El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, por unanimidad, el informe final entregado por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público respecto de la investigación legislativa que se realizó sobre la aplicación de los cuestionarios de "factores asociados" en el marco de las Pruebas FARO, el año pasado.
Según el informe aprobado, la Asamblea tuvo por probado que se llevaron a cabo violaciones al ordenamiento jurídico relacionado con el acceso a datos personales y el derecho a la intimidad, protegidos en nuestra Constitución Política, en el Código Penal y en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Y, además, en lo que concierne a la mala toma de decisiones de carácter público en los hechos investigados, se incumplieron la Ley General de Control Interno y el Código de la Niñez y Adolescencia.
"De la deposición en las comparecencias, es posible denotar que existe la ausencia de una cadena de mando y de funciones claramente establecidas, que permita dilucidar con claridad la responsabilidad de las partes involucradas en los hechos en cuestión. Tanto las autoridades del MEP como del Consejo Superior de Educación evaden la responsabilidad acerca de la implementación del cuestionario sobre los “Factores Asociados” en las pruebas FARO. Todo lo anteriormente expuesto, denota un incumplimiento de los principios y normativa contenidos en la Ley General de Control Interno No. 8292 del 31 de julio del 2002 y manuales establecidos por la Contraloría General de la República", indica el documento de 101 páginas.
El incumplimiento de ello, permitió que lo que fuera parte de un objetivo institucional como la aplicación de dicho cuestionario, se realizara sin apego al bloque de legalidad, ocasionara la perdida de los recursos públicos invertidos y no se obtuvieran los resultados deseados. Además, la mala delegación y coordinación de funciones entre jerarcas y subordinados no permitió el adecuado registro de la toma de decisiones en este caso.
La Asamblea también tuvo por probado que la dirección a cargo de la elaboración de las pruebas de evaluación nacional y, en este caso todo lo relacionado a FARO, es la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, cuya responsabilidad jerárquica recae en el Viceministro Académico, para aquel entonces a cargo de Melania Brenes.
En actas se afirmó que la Viceministra Académica, doña Melania Brenes, fue la encargada de llevar un informe o borrador sobre el pilotaje de FARO aplicado en el 2019, que se presentó en el 2020 ante el CSE, esto según el señor Fernando Sanabria Porras, asesor jurídico del Viceministerio Académico del MEP. Cabe señalar que ante el CSE se expuso una presentación que contenía “Factores Asociados”, con cinco ejemplos de tipo pregunta que se aplicaban, que prácticamente no eran del formulario propiamente y que el encargado de darle seguimiento a la propuesta de FARO era la DGEC del MEP, para el período 2021-2022. Todo lo cual evidencia que es desde el 2019 que se venía preparando un cuestionario de este tipo y que el CSE conocía sobre el tema tiempo atrás. Además, cabe agregar que nadie hizo las consultas legales pertinentes al respecto.
La Asamblea también consignó que la exjefa del Departamento de Evaluación Académica y Certificación (DEAC) del MEP, Florlenis Chévez, le comunicó a los diputados de la Comisión no haber expresado ninguna disconformidad con el polémico cuestionario de “Factores Asociados”, los cuales fueron elaborados por su departamento y luego aplicado a menores.
También se consignó que Chévez Ponce subrayó que las personas que participaron directamente en la construcción y variación del cuestionario fueron: Ana Balbina Conejo Flores, Roylan Matarrita Baltodano, José Joaquín Rodríguez Chaves, Rosa Mendoza Mondragón y Fabián Calvo Brenes, estadístico de la Dirección. También señaló que Pablo Mena, exdirector de la DGEC del MEP y la exviceministra académica, Melania Brenes, fueron los encargados de aprobar este cuestionario. Además, quedó en actas que Chévez y Mena fueron los responsables de conformar los grupos a cargo de la elaboración de las pruebas FARO.
El grupo “Factores Asociados y Logística”, conformado por 5 personas tenía una orden de dedicarse a la revisión del plan piloto del 2019 y realizar un análisis con el grupo Estadístico, cuyo estudio llevo al planteamiento, sustitución o eliminación de ciertas preguntas con respecto al contexto que se vivía (pandemia de COVID-19), dando como resultado la variación de la prueba pilotaje al cuestionario que se aplicó en el 2021. No se puede dejar de lado que Florlenis Chévez y Pablo Mena, conocían sobre las nuevas preguntas que se habían integrado al formulario de “Factores Asociados” aplicado en 2021, según consta en las actas.
Según el informe legislativo, Chévez Ponce confesó que había revisado el polémico cuestionario, pero que no hizo ninguna crítica al respecto porque eran preguntas que venían implantándose desde años pasados en Costa Rica de adaptaciones de PISA o ERSE, que son de carácter internacional para mejorar las condiciones del estudiantado en el enfoque de facilitar el aprendizaje.
En otra de las audiencias, María Alexandra Ulate Espinoza, exdirectora de la Dirección de Desarrollo Curricular y entonces viceministra académica del MEP, alegó que a ella no le correspondía la revisión de ninguno de los ítems del cuestionario y, además, coincidió en que este cuestionario fue mal aplicado; no obstante, consideraba que de ser bien utilizado podía ser de gran utilidad.
Ana Balbina Flores, asesora nacional de Estudios Nacionales e integrante del Departamento de Evaluación Académica y Certificación señaló que la exjefa del DEAC, Florlenis Chévez Ponce, fue la encargada de ordenar la transcripción de los formularios para ser aplicados en el 2021 a estudiantes de primaria entre 11 y 12 años.
De acuerdo al informe, Ana Catalina Carvajal, Carlos Buchanan, Giselle Quirós y Ana Balbina Flores Conejo, parte del Grupo de Diagnóstico del II Ciclo 2017, fueron los encargados de haber propuesto el contenido, revisar y dar el visto bueno al cuestionario de “Factores Asociados”.
Se determinó en cuanto a la elaboración del cuestionario “Factores Asociados”, que no tuvo un proceso de asesoría legal y ni psicológica, para determinar sí había faltas o no, en cuanto a la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, asimismo sí podría llevar o no, a cabo amenazas psicológicas al estudiantado.
En audiencia ante la comisión, José Rodríguez Chaves y Ana Balbina Flores Cornejo alegaron que por parte del grupo de “Factores Asociados y Logística”, habían recomendado a las autoridades como a Florlenis Chévez, Melania Brenes y Pablo Mena, que la aplicación de las Pruebas FARO y de “Factores Asociados” se realizaran día por día con su debido receso y refrigerio a los niños de primaria.
A posteriori, según lo constado en actas, quedó en evidencia que no existió preocupación alguna por parte de los funcionarios responsables, incluido el exdirector, Pablo Mena, de la DGEC, ni la jefa de la DEAC de la DGEC del MEP, cumplieron con sus funciones de supervisión y tampoco fueron proactivos. Y además que, el grupo encargado bajo su supervisión no fue asesorado en materia sicológica sobre el estrés, daño mental y físico al que podían ser sometidos los menores con la aplicación del cuestionario que realizaron en vista de su complejidad y extensión.
La Asamblea también determinó que no existió preocupación por un resguardo celoso de información tan sensible de la población afectada y su final destino o final utilización por parte de funcionarios directamente relacionados, como lo exige la legislación en la materia.
"Don Pablo Mena ni la jefa Florlenis Chévez, cumplieron con sus funciones de supervisión y tampoco fueron proactivos. Igualmente, el grupo encargado bajo su supervisión no fue asesorado en materia legal sobre los consentimientos informados necesarios para la solicitud de este tipo de datos, autorización que podría ser dada únicamente por los padres de los menores de edad como responsables de ellos, incumpliendo a su vez las normas éticas de investigación con sujetos humanos", señala el informe.
El Parlamento determinó que, de las audiencias, se desprende que Pablo Mena, exdirector de la DGEC, era el encargado de revisar los documentos de las pruebas y, finalmente, quien ordenó su impresión, por un monto de 776 millones de colones, las cuales fueron aplicadas y a su vez destruidas posterior al escándalo público generado por la grave situación que lesionó aún más la imagen ya deteriorada del MEP.
Por otro lado, es imposible ignorar que la Justicia Constitucional sentenció a este respecto. La Sala Constitucional determinó mediante la resolución Nº 28335 – 2021 del 17 de diciembre del 2021, que el MEP, lesionó el derecho a la intimidad de los estudiantes de primaria y sus familias con el formulario de “Factores Asociados” que se incluyó en las polémicas Pruebas FARO, derecho tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política. Y, por ende, ordenó a: “Steven González Cortés, en condición de ministro de Educación Pública, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, dictar las medidas correspondientes a los efectos de evitar que se repita la lesión a la orden constitucional constatada…” (Sic).
Para la Asamblea, "resulta reprochable alegar desconocimiento o eludir responsabilidades por las autoridades antes mencionadas, incluidos el CSE, la Ministra de Educación, Giselle Cruz, el Viceministerio Académico a cargo de Melania Brenes, la DGEC liderada en su momento por don Pablo Mena, la DEAC a responsabilidad de Florlenis Chévez y el grupo de funcionarios y funcionarias de “Diagnóstico de Factores Asociados y Logística”"
Ello por cuanto, es fácil distinguir que, con intención dolosa, por negligencia o por incumplimiento de deberes la formulación de estos cuestionarios fue de forma inconstitucional y, su aplicación, contraria a nuestra legislación vigente y poco ética. Todo ello, producto del Decreto Ejecutivo 40862 del MEP vigente, que establece en su artículo 93 su incorporación, mediante una reforma que introdujo el estudio de los “contextos asociados” de marras, firmado por el presidente de la República y la máxima autoridad ministerial del MEP.
Por todo lo anterior, el Plenario acogió las recomendaciones del informe y acordó trasladar una copia fiel del expediente al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Ética y a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) para lo que corresponda.
También se acordó solicitar a la Contraloría General de la República investigar las presuntas irregularidades de los funcionarios públicos involucrados, así como las posibles sanciones tales como destituciones o inhabilitación de ejercer cargos públicos según el marco legal vigente y la gravedad de tales infracciones.
A la Procuraduría de la Ética se le solicitó determinar si las actuaciones atribuibles en el informe a los funcionarios comparecientes constituyen faltas a la ética y probidad y emitir las recomendaciones pertinentes desde la perspectiva del derecho administrativo y penal.
Mientras que a la Prodhab se le solicitó realizar una investigación por parte de la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Paz para establecer la responsabilidad por el no cumplimiento de la ley No. 8968; y realizar un estudio de la organización para determinar oportunidades de mejora y vacíos, de manera que se tomen las medidas para que no se repitan los errores acontecidos en el presente caso.
Finalmente, al MEP se le solicitó tomar las medidas necesarias para que situaciones como las acontecidas no vuelvan a suceder.
