulsan la desconfianza dentro del sistema.
Costa Rica es un país que se ha visto envuelto en diferentes situaciones en donde la confianza hacia el Gobierno se ha visto comprometida de manera importante. Para esto podemos traer a colación el escandaloso y famoso caso del “Cementazo”, uno de los muchos acontecimientos que han puesto en tela de duda la transparencia del accionar de las autoridades gubernamentales costarricenses. Dicho caso muestra cómo diferentes personajes envueltos en este embrollo recibieron créditos hasta por unos 50 millones de dólares de varios bancos estatales. Sin duda alguna, el crédito más polémico fue el de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones irregulares relacionadas a los desembolsos y al utilizar cemento como parte de la garantía.
Otro de los grandes escándalos vividos en el país nos lleva a la administración de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), en la cual tiene lugar la “Trocha”. Dicho caso dejó posibles delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales. Hasta la fecha nadie ha recibido justicia por ninguno de estos hechos (Rojas, 2020).
Si bien es cierto podríamos seguir mencionando muchos de los actos corruptos que se viven fuera y dentro de Costa Rica, sin duda alguna, un aspecto importante es el papel que juega el pueblo mientras todo esto pasa. Como pueblo tenemos la responsabilidad de luchar por nuestros derechos, luchar por que las finanzas públicas sean administradas de forma correcta, debemos ponernos en pie y detener el que un grupo de pocos continúen haciendo lo que les plazca. El cambio comienza en nuestras comunidades, casas y familias; el Gobierno parece ser un gigante ante nosotros, pero unidos todos como un solo pueblo podemos lograr grandes cosas y volver a que el Gobierno vele por los intereses de todos y no por los de unos pocos.
