La Asamblea salvadoreña aprobó en menos de tres horas una enmienda que abre la puerta a penas perpetuas para homicidas, violadores y terroristas.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes, en menos de tres horas, una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele para permitir la cadena perpetua a “homicidas, violadores y terroristas”. El oficialismo sacó adelante la enmienda entre el anuncio público del mandatario, a las 2:11 de la tarde, y la votación en el pleno, registrada a las 4:42 p. m.
La reforma modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que hasta ahora prohibía las penas perpetuas. El nuevo texto aprobado dice:
Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.
La iniciativa pasó con 59 votos de diputados oficialistas y aliados, incluidos dos legisladores de la oposición. El Congreso la aprobó sin estudio previo de comisión, ni debate de fondo.
Bukele defendió la reforma en un mensaje divulgado en X poco antes de la votación. "En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas", escribió.
Luego añadió: "Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión".
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, llevó personalmente la propuesta al Parlamento y centró su intervención en desacreditar a las organizaciones de derechos humanos que cuestionan la política de seguridad del Gobierno.
Empezaron acá viniendo a hablar de víctimas, del derecho de las víctimas y crearon leyes del derecho de las víctimas para ir a terminar en el cuento de que la víctima era el imputado y el victimario un agente de autoridad. Cosa más absurda no puede haber. Pero ya les llegó su tiempo. Lo que estamos haciendo es de carácter irreversible".
Villatoro también cargó contra esos organismos durante su comparecencia.
Ahora vamos a ver a esas organizaciones defendiendo, como siempre, a criminales violentos, a violadores, asesinos de hombres, mujeres, terroristas y representantes de organizaciones criminales: el voto de ustedes no cuenta porque no tienen ninguna legitimidad soberana sobre este país. Y quisiera decírselos como ciudadano, pero tengo que respetar el cargo que me embiste. Simplemente les puedo decir: Váyanse al carajo".
La reforma llegó pocos días después de la difusión de un informe elaborado por juristas internacionales que acusa al Gobierno de Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años. Tras esa publicación, el Ejecutivo lanzó una ofensiva en redes sociales contra los organismos y medios que dieron cobertura al documento.
En ese contexto, Bukele escribió también en X:
Estas organizaciones de “defensa de los derechos humanos, a las que muchos medios nacionales e internacionales [The Guardian, France 24, EL PAÍS, los medios de Open Society, entre otros] les están dando amplia cobertura, y que están siendo retomados por miles de periodistas, activistas y políticos locales y extranjeros, están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción”.
Hasta ahora, la Constitución salvadoreña ordenaba que el sistema penitenciario buscara corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. La jurisprudencia del país fijaba además un máximo de 60 años de cumplimiento efectivo de pena. Aun así, en diciembre de 2025 la Fiscalía informó de condenas acumuladas de hasta mil años de cárcel contra un grupo de pandilleros.