Consejo Universitario acusa al Gobierno de querer tener una injerencia directa sobre las universidades públicas.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) enumeró una serie de críticas al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo (en octubre pasado) con el fin de regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En conferencia de prensa celebrada ayer miércoles, las autoridades de la UCR indicaron que el objetivo del proyecto es permitirle al Gobierno tener una injerencia directa sobre las universidades públicas por lo que su recomendación a la Asamblea Legislativa es no aprobarlo.

Es uno de esos proyectos que se suma a otras iniciativas que están buscando este control directo por parte del Poder Ejecutivo e iniciativas que ya se han ido discutiendo” dijo Germán Vidaurre Fallas, director del consejo.

Convencidos de que la iniciativa es inconstitucional, los integrantes del consejo hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa, para que la Comisión de Educación les reciba en audiencia, a fin de poder señalar los errores del expediente de ley N.° 23.380 (Ley Reguladora del Fondo Especial Para la Educación Superior) que, según indicaron, se apoya en cinco grandes falacias.

Ya existe regulación

La UCR indicó que el argumento que ha utilizado el Gobierno de que el FEES necesita una ley para regularse se desmonta con los artículos 84 y 85 de la Constitución Política que ya establecen y regulan el fondo, por lo que no consideran necesario una ley que venga a "establecer este tipo de regulación o crear una estructura paralela".

Dentro de la presentación del proyecto se habla de otras instancias que vendrían a regular estos fondos y la creación de un fondo y ya nosotros en este momento gracias a la Constitución Política tenemos instancias como el CONARE, la Comisión de Enlace y el mismo Fees como tal, que ya están definidos y están reglados o reglamentados". 

También se apuntó a que una de las razones dadas por la administración Chaves Robles es que la nueva ley funcionaría como un medio para la rendición de cuentas. Al respecto el académico comentó que ya las universidades públicas rinden cuentas a la ciudadanía, e invitó a las personas interesadas a ingresar a las páginas de transparencias de las universidad. Indicó que también es información que está disponible en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Agregó que anualmente brindan informes y son fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Lea: CONARE rechaza proyecto del Ejecutivo para regular el FEES.

Autonomía

Como segundo punto, manifestaron que el Ejecutivo ha posicionado el discurso de que es constitucional que sea el Gobierno el que regule el mecanismo para asignar recursos a la Educación Superior Estatal.

Vidaurre volvió a citar a la Constitución Política y resaltó que esta le da una autonomía plena a las universidades públicas. Subrayó que esa autonomía abarca las dimensiones económicas, financiera, y presupuestaria y le permite administrar todos los aspectos que se relacionan con el funcionamiento del FEES.

Para fundamentar su punto, Vidaurre citó las palabras del constituyente de 1949 Baudrit Solera sobre este tema:

Lo que perseguimos es evitarle a la universidad la amenaza de futuros congresos movidos por intereses politiqueros. La educación primaria y secundaria no corren ningún riesgo, en cambio la situación de la Universidad es bien distinta. Mañana si la universidad no se adapta al ambiente político imperante, un congreso con el propósito de liquidarla lo podrá conseguir fácilmente rebajando el subsidio del Estado".

Administración de los recursos

Otra tesis de las autoridades del Gobierno que confronta el Consejo Universitario es que la universidades públicas utilizan sus recursos en actividades distintas a las que deberían. Sobre esto, el presidente del consejo detalló que, si se habla de salarios, las universidades públicas "son instituciones públicas de servicio que requieren de un recurso humano altamente calificado y especializado, y de ahí que sea normal que presentemos proporciones de remuneraciones al presupuesto total que anden por los 70 80 por ciento".

Justificó que en el caso de la UCR han tomado medidas para rebajar la proporción destinada a remuneraciones y que actualmente están cerca del 70%.
Para 2022 el monto destinado a remuneraciones es menor de lo que se había destinado en 2019, o sea hemos logrado devolvernos varios años en ese sentido. No hemos aumentado la partida de salarios, pero hemos crecido en inversión, en becas y en regionalización". 

Oferta académica

Como cuarto punto, mencionaron que el Ejecutivo apuntó que las universidades públicas tienen ofertas académicas desactualizadas y no acordes a la necesidades del mercado de trabajo. Al respecto, el académico cuestionó ¿cuáles son las necesidades de mercado de trabajo en este momento?
Si observamos la oferta académica que tienen las distintas universidades públicas, esa oferta académica es amplia, es rica y es variada, y es una oferta académica muy fuerte en carreras tipo STEM, pero también en carreras no STEM que son necesarias para el país. Según el último informe sobre el Estado de la Educación la Universidad de Costa Rica tiene altos índices de empleabilidad y lo mismo se extiende a las otras Universidades Públicas".

Becas y regionalización

El Gobierno indicó que las universidades públicas invierten de manera insuficiente en becas y en regionalización. El Consejo Universitario sostiene que esa afirmación es falsa, pues aseguran que existen notables esfuerzos en la redistribución del presupuesto y en la infraestructura física para las sedes regionales. Del mismo modo, también se ha diversificado la oferta académica a nivel de carreras en los centros de estudio ubicados en las zonas rurales del país.
Además, defienden que su sistema de becas es robusto “con un comportamiento creciente en cuanto a cobertura, enfocado en la atención de estudiantes provenientes de colegios públicos”.

Visita a la Asamblea

El Consejo Universitario le solicitó a la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, que analiza ese proyecto, una audiencia para profundizar sobre aspectos que consideran fundamentales en relación con esa iniciativa. Resumiendo la importancia de discutir el tema, dijo Vidaurre:
Este proyecto pretende una injerencia directa del Poder Ejecutivo y con esto del gobierno de turno sobre las universidades públicas y sobre su presupuesto. Eso es contrario a lo que viene protegido a través de la Carta Magna de la Constitución Política”.

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