Por Janekeith Durán Barnerena  - Estudiante de la carrera de Administración de Negocios

Es imposible escapar de una realidad actual: calles casi desiertas y personas obligadas a resguardarse en sus casas ante el peligro de un virus que no podemos ver; el recuerdo o la vivencia constante de esto lo tenemos muy presente. Estas medidas son decisiones que se toman para proteger la salud ante una pandemia que provoca una inédita crisis económica y social (CEPAL, 2020). Se trata de una cuestión de salud pública y las vidas de miles de personas, pero también se trata de temas económicos sobre los medios de vida digna e ingresos de la población. Se puede pensar en esto como aspectos independientes, pero pretendo analizar desde un enfoque de derechos humanos que considera ambas perspectivas. Esto me lleva a plantear la salud y economía como una cuestión de derechos humanos.

Desde que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se estableció que los derechos humanos “son un conjunto de derechos que nos corresponden a todas las personas”; se deben proteger todos por igual, ya que son interdependientes (IIDH, 2010). Los derechos económicos, sociales y culturales se consideran garantías básicas y fundamentales que requieren las personas; son medios para alcanzar bienestar y plena realización. El acceso a la salud y al trabajo digno son derechos y el Estado está obligado a tomar acciones que permitan disfrutarles en un marco de un proyecto de vida digna (OHCHR, 2020). Sin condiciones idóneas de salud no hay trabajo ni economía posible; más allá de datos y análisis, la economía existe gracias a las personas. Por ello, solo si se aplana la curva de contagio de la pandemia del COVID-19 se podrán reactivar las economías del mundo (CEPAL, 2020).

Sí, puede señalarse que los derechos se protegen todos y son interdependientes. Esto es cierto. También es cierto que atravesamos una situación extraordinaria donde lo prioritario es la protección de la salud y reducción de contagios, para que así las personas puedan volver a sus rutinas de trabajo y reactivar la economía. De nuevo: no hay economía sin personas y esto obliga a priorizar. Pero el contraargumento llevaría algo de razón: el Estado debe proteger tanto la salud, como el trabajo (OHCHR, 2020). Por ende, deberían tomarse también medidas que aseguren protección de los medios de vida y, dado el caso, un ingreso mínimo que asegure cierta estabilidad a las personas mientras se normaliza lo sanitario. Es así como sigo considerando que se debe priorizar la salud y luego la economía.

Considero además que no hay una jerarquía axiológica e imperturbable entre la protección de la salud y la economía. Desde un enfoque de derechos humanos, ambas cuestiones deben protegerse, pero en un contexto de crisis sanitaria es racional el hacer una priorización y asegurar la normalización sanitaria para luego reactivar la economía. Mientras se “pone en pausa” la economía, el Estado debe proteger el resto de los derechos y asegurar los medios de vida para las personas.

 

MOXIE es el Canal de ULACIT (www.ulacit.ac.cr), producido por y para los estudiantes universitarios, en alianza con el medio periodístico independiente Delfino.cr, con el propósito de brindarles un espacio para generar y difundir sus ideas.  Se llama Moxie - que en inglés urbano significa tener la capacidad de enfrentar las dificultades con inteligencia, audacia y valentía - en honor a nuestros alumnos, cuyo “moxie” los caracteriza.

Referencias bibliográficas:
  • CEPAL. (2020). Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. CEPAL, OPS.
  • IIDH. (2010). Cartilla básica sobre derechos económicos, sociales y culturales. San José: IIDH.
  • OHCHR. (2020). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.