Un grupo de más de 50 organizaciones nacionales e internacionales y 40 personas expertas, envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, en la que denunciaron a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, como la "responsable del desmantelamiento sistemático de la Defensoría de la Mujer", oficina adscrita a la institución.
El tema tiene cola pues, la semana anterior, un grupo de 50 mujeres costarricenses envió una carta a la defensora en la que señalaron su preocupación por el "deterioro sistemático" de las condiciones del organismo durante su gestión, especialmente en esta defensoría.
La misiva se une a la enviada por el Grupo de Trabajo Agenda Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Costa Rica, quienes mandaron un oficio a Crespo Sancho, cuestionando la decisión de trasladar de puesto a la funcionaria Ivannia Solano, parte de la Defensoría de la Mujer, quien en consideración del grupo les acompaña y asiste en sus labores desde hace más de 14 años.
Según señalaron en su oficio, la agrupación considera que "los recientes cambios promovidos por la defensora de los Habitantes y en particular la remoción de la funcionaria Ivania Solano deja al descubierto una afectación a las personas usuarias de los servicios de la Defensoría de la Mujer de la Defensoria de los Habitantes y en un momento en que se está presentando un retroceso sin precedentes en los derechos de las mujeres”.
El reclamo de esta semana, que se une a los anteriores, señala que "hemos sabido que, por este hecho, ya no se atienden situaciones graves que afectan los derechos de las mujeres, tales como casos de abuso en el trabajo doméstico, barreras a la participación política y social de las mujeres, violencia obstétrica, obstáculos a la atención de la salud y especialmente violaciones a los derechos sexuales y reproductivos".
La Defensoría de la Mujer es el órgano de la Defensoría de los Habitantes que atiende denuncias sobre temas diversos en materia de salud, derechos laborales, participación política, violaciones a los derechos de poblaciones específicas y otras formas de violencia en contra de las mujeres por razones de género.
A su vez, se ha profundizado en temas concernientes a la violación de derechos sexuales y reproductivos de esta población y ha clamado en favor de las condiciones penitenciarias de las mujeres privadas de libertad; del cumplimiento de la Ley de Pensiones Alimentarias; y del derecho consuetudinario de los territorios indígenas, entre otros.
Por ello, para las organizaciones firmantes:
Este patrón de obstrucción de los derechos fundamentales de las mujeres socava la legitimidad y el poder del principal mecanismo institucional establecido por la ley para la defensa de los derechos de las mujeres, debilitando así uno de los pocos espacios a los que pueden acudir, y provocando la revictimización de las mujeres, impidiéndoles acceder a los mecanismos institucionales de protección. La drástica reducción de las capacidades de la Defensoría de la Mujer aparentemente se ha producido en un entorno de violencia laboral sin precedentes, agravando además la situación de las mujeres con discapacidad, indígenas, migrantes, afrodescendientes y LBTIQ+".
Las agrupaciones también manifestaron su preocupación debido a que Crespo apoyó la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, el número 23.217, destinado a reorganizar la institución y en el cual se elimina la Defensoría de la Mujer, pues el artículo 11 de dicho proyecto señala que la institución contará, únicamente, con una Dirección de Defensa de los Habitantes, una Dirección Administrativa y una Dirección del Instituto de Formación y Estudios en Derechos Humanos, ya sin el despacho correspondiente a las mujeres y poblaciones vulnerables afines.
Es particularmente alarmante notar que los hechos antes mencionados podrían ser responsabilidad directa de la titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, ¡quien es la primera llamada a defender los derechos de las mujeres!Asimismo, nos preocupa que la larga tradición de respeto a los derechos humanos en Costa Rica se vea empañada por estos hechos, por lo que instamos a ordenar la investigación correspondiente sobre las acciones y omisiones señaladas", agrega la carta.
Finalmente, las organizaciones solicitaron que Arias Sánchez tome "las medidas necesarias" para que la Defensoría de la Mujer cuente con los recursos institucionales destinados a seguir con su labor.
La misiva, además, fue enviada a la diputada Montserrat Ruiz Guevara, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea y a Carolina Delgado Ramírez, presidenta de la Comisión de las Mujeres.
Las organizaciones que firmaron la misiva son las siguientes:
- Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
- Center for Reproductive Rights (CRR)
- Women’s Link Worldwide
- Women's UN Report Network (WUNRN)
- Asia-Pacific Human Rights Information Center (HURIGHTS OSAKA) 7. Federación Internacional de Fe y Alegría
- Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) 9. Internacional de la Educación América Latina (IEAL)
- Red Latinoamérica y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (RedLAC)
- Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir (RedLACCDD)
- Realizing Sexual and Reproductive Justice (RESURJ)
- Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
- Consorcio Latinoamericano Contra El Aborto Inseguro (CLACAI)
- Redlactrans
- Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (España)
- Mujeres en Red (España)
- Fundación Voz / CADE (Argentina)
- Observatorio de Género y Equidad (Chile)
- Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres (Costa Rica)
- Asociación Transvida (Costa Rica)
- Colectivo Género y Teología para el Desarrollo (Bolivia)
- Fundación de Mujeres Luna Creciente (Ecuador)
- Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo (Ecuador)
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX (Perú)
- Regroupememt Education Pour Toutes et Tous REPT (Haití)
- Action et Volontariat de Prise en charge Psycho-Sociale AVOPPS (Haití)
- Centro de Documentación y Estudios CDE (Paraguay)
- Coordinación de Mujeres del Paraguay CMP (Paraguay)
- Campaña por el Derecho a la Educación (México)
- GESTOS (Brasil)
- Participatory Development Action Program (Bangladesh)
- Women Empowerment Against Poverty WEAPoN(Nepal)
- INMAA Organization (Irak)
- Lanka Fundamental Rights Organization (Sri Lanka)
- Action on Child, Early and Forced Marriage (Suiza)
- Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (Francia)
- Focus on Women Magazine (Estados Unidos)
- Temple of Understanding (Estados Unidos)
- International Women's Anthropology conference IWAC (Estados Unidos)
- Tools for Change Consultancy (Canadá)
- ReFocus Consulting (Canadá)
- OTRANS-RN (Guatemala)
- REDTRANS-GT (Guatemala)
- Colectivo Unidad Color Rosa (Honduras)
- Sitradotrans (Nicaragua)
- COTRAVETD (República Dominicana)
- RAWSA MENA Network (Egipto)
- Gender Empowerment& Environmental Social Initiative GEESI (Nigeria)
- Working Fingers International (Nigeria)
- Women Initiative for Leadership Strategy & Innovation in Africa -Women Africa (Nigeria)
- RECODEFSENEGAL (Senegal)
- Association pour la conservation et la protection des écosystemes des lacs et l’agriculture durable ACOPELAD (República Democrática del Congo)
- SPECTRA (Ruanda)
A estas se unen, a su vez,
- Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), ex jueza de la Corte Penal Internacional, ex presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex Vicepresidenta de la República y exministra de Justicia
- Manuela Carmena (España), ex Relatora del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria, ex Alcaldesa de Madrid, ex Magistrada
- Rosa María Ortiz (Paraguay), ex miembro del Comité de Derechos del Niño/a de la ONU y ex Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
- Line Bareiro (Paraguay), ex miembro del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
- Yakın Ertürk (Turquía), ex Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres y las niñas
- Rashida Manjoo (Sudáfrica), ex Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres y las niñas
- Raquel Rolnik (Brasil), ex Relatora Especial de la ONU sobre vivienda adecuada
- Alda Facio Montejo (Costa Rica), ex Relatora sobre discriminación contra las mujeres y las niñas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
- Vernor Muñoz Villalobos (Costa Rica), ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación
- Koumba Boly Barry (Burkina Faso), ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, ex ministra de educación
- Gabriela Rodríguez Pizarro (Chile/Costa Rica), ex Relatora Especial de la ONU para los derechos de migrantes y sus familias
- Magdalena Sepúlveda Carmona (Chile), ex Relatora Especial de la ONU sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos
- Rita Laura Segato (Argentina), antropóloga
- Mabel Bianco (Argentina), presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer
- Pablo Gentili (Argentina), coordinador de Política internacional del Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO
- Fabián Salvioli (Argentina), director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Plata
- Agustina Ramón Michel (Argentina), coordinadora de la red jurídica CLACAI ∙ Montserrat Boix (España), activista y periodista
- Lydia Cacho (México), periodista y defensora de derechos humanos ∙ Sylvia Schmelkes (México), profesora
- Priscila Barredo Pantí (México), experta
- Ana Buquet (México), académica
- Sandra Lourdes Quiñones Domínguez (México), experta
- Daptnhe Cuevas (México), experta
- Luz María Stella Moreno Medrano (México), profesora
- Eva Quistorp (Alemania), ex diputada del Parlamento Europeo ∙ Clyde Soto (Paraguay), investigadora social
- Marcela Ballara (Chile), experta
- Nélida Céspedes Rossel (Perú), coordinadora del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe
- Rosa María Mujica (Perú), experta
- Ricardo Cuenca (Perú), ex Ministro de Educación e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
- Milton Luna Tamayo (Ecuador), ex Ministro de Educación y directivo del Contrato Social por la Educación del Ecuador ∙
- Nicolás Boeglin (Costa Rica), profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
- Marcia Aguiluz Soto (Costa Rica), experta
- Ana Lorena Camacho De la O (Costa Rica), socióloga y activista por los derechos humanos de las Mujeres
- Ndeye Fatou NDIAYE (Senegal), experta
- Ruth Spencer (Antigua & Barbuda), experta
- Yona Nestel (Canada), experta en género y educación
- Miriam Bracho Suárez (Venezuela), pastora
- Sarah González López (Puerto Rico), profesora
- Elanor Jackson (Reino Unido), experta
- David Archer (Reino Unido), líder global para la justicia económica y servicios públicos, ActionAid International.
- Ana Ganho Avila (Portugal), investigadora de la Universidad de Coimbra
El pasado 21 de junio, Crespo Sancho comunicó al Congreso que no se postulará para mantenerse en ese cargo durante un nuevo periodo, por lo que su salida de la institución está programada para el próximo mes de diciembre y desde entonces no han dejado de caer denuncias y polémicas en su contra.
Semanas atrás, el jefe de Recursos Humanos de la institución, Hernán Rojas Angulo, presentó una denuncia penal ante Crespo y ante su Director del Despacho, Mario Zamora Cordero, de presuntos delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, entre otros.
Además, a inicios de agosto, un grupo de funcionarios de la Defensoría denunció una persecución laboral y sindical en su contra, perpetrada por la defensora como una posible "venganza" por la oposición al accionar de Crespo dentro de la institución.
