UCR afirma que proyecto para regular el FEES pretende amordazar la libertad académica.

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez Espeleta, afirmó que el proyecto presentado por el Presidente Rodrigo Chaves Robles para introducir regulaciones a la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), pretende entregar las universidades públicas a cuatro ministerios del Poder Ejecutivo. 

Gutiérrez Espeleta detalló que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Ministerio Hacienda decidirían directamente sobre el tipo de investigaciones que las universidades públicas desarrollaría, qué carreras y qué cursos se impartirían.

No se menciona la acción social, que es un elemento fundamental en nuestras universidades, y todo está muy enfocado al tema de regionalización de becas, de infraestructura y de equipamiento". 

Las declaraciones del rector se dieron el pasado 12 de octubre en un consejo ampliado de rectoría, en donde presentó su lectura del expediente 23.380 “Ley reguladora del fondo especial para la educación superior”. Ahí afirmó que el proyecto representa una amenaza a la academia superior pública nunca antes visto en la historia del país. Añadió que el peligro va directamente a la libertad académica, a la libertad administrativa y a la libertad de Gobierno de la Universidad de Pública. 

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La UCR visualiza que el proyecto sea convocado a debate a partir del próximo 1 de noviembre cuando inicia el período de sesiones extraordinarias y el control de la agenda legislativa está en manos del Poder Ejecutivo. En la institución creen que hay evidencias de una estrategia del gobierno que intenta polarizar a la comunidad universitaria. También, afirmaron que hay intereses de poner a competir a la educación primaria, secundaria y universitaria, con el afán de debilitar la asignación de recursos del FEES.

El pasado 16 de agosto las Universidades Públicas marcharon hasta casa presidencial previo a la negociación del FEES. Foto: Alonso Martínez/Delfino.cr

Asimismo, la vicerrectora de Acción Social de la UCR, Marisol Gutiérrez Rojas, señaló que la propuesta se alinea con "el intento violento de privatización de instituciones que dan sustento al Estado Social de Derecho". Enfatizó en que no es casual lo que ocurre con la Caja Costarricense de Seguro Social, con el Instituto Nacional de Seguros (INS), la banca pública y el recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura.

Por su parte, el rector de la UCR, manifestó: 

Tengo mucha confianza en que los diputados y las diputadas van a hacer el análisis, el estudio que esto requiere y que van a estar con una posición totalmente en contra de este proyecto de ley",

Días atrás el Consejo Nacional de Rectores (Conare), conformado por los máximos representantes de las cinco universidades públicas, manifestó su malestar con el proyecto del Ejecutivo. En un comunicado a la prensa aludieron a la protección constitucional que tiene el FEES y citaron específicamente:

  • En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
  • En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
  • En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.

Roces de constitucionalidad

A pesar de que durante el anuncio del proyecto el presidente Chaves aseguró que el proyecto presentado “mantiene el mandato constitucional", también dijo que el proyecto busca darle competencias a la Contraloría General de la República de "verificar que las prioridades del fortalecimiento de la educación universitaria se cumplan, se incluyan valores como empleabilidad de estudiantes por carrera y universidad, las becas, qué porcentaje del FEES se gasta en becas en lugar de otras cosas, que se le dé prioridad a sedes regionales, a inversión en infraestructura y equipamiento".

Dicha especificación impondría condiciones a la universidades, en incumplimiento de la autonomía que establece el artículo 84 de la Constitución Política y les otorga "independencia para el desempeño de sus funciones".

Adicionalmente, sobre las posibilidades de la Asamblea Legislativa de legislar en temas relacionados a las universidades públicas, la Sala Constitucional ya señaló desde 1994, y ha reiterado en sentencias posteriores, que "si bien la Asamblea Legislativa puede regular lo concerniente a la materia de las universidades, le está vedado imposibilitar, restar o disminuir a esas instituciones, aquellas potestades que les son necesarias para cumplir su correspondiente finalidad y que conforman su propia Autonomía. Es decir, para expresarlo en los términos de cierta doctrina relevante, esos entes tienen la titularidad y el ejercicio inicial, independiente e irrestricto de todas las potestades administrativas y docentes para el cumplimiento de su especialización material, sin que ésto pueda ser menoscabado por la Ley. Pero además, dentro de la modalidad docente explicada, también sirve de escudo a esa autonomía, la libertad de cátedra (artículo 87 de la Carta Política), que se puede entender como la potestad de la universidad de decidir el contenido de la enseñanza que imparte, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, o bien, en el sentido de la facultad de los docentes universitarios de expresar sus ideas al interno de la institución, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento”.