El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA) emitió la noche de este viernes una medida cautelar solicitada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) contra el decreto emitido por el presidente Rodrigo Chaves Robles, sobre las tarifas mínimas de honorarios para los profesionales de agrimensura, topografía e ingeniería topográfica.
Si bien el pasado 14 de setiembre el Ejecutivo anunció la firma de varios decretos para eliminar las tarifas mínimas de trabajadores agremiados en colegios profesionales, no fue sino hasta este viernes que el decreto relativo a los agremiados del CFIA apareció publicado en La Gaceta.
Ese mismo día, el CFIA interpuso una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pidiendo suspender los efectos del Decreto Ejecutivo 43709-MOPT-MEIC, ya que crea competencia desleal y lesiona el derecho al trabajo digno.
Al resolver, el juez Alex Rojas Ortega determinó que en este caso, "es claro que el objeto de la solicitud de medida cautelar, así como del eventual proceso de mérito o de fondo, guarda relación con intereses públicos de orden superior, que implican la tutela efectiva jurisdiccional", dice la resolución en poder de Delfino.cr y cuya autenticidad fue confirmada por la Oficina de Prensa del Poder Judicial.
La urgencia se encuentra acreditada, en el tanto el artículo 4 del Decreto Ejecutivo señala que el mismo rige a partir de su publicación, es decir, del 7 de octubre de 2022. De esa manera, este juzgador estima que la solicitud que nos ocupa reviste extrema urgencia en su adopción, lo cual de acuerdo con el artículo 23 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es precisamente el presupuesto para la adopción de una medida cautelar provisionalísima.
El juzgador indicó que la resolución, además, tiene como fin resguardar de forma provisional y precautoria los eventuales derechos fundamentales y humanos que puedan encontrarse en riesgo, particularmente de libertad, trabajo, salario mínimo, dignidad humana y decoro profesional.
Por ello, el juez Alex Rojas Ortega ordenó la suspensión inmediata de los efectos del Decreto 43709-MOPT-MEIC y ordenó al Poder Ejecutivo, específicamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; al ministro de Transportes, Luis Amador Jiménez; y al ministro de Economía, Francisco Gamboa Soto "abstenerse de realizar cualquier conducta que, de forma directa o indirecta, pueda tener como efecto al ejecutar dicho acto administrativo de alcance general; lo anterior hasta tanto no sea resuelto por el fondo el presente asunto, con el fin de resguardar la tutela judicial cautelar adoptada en la presente resolución".
El juez otorgó audiencia a la representación del Estado por plazo de tres días, para que conteste a la solicitud de medida cautelar y ofrezca la prueba que considere conveniente.
El presidente de la República firmó el decreto el 14 de septiembre en Cartago.
