Por Alexia Herrera Picado - Estudiante de la carrera de Odontología

¿Está el Gobierno de Costa Rica haciendo lo mejor en inversión para programas de inclusión y protección social? Esto es muy importante en un escenario donde la pobreza y la desigualdad continúan siendo unos de los principales retos para los países, así como sus consecuencias, que han permeado todos los ámbitos de la política pública. El Estado es el encargado de la administración y organización de una sociedad en una zona geográfica determinada (Roldán, 2020), y debe responder con soluciones factibles que debiliten la existencia de inequidad, disminuyendo el impacto perjudicial que las desigualdades tienen sobre el ejercicio de los derechos de cada ciudadano frente a un contexto incierto.

De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, entre otras cosas, la igualdad para todas las personas desde el acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y hasta la justa distribución de los ingresos (Almagro et al., 2016). Ahora bien, para que el Estado pueda cumplir con su objetivo, depende del presupuesto nacional, el cual está presidido por la rigidez presupuestaria. Este se encargará de crear un destino específico para los dineros (Ministerio de Hacienda, 2014), por ejemplo, para programas de inclusión y protección social, lo cual se encasilla dentro de las políticas públicas.

De esta forma, en marzo del 2021, el Presidente de la República firmó una ley que destina ¢38.220 millones a programas de asistencia social, que comprenden los de inclusión y protección, de esta forma el Gobierno cumple con su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de incorporar un 0,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el presupuesto del 2021, con el objeto de fortalecer la inversión social (Gobierno del Bicentenario, 2021). Es decir, la cantidad de dinero que se dispuso para los programas de asistencia social en el presente año equivale a un porcentaje muy pequeño del PIB, tomando en cuenta que, por lo general el país destina alrededor de un 5 % o un 6 % del PIB en otras materias (Datos Macro, 2021). Este 0,1 % debe ser distribuido en todos los ámbitos sociales.

Por otra parte, entre los retos más nuevos a los que se enfrenta el país actualmente, se encuentran la pobreza y el desempleo, aumentados por el impacto de la actual pandemia de la COVID-19, de manera que, como lo refleja el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, la situación refiere a la importancia de fortalecer el sistema de protección social costarricense (Instituto Mixto de Ayuda Social, 2020). Sin embargo, el país ha implementado la promoción de la ayuda social, los subsidios y la flexibilización de normas tributarias, mediante la implementación del Bono Proteger y otras transferencias en el marco de la emergencia, ante lo cual la población demuestra un compromiso social deficiente según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) citados por Instituto Mixto de Ayuda Social (2020). Por lo tanto, aunque el acceso a la atención de servicios en salud, educación, vivienda y protección social han permitido que la pobreza multidimensional y la desigualdad no aumenten significativamente, sin compromiso social, el esfuerzo del país no será suficiente.

Se puede concluir entonces que la protección social es un derecho humano y juega un importante papel a la hora de apoyar y mejorar el nivel de vida y promover el desarrollo social y económico. La pandemia de la COVID-19, como un nuevo reto, ha reafirmado además la importancia de los sistemas de protección social para mitigar el impacto de la crisis y apoyar una recuperación económica sólida e inclusiva. La protección social no solo es una inversión en las personas, sino también en la economía en general; puede desencadenar un crecimiento económico, desde la acción de un Estado que funciona como un agente solidario con sus ciudadanos, concibiendo la inversión en protección social para el debilitamiento de las desigualdades.

 

MOXIE es el Canal de ULACIT (www.ulacit.ac.cr), producido por y para los estudiantes universitarios, en alianza con el medio periodístico independiente Delfino.cr, con el propósito de brindarles un espacio para generar y difundir sus ideas.  Se llama Moxie - que en inglés urbano significa tener la capacidad de enfrentar las dificultades con inteligencia, audacia y valentía - en honor a nuestros alumnos, cuyo “moxie” los caracteriza.

Referencias bibliográficas:
  • Almagro, L.; Méndez, N.; Salvatti, I. y Muñoz, B. (2016). Equidad e Inclusión social: Superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas. http://www.oas.org/docs/inclusion_social/equidad-e-inclusion-social- entrega-web.pdf
  • Datos Macro. (2021). PIB Costa Rica Segundo Trimestre De 2021. https://datosmacro.expansion.com/legal/acerca-de
  • Gobierno del Bicentenario. (2021). Presidente firma el presupuesto que fortalece programas sociales con ¢38.220 millones. https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/03/presidente-firma-el-presupuesto-que-fortalece-programas-sociales-con-%C2%A238-220-millones/
  • Instituto Mixto de Ayuda Social. (2020). Gobierno destaca impacto de programas sociales para contener crecimiento de la pobreza y la desigualdad. IMAS: https://www.imas.go.cr/es/comunicado/gobierno-destaca-impacto-de-programas-sociales-para-contener-crecimiento-de-la-pobreza-y
  • Ministerio de Hacienda. (2014). El presupuesto nacional en Costa Rica. Folleto MH: https://www.hacienda.go.cr/docs/5228c0e0637a1_Folleto_Presupuesto_Nacional.pdf
  • Roldán, P. N. (2020). Estado. https://economipedia.com/definiciones/estado.html#:~:text=El%20Estado%20es%20una%20forma,administrar%20la%20vida%20en%20sociedad