El jefe de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, Hernán Rojas Angulo, presentó una denuncia penal esta semana, en contra de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho y de su Director del Despacho, Mario Zamora Cordero.

La denuncia los acusa de presuntos delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, entre otros.

Según indicó el Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría (SIDEF) en un comunicado de prensa enviado esta mañana, Rojas Angulo interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, alegando "presuntos actos irregulares e ilegales" por parte de los dos funcionarios.

El comunicado agrega que:

Es importante señalar que cada uno de esos actos fueron debida y oportunamente advertidos por el Sr. Rojas Angulo directamente al Despacho de Crespo, sin embargo, nunca fueron atendidos como en derecho corresponde; por el contrario, la respuesta prepotente fue el hostigamiento y las constantes amenazas para que obedeciera, se callara y acatara las 'ordenanzas' del Director del Despacho presuntamente emitidas con 'órdenes superiores'".

El SIDEF agregó que sus miembros son "conocedores de las numerosas advertencias que ha realizado el Jefe de Recursos Humanos", debido a procedimientos internos en la Defensoría que presuntamente no se ajustan a derecho y donde "se ha incurrido en nombramientos sin el cumplimiento de requisitos, el pago prolongado de recargos injustificables, el favorecimiento a asesores y allegados al Despacho, los traslados forzosos de directores y funcionarios sin una justificación específica y las insinuaciones infundadas de corrupción, entre tantas otras estrategias de hostigamiento laboral".

No estamos ante un conflicto personal: cientos de voces de la sociedad civil organizada nos dan la razón. Estamos ante una crisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, provocada por el autoritarismo de una jerarca que violenta los derechos laborales del personal y que ha desmantelado la Defensoría de los Habitantes, a la vista y paciencia de las autoridades nacionales e internacionales", agregó el SIDEF.

La semana anterior, un grupo de funcionarios de la Defensoría denunció una persecución laboral y sindical en su contra, perpetrada por la defensora como una posible "venganza" por la oposición a su accionar dentro de la institución.

La "represalia" se debería a la carta firmada el 4 de agosto de 2020, en la que un grupo de 81 funcionarios pidió, al entonces presidente de la Asamblea LegislativaEduardo Cruickshank Smith, que se abriese una investigación contra la defensora por la decisión que tomó en ese momento de reformar las funciones y conformación del Consejo Directivo de esa institución.

Según señaló el director de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Juventud y secretario general del sindicato de la institución, Álvaro Paniagua Núñez, a Delfino.cr:

No entendemos qué es lo que motiva a doña Catalina a hacer todas las cosas que hace sin ningún fundamento técnico. Ella está haciéndole un daño enorme a toda la institución. Aquí hay un denominador común que es que todos los que hemos sufrido alguna de estas cosas fuimos los que en algún momento firmamos la carta solicitándole a ella que renunciara. Todos. Es como que ella tiene una lista y le va haciendo check, check, check, check, check hasta que no quede ni uno solo. Ella no va a descansar".

Paniagua es uno de los funcionarios de la institución que ha sido denunciado penalmente por Crespo en las últimas semanas, debido a supuestas irregularidades en sus labores. El jerarca, en conjunto con Marjorie Herrera Castro, quien se desempeña actualmente en la Dirección de Igualdad y No Discriminación, fue denunciado por una queja que llegó a la dirección de la Defensoría de parte de un grupo de personas indígenas que señaló que son discriminados por estos dos funcionarios, en el manejo de las recuperaciones de los territorios de estas zonas.

Además de su causa, la defensora interpuso otras en contra de Kattia Rodríguez Araica y de Hernán Rojas Angulo, directora de Niñez y jefe de Recursos Humanos, respectivamente. Ellos están denunciados por presuntas irregularidades en el nombramiento de una persona que realizó una incapacidad en la institución y "eso lo sabemos más porque el diario La Extra, por lo visto, sí tuvo acceso a la denuncia y entonces hizo un detalle del caso", según Paniagua.

A su vez, la directora jurídica de la institución, Catalina Delgado Agüero, también fue denunciada mientras está cumpliendo un permiso sin goce de salario que sacó por motivos de salud, debido a que ella firmó el acuerdo en que los directores le pidieron la renuncia a Crespo.

El pasado 21 de junio, Crespo Sancho comunicó al Congreso que no se postulará para mantenerse en ese cargo durante un nuevo periodo, por lo que su salida de la institución está programada para el próximo mes de diciembre.

Defensora responde

En horas de la tarde de este jueves, Crespo Sancho envió una comunicación de respuesta a la prensa en al que aseguró que la denuncia de Rojas, que se presenta al inicio del proceso que ha convocado la Asamblea Legislativa para nombrar a su sucesor "no debe prestarse para perjudicar este procedimiento".

Como Defensora de los Habitantes espero que el proceso para nombrar a un nuevo  Defensor se juegue en buena lid y no mediante el uso de mecanismos propios de la  guerra sucia a nivel político, ya que la Defensoría no es un ente político y se debe  preservar a toda costa su naturaleza al servicio de las y los Habitantes”, señaló.

La jerarca también confirmó la denuncia que interpuso semanas atrás sobre el funcionario y señaló que la realizó "en cumplimiento de los deberes que me impone mi cargo".

En la comunicación, la defensora no mencionó nada sobre las causas de las que se le acusa.