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La defensora de los Habitantes electa en la Asamblea Legislativa anterior, Catalina Crespo Sancho, comunicó al Congreso que no se postulará para mantenerse en ese cargo durante un nuevo periodo.
En una carta fechada el 7 de junio pero que fue leída hasta este martes en el Plenario de la Asamblea Legislativa, Crespo informó a la Comisión de Nombramientos del Congreso que puede proceder a iniciar el procedimiento para designar a su sucesor.
"Con base en el artículo tercero de la Ley de la Defensoría, comunico a esta honorable comisión la decisión de no postularme a la reelección del cargo; y, solicito, se active el proceso de nombramiento a efectos de cumplir con el artículo octavo de dicho cuerpo normativo, el cual señala que: "El nombramiento del Defensor de los Habitantes de la República debe hacerse dentro del mes anterior al vencimiento de su periodo, o a partir de la vacante del cargo", escribió Crespo.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, ordenó trasladar el tema a la Comisión de Nombramientos para que se inicie el proceso de concurso para designar al nuevo jerarca de la institución auxiliar de la Asamblea Legislativa.
Catalina Crespo fue electa el 13 de diciembre de 2018 como defensora de los Habitantes de la República, tras recibir el voto de 33 diputados en la primera ronda de votación, que le bastaron para ser electa (requería 28). La entonces bancada oficialista (PAC) dio sus 10 votos a Cinthya Zapata Calvo mientras que la tercera candidata de la terna, Tatiana Mora Rodríguez no recibió ninguno.
El paso de Crespo por la institución estuvo marcado de polémicas: en marzo de 2021, la institución informó haber puesto fin a un convenio con la Universidad de Costa Rica que permite, desde inicios de los años 2000, mantener un consultorio jurídico en las oficinas de la Defensoría de los Habitantes destinado a población vulnerable y con pocos recursos económicos. Crespo alegó que la decisión se motivaba en los "fuertes recortes presupuestarios" que según ella fueron impulsados por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, Sin embargo, trascendió posteriormente que el Gobierno no solo presupuestó los recursos para financiar dicho convenio, sino que la partida para el 2021 era superior a la del año previo. Finalmente, la Universidad de Costa Rica decidió cubrir los gastos del consultorio para prevenir la afectación a las centenares de personas que anualmente acuden a ese servicio por asesoría legal gratuita.
El 23 de julio del 2020, los diputados María Vita Monge Granados (PUSC), Franggi Nicolás Solano (PLN), Floria Segreda Sagot (PRN), Carolina Hidalgo Herrera (PAC), Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC), José María Villalta Flórez-Estrada (FA), y los independientes Zoila Rosa Volio Pacheco y Erick Rodríguez Steller denunciaron a Crespo ante el Tribunal Supremo de Elecciones por incurrir en beligerancia política. La denuncia fue presentada ante los diputados por el Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes y en ella se afirmaba que Crespo había participado en actividades político-partidistas del "Grupo de Reflexiones Socialcristianas", ligado al Partido Unidad Social Cristiana. En la evidencia aportada se incluyeron publicaciones en Facebook que mostraban a Crespo posando con la entonces candidata a regidora por la Unidad en Coronado, Roxana Núñez; y otra publicación que anunciaba su participación en un desayuno-conversatorio el 5 de diciembre de 2019, organizado por el grupo socialcristiano.
La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones abrió el expediente contra Crespo bajo el número 024-D2-SE-2020 y a mediados del 2021 se defendió en el proceso alegando que otros altos funcionarios públicos, con igual régimen de prohibición que ella, habían participado en actividades de ese grupo socialcristiano. Sin embargo, el TSE le dio cinco días para que ella presentara la denuncia correspondiente contra esas personas, cosa que en un comunicado de prensa anunció que no haría pues consideraba que no había cometido falta alguna.
Asimismo, mediante el rol protagónico que decidió asumir en el caso UPAD, se vio involucrada en un escándalo cuando una grabación de la reunión sostenida en la Casa Presidencial se perdió bajo su mando y lo mantuvo oculto por varios meses. El Consejo de Directores de la Defensoría pidió su destitución por la pérdida de la grabación y la forma en que abordó mediáticamente el tema del caso UPAD, apartándose de las recomendaciones del personal especializado de la institución. Poco después Crespo disolvió al Consejo de Directores y la Asamblea Legislativa abrió un proceso para destituirla del cargo, el cual culminó con una votación mayoritaria a que continuara en su puesto.
Breves
— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó el expediente 23.180 "Reforma a los artículos 113 y 119 y adición de un artículo 177 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa". La reforma permitirá a los congresistas presentar proyectos de ley de forma electrónica, con la firma digital; establece que para prorrogar el plazo cuatrienal de los proyectos de ley se requerirá mayoría absoluta (mitad más uno de los presentes) y no calificada (38 votos) como lo era hasta ahora; y crea un nuevo mecanismo de dispensa de trámites que permitirá ser aplicado a proyectos ya dictaminados, luego de la sentencia de la Sala Constitucional que indicó que el artículo 177 actual solo puede usarse en proyectos que no han recibido dictamen de comisión.
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