Por muy admirado que sea en los círculos de la tradicional derecha ultraconservadora, hablar de Nayib Bukele es hablar de populismo autoritario. Así ha sido desde su primer día en el poder y las tres noticias más recientes que nos llegan sobre el régimen no son la excepción.
En primer lugar, tenemos que un informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), da cuenta que hay motivos razonables para creer que el régimen de Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas, en el marco del estado de excepción.
Estado de excepción que, por cierto, no tiene nada de excepcional, pues ha sido prorrogado 48 veces, según los caprichos del dictador desde marzo de 2022.
El GIPES se formó en 2024 y está integrado por cinco profesionales independientes de reconocida trayectoria. El grupo cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre otras.
El informe recoge más de 1.700 fuentes primarias y secundarias, entre ellas entrevistas con víctimas, documentos oficiales de El Salvador, declaraciones de altos funcionarios de Gobierno, informes de órganos de protección de derechos humanos de la ONU, reportes de prensa y estudios de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.
Para determinar si los hechos analizados constituyen delitos de lesa humanidad, los expertos se basaron en los estándares del derecho internacional, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este instrumento ha sido ratificado por El Salvador, por lo que tiene jurisdicción sobre actos cometidos por sus ciudadanos. El artículo 7 de dicho Estatuto define los crímenes de lesa humanidad como una serie de actos diversos que son “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y que forman parte de una política de Estado.
De acuerdo con el informe, el estado de excepción perdió su característica de temporalidad y se transformó en una serie de “políticas y prácticas que han causado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, las cuales no pueden ser consideradas reacciones legítimas a una situación de emergencia, ni son casos aislados, sino parte de un patrón coherente, planificado y sostenido de acción estatal”. “Su renovación sucesiva e indefinida, sin motivación sustantiva ni control judicial efectivo, ha transformado una medida extraordinaria en un mecanismo permanente de gobernanza”, dice el informe citado por varios medios internacionales.
El documento señala, además que, durante el estado de excepción, miles de las cerca de 90.000 personas detenidas han sido privadas de libertad sin cumplimiento del debido proceso: muchas no fueron informadas de los motivos de su arresto, la policía realizó capturas para cumplir cuotas o basándose en apariencia física y tatuajes, el hábeas corpus resultó ineficaz y se implementó la figura de “jueces sin rostro”. Incluso el propio Bukele reconoció que al menos 8.000 personas fueron detenidas sin causa justificada.
Diversos informes citados por los expertos señalan prácticas sistemáticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes como golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica y privación de alimentos, agua, atención médica y ventilación, mientras el Gobierno difunde imágenes calificándolos de terroristas sin condena judicial.
En segundo término, Human Rights Watch (HRW) denuncia que existen 540 casos de desaparición forzada en El Salvador bajo el régimen autoritario de Bukele. En estos, los expertos advierten que muchas víctimas fueron detenidas y, hasta la fecha, no se ha brindado información sobre su paradero a sus familiares y defensores. La cifra, dice el documento, podría aumentar ya que existen denuncias de detenidos que han fallecido y terminado en fosas comunes sin conocimiento de sus familias.
Las denuncias documentadas incluyen también casos de tortura y malos tratos contra menores de edad. De acuerdo con documentación de HRW, hasta 2024 habían sido detenidos 3.319 menores de edad durante el estado de excepción, de los cuales al menos 22 habían sufrido abusos. Entre las prácticas registradas se encuentran golpizas, asfixia, amenazas, humillaciones, privación del sueño y condiciones severas de hacinamiento e insalubridad.
Solo entre 2022 y 2023 se reportaron entre cuatro y diez casos de agresiones sexuales y violaciones ocurridas en espacios públicos y en centros de detención del Estado. La organización señala, además, que durante el estado de excepción se incrementaron las denuncias por extorsiones de parte de agentes del Estado, incluyendo casos de extorsión sexual.
Y por último, entre las tres noticias que llegan del régimen en las últimas semanas, tenemos que, sin estudio ni debate previo, la Asamblea Legislativa salvadoreña dominada por el bukelismo aprobó la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Lo cual, no sonaría tan mal en un país con un sistema judicial sólido, garantías procesales y Estado de Derecho y no, en uno que tiene un régimen autoritario donde se encarcela sin cumplimiento del debido proceso, ni causa judicial clara.
En otras palabras, en esta insaciable sed de autoritarismo antidemocrático, el régimen cuenta ahora con una nueva herramienta política disfrazada de pena judicial: cárcel perpetua para todo aquel que no cumpla los caprichos del dictador y su camarilla.
Este modelo es el que irresponsables, populistas y autoritarios quieren emular en otras latitudes y a como pinta el panorama, lamentablemente parece que lo terminarán consiguiendo, porque las tiranías nunca llegan golpeando de entrada, sino prometiendo orden.