La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó que dos mujeres hayan sido condenadas en El Salvador a 30 y 50 años de prisión por haber sufrido emergencias obstétricas que derivaron en abortos espontáneos.

"CIDH expresa absoluto rechazo por las condenas a 'Esme' y Leslie por 30 y 50 años de prisión, por homicidio agravado tras sufrir emergencias obstétricas", indicó el organismo en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, en el que también "urge nuevamente a revisar detenidamente estas y otras penas impuestas por casos similares".

Ademas, la CIDH le recuerda al Estado salvadoreño que tiene la obligación de garantizarle a todas las mujeres juicios justos y libres de estereotipos de género, y añade que "urge poner fin a la criminalización absoluta del aborto según los estándares interamericanos".

En El Salvador el aborto está prohibido y su práctica se condena con prisión, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer o si la vida del feto es inviable.

La Justicia de El Salvador condenó el 4 de julio a Leslie Lisbeth Ramírez, de 21 años a 50 años de cárcel, la pena máxima otorgada para estos casos que, según organizaciones, se aplica por primera vez.

Leslie es la tercera de siete hermanos en una familia que se dedica a la agricultura y vive en condiciones de pobreza. De acuerdo con la reconstrucción de las organizaciones civiles, hace dos años Leslie no sabía que estaba embarazada cuando comenzó trabajo de parto anticipado en su casa y expulsó el feto. Los vecinos de la casa en la que Leslie vivía con su familia llamaron a la policía, que la detuvo.

Según el Ministerio Público, el embarazo era de cinco meses y la bebé nació con vida pero fue posteriormente degollada. En cambio, organizaciones señalan que no se permitió la presentación de peritajes de la defensa que cuestionarán esa versión.

La presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Morena Herrera, dijo que el proceso judicial presentó "fallas al debido proceso" porque el juez del caso "no admitió peritajes de la defensa, un estudio socioeconómico del Instituto de Medicinal Legal y un estudio psicológico en el que se recomendaba un análisis psiquiátrico".

Por otra parte, a inicios de mayo de 2022, la Justicia condenó a 30 años de cárcel a otra mujer, identificada como Esme, quien sufrió "una emergencia de salud durante su embarazo", informó la Agrupación Ciudadana. "En vez de recibir atención médica, fue acusada por el Ministerio Público y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial, separándola de su hija de siete años", reclamó.