Un grupo de 81 funcionarios de la Defensoría de los Habitantes envió el día de ayer una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith, solicitando que se abra una investigación contra la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, por la decisión de reformar las funciones y conformación del Consejo Directivo de esa institución.

La decisión de Crespo de modificar el Consejo Directivo llegó 38 días después de que ese órgano colegiado pidiera la renuncia de la defensora argumentando que “habiendo escuchado a las y los compañeros del equipo técnico investigador del caso UPAD; tomando en cuenta lo acontecido en la Asamblea Legislativa en su comparecencia tanto en la Comisión que analiza el tema UPAD, así como en el Plenario Legislativo en la defensa del Informe Anual, y tomando en cuenta la coyuntura que vive el país que afecta sensiblemente los derechos humanos de la población, a la que debemos dedicar íntegramente nuestros esfuerzos”.

Antes de la reforma firmada por Crespo el Consejo Directivo estaba conformado por: la defensora de los Habitantes, el defensor adjunto, los directores de Defensa y quienes ocupen la Dirección del Despacho, Dirección de Admisibilidad, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Promoción y Divulgación, Dirección de Oficinas Regionales, Dirección de Planificación Institucional y la Dirección Administrativa. Tras la reforma de Crespo, el Consejo Directivo de la Defensoría está conformado por los altos funcionarios de la Defensoría que la defensora escoja.

En su carta los funcionarios explicaron que los cambios a la conformación y funciones del Consejo Directivo atentan contra el balance y control interno de la institución y argumentaron que la modificación realizada desarticula los órganos internos de la Defensoría, desprecia el aporte de las y los titulares subordinados y demás personal técnico de la Defensoría, y retrae a la jerarca del resto de la comunidad de la Defensoría.

Adicionalmente, los funcionarios destacaron que las razones dadas por la actual defensora para justificar el cambio no son de recibo. Crespo argumentó que su decisión buscaba que la defensoría tuviera una estructura similar a la de la Contraloría General de la República. Sin embargo, los funcionarios señalaron que “el ejercicio comparativo efectuado por la Defensora Crespo resulta falaz, engañoso y acomodado a intereses muy subjetivos de una jerarca que no desea escuchar al equipo técnico institucional”.

Los funcionarios además señalaron que, aparte de los cuestionamientos jurídicas de la decisión de Crespo, se une un comportamiento sostenido de parte de la defensora, a quien señalan de mantener “una actitud hostil e intimidante”, y que “menosprecia el trabajo de las y los funcionarios arguyendo que ella es quien anda trabajando en la calle”.

La carta enviada a la Asamblea Legislativa es la segunda en menos de dos meses en la que el personal de la Defensoría cuestiona el accionar de Crespo. En la primera misiva del 29 de junio, 54 funcionarios aseguraron que la institución carecía de “dirección estratégica desde el Despacho de la Defensora” y señalaban que la permanencia de Crespo hacia “muy difícil encauzar la gestión con la confianza y credibilidad que se requiere”.  

Dato D+: Entre la carta del 29 de junio y la del 4 de agosto un total de 89 funcionarios de la Defensoría firmaron por lo menos una de las dos cartas, lo que representa un 56% del personal de la institución.

En la carta del 4 de agosto, los funcionarios añadieron que:

la decisión tomada, tan alejada de los principios que la Defensoría debe defender, deja un sinsabor de arbitrariedad y de autocracia, al tiempo que, inevitablemente, plantea serias dudas desde la perspectiva del control interno”.

Según los firmantes de la carta, este accionar de Crespo en relación al Consejo Directivo justifican la intervención de la Asamblea, por lo que le solicitaron al presidente legislativo a proceder con el nombramiento de una Comisión que investigue las actuaciones de Crespo “en aras de proteger y resguardar la institucionalidad”.

Dato D+: La Ley de la Defensoría de los Habitantes (Ley 7319) autoriza a la Asamblea Legislativa a destituir al jerarca cuando exista “Negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo”.

En el plenario legislativo ocho diputados y diputadas ya habían presentado una moción para que se inicie una investigación contra la defensora Crespo, para solicitarle al presidente de la Asamblea, Eduardo Cruickshank, la integración de una comisión especial que investigue si Crespo cometió negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico en perjuicio de la defensa de los derechos de los habitantes, y de la magistratura de influencia del cargo por su accionar en las irregularidades de la investigación de la Defensoría del caso UPAD, esta moción todavía esta a la espera ser conocida por el plenario legislativo.

Además, Crespo enfrenta una denuncia por presunta beligerencia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Procuraduría de la Ética Pública que fue presentada por nueve diputados de distintas fracciones. La denuncia se sustenta en publicaciones hechas en redes sociales que dan cuenta de eventos partidarios en los que Crespo (aparentemente) participó, a pesar de que en la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, se le prohíbe expresamente a la persona que tenga el cargo de Defensor, "participar en actividades político-partidistas".