CONARE anuncia rechazo categórico del Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende regular gestión de las universidades públicas.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifestó este viernes su malestar por la propuesta del Poder Ejecutivo de regular la gestión de las universidades públicas a partir de la presentación d Ley Reguladora Del Fondo Especial Para La Educación Superior (expediente 23.380) que se dio a conocer esta semana.

En comunicado de prensa enviado en horas de la noche, el CONARE indicó:

Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno”.

El CONARE aludió en su manifiesto a la protección constitucional que tiene el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES), citando específicamente los artículos que aluden al fondo:

  • En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
  • En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
  • En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.

En particular el Consejo puso especial énfasis en estos dos últimos artículos indicando que “tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al CONARE elaborar el PLANES y definir la distribución del FEES”.

Así mismo señalaron que según establece la Constitución Política el FEES “tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES)”.

Partiendo de esos elementos el CONARE recordó que actualmente está vigente el PLANES 2021-2025 que define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva (docencia, investigación, extensión y acción social y gestión) y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, “tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria”.

El Consejo Nacional de Rectores también mostró su malestar indicando que el propio CONARE en conjunto con representantes del Gobierno que conformaban la Comisión de Enlace definieron hace más de 8 años “una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica”.

Dato D+: La Comisión de Enlace fue creada por decreto ejecutivo en 1974 y está integradada por las rectorías de las cinco universidades públicas, una persona representante de las federaciones estudiantiles universitarias y las jerarquías del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Ministerio de la Presidencia.

Dato D+:La iniciativa de ley del Ejecutivo propone sustituir La Comisión de Enlace por el Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, el cual tendría la función de "promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal".

Así las cosas el CONARE argumenta que la correcta aplicación e inversión del FEES ya está regulada y “medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario”.

Del mismo modo también argumentaron que en la más reciente negociación del FEES se incorporó un anexo al Acuerdo de Financiamiento que determinó nuevos índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente. 

En resumen, alegan que ya existe un compromiso con el uso adecuado de los fondos públicos de acuerdo a lo que establece la Constitución Política, que ya someten sus planes operativos y presupuestos a a aprobación de la Contraloría General de la República, que ya cumplen con la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría, que ya existen planes aprobados que regulan el FEES y su ejecución y que incluso agregaron nuevos índices de desempeño en la más reciente negociación del FEES.

Por esos motivos el CONARE indica que

llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación”.

Su misiva va más allá y señala que “hacemos un llamado de alerta a las comunidades universitarias y a la propia comunidad nacional para manifestarnos en defensa del Estado Social de Derecho”. Concluyeron su mensaje aludiendo a la Asamblea Legislativa, subrayando que “confiamos plenamente en que la Asamblea Legislativa actuará conforme a la observancia de los principios y normas constitucionales vigentes”.

El proyecto del Ejecutivo, que ya fue presentado a la Asamblea Legislativa, podría en efecto tener roces con la autonomía universitaria garantizada en la Constitución Política. Esto podría ser confirmado durante la tramitación del proyecto, con una consulta facultativa a la Sala Constitución posterior a su aprobación en primer debate, o mediante una acción de inconstitucionalidad si el proyecto llega a ser Ley de la República.