El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, el segundo presupuesto extraordinario del 2022 sin el recorte pretendido por al sector vivienda; y sin la eliminación de las normas de ejecución presupuestarias, ambas solicitudes del Poder Ejecutivo.
Con 56 congresistas presentes, 55 aprobaron la modificación presupuestaria y solo el liberacionista Gilberth Jiménez se opuso.
Este presupuesto rebaja en 638.861 millones de colones el cálculo de ingresos extraordinarios internos del Gobierno; rebaja en 8488 millones el cálculo de ingresos extraordinarios externos del Gobierno y al mismo tiempo los aumenta en 451.484 millones de colones, para un neto de aumento por 442.995 millones de colones. Además, la proyección de ingresos corrientes del Gobierno para el 2022 se aumentó en 188.546 millones de colones.
La discusión del proyecto de ley se tornó extensa y abarcó prácticamente toda la segunda parte de la sesión, ya que los congresistas empezaron a debatir sobre las intenciones de vender el 49% del Instituto Nacional de Seguros, el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica, entre otros temas.
Sofía Guillén, subjefa del Frente Amplio, destacó que el plan de gastos incorporaba ingresos corrientes distribuidos entre ingresos no tributarios, como resultado del traslado de recursos adicionales por el 25% de las utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS), institución que el actual gobierno quiere abrir a capital privado.
Vean qué interesante, porque nos plantean una y otra vez que hay que vender las empresas públicas. Una y otra vez insisten que las empresas públicas son una carga, son ineficientes, que para qué mantenerlas; pero resulta que ese es un discurso y por el otro lado, los presupuestos que vienen aquí ejemplifican la función de las empresas públicas dentro del esquema fiscal. ¡Es que son las utilidades del INS las que están co-financiando el IVM de la Caja!
El congresista José Pablo Sibaja de Nueva República resaltó que la Comisión de Hacendarios, de la cual él es parte, se negó a acceder a la pretensión de recorte por 7000 millones de colones que el Poder Ejecutivo pretendía al sector vivienda, lo que se hubiese traducido en 648 viviendas menos, afectando a unas 2590 personas y la consecuente afectación para la generación de empleo de otras 2477 personas.
No estamos hablando de las viviendas de clase media ni clase alta, sino vivienda de aquellos costarricenses en zonas marginales, aquellos costarricenses en las zonas rurales, en las zonas costeras olvidadas por los gobiernos y que necesitan el apoyo de esta institución en una vivienda. Hoy por hoy nos debemos sentir orgullosos de saber que 7000 millones de colones serán destinados al tema del BANHVI.
Sibaja también destacó los recursos que se destinarán en este presupuesto a los Juegois Centroamericanos 2022, donde cerca de 2600 deportistas podrán competir en el más alto nivel de desempeño en sus respectivas disciplinas, en cantones como Liberia, Tilarán, Esparza, Garabito, Cartago, Alajuela, Puntarenas, Santa Ana y San José, por mencionar algunos.
Alejandro Pacheco Castro del PUSC destacó que se eliminó la pretensión del Poder Ejecutivo de derogar las normas de ejecución presupuestarias previstas en la ley original de Presupuesto 2022, afirmando que han demostrado ser eficaces. Agregó que 85 mil millones se usarán para atender deuda, pero que en el próximo presupuesto extraordinario deberán redestinarse a honrar las deudas del Estado con la Caja, pues en este plan de gastos extraordinario no fue posible destinarlos, debido a un error en una ley aprobada por el anterior Congreso, que debe ser corregido con otra iniciativa ordinaria.
El congresista del PUSC reveló además que el Gobierno pretendía usar los recursos del 10% de los créditos internacionales que se deben destinar a la Caja para honrar la deuda histórica del Estado, para pagar deudas de cuotas obrero-patronales del MEP con la CCSS; esa pretensión se corrigió en el trámite de comisión. También se le rechazó al Ejecutivo su intención de quitar los recursos destinados a obras comunales, como 500 millones para construir un gimnasio en Paraíso de Cartago.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, insistió en que por culpa de la regla fiscal hay 85.000 millones de colones de empréstitos ya aprobados sobre los que se pagan intereses que están destinados a la Caja de Seguro Social, que no han podido ser incorporados al presupuesto porque lo impide la propia regla fiscal; por lo que urgió que se trabaje en una ley que enmiende esa restricción al gasto público a la brevedad posible.
El jefe de fracción del Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, calificó de "ideas añejas y desfasadas" las palabras de Sofía Guillén sobre la venta de activos del Estado, y las comparó con las ideas de mantener los medios de producción en manos del Estado, u otras que como esas llevaron al fracaso de la Unión Soviética y de todos los socialismos alrededor del mundo.
Creamos instituciones públicas para seguir financiando el gasto público. El compañero Gilberth Jiménez se refería ahora a la mala práctica inconstitucional, práctica que ha tenido la Asamblea Legislativa a lo largo de décadas de financiar gasto corriente con deuda. Y se sigue haciendo año tras año y la Sala Cuarta se lava las manos diciendo: 'nadie está obligado a lo imposible', y entonces tenemos bancos estatales y tenemos una aseguradora estatal y tenemos una empresa de telecomunicaciones electricidad que están ahí básicamente para comprar bonos de la deuda del Estado costarricense, haciendo que la carga de intereses crezca y crezca y crezca cada vez más.
Guillén respondió por la alusión que las pensiones de la Caja son co-financiadas en gran parte gracias a las cargas parafiscales que aporta la institucionalidad pública, y que el hecho de que algunos crean que a priori siempre lo privado es mejor que lo estatal, es en sí misma la discusión añeja a la que ella se refiere, porque ya esos tiempos fueron superadas. Jonathan Acuña volvió a intervenir para afirmar que lo que es añejo es seguir dando las discusiones en el año 2022 dentro del marco de visión de la Guerra Fría y meter miedo.
Feinzaig volvió a intervenir para afirmar que la propuesta de venta de activos anunciada por el Gobierno merece un análisis pausado de la Asamblea y no un rechazo ad portas por ideas "añejas" que han llevado a más de un país al colapso económico.
Ciertamente lleva razón la diputada Guillén. A la hora de pensar en vender el BCR tenemos que resolver el problema de las cargas parafiscales. ¿De dónde van a salir esos fondos? Eso tiene que analizarse en el proyecto de la discusión de la eventual venta del BCR, o en el caso del INS, y eso no puede ser un impedimento de entrada para discutir el tema. De hecho, necesitamos eliminar esas cargas parafiscales y no sólo a al BCR si se va a vender, sino que ambos bancos estatales, porque esas cargas parafiscales se traducen directamente en mayores márgenes de intermediación y eso se traduce en mayores tasas de interés y eso quiere decir, costarricense que nos ve desde su casa, que las tasas de interés que usted paga por su casa, por su tarjeta de crédito, por el carro, son más altas porque tenemos a las instituciones estatales pagando estas cargas parafiscales para sostener al Infocoop, para sostener a un montón de actividades del Gobierno. Que sí, va a haber que resolver cómo se financian, las que merecen ser financiadas, pero las tasas de interés que paga son más altas, precisamente porque tenemos este esquema tan perverso.
El diputado Ariel Robles del FA intervino para hacer una precisión conceptual de que los recursos destinados a la educación son inversión y no gasto, sin embargo, minutos después Feinzaig refutó esa afirmación al sostener que él afirmaba que era un gasto, porque si fuera una inversión se obtendrían resultados.
Breves
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 22.782 "Reforma a la Ley de Fomento a la Lectura, los Libros y Bibliotecas N.º 10025: Derogatoria del Artículo 33".
— Con 45 votos a favor y 5 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 23.163 "Reforma de la entrada en vigencia de la Ley 9747, Código Procesal de Familia, de 23 de octubre de 2019".
— Con 39 votos a favor y 11 en contra se aprobó una prórroga de plazo cuatrienal al expediente 20.958 "Reforma al inciso a del artículo 3 de la Ley N° 9211 "Premios Nacionales de Cultura" del 4 de marzo de 2014".









