La sesión del Plenario de la Asamblea Legislativa volvió a levantarse sin siquiera haber llegado a la hora de haber iniciado, dado que el Poder Ejecutivo no envía iniciativas para conocimiento del Congreso, o porque, como fue el caso de este martes, comete errores a la hora de enviar convocatorias de proyectos de ley.
La Secretaría del Directorio recibió el Decreto Ejecutivo 43.558-MP mediante el cual Presidencia instruía a los diputados a conocer nuevos proyectos: dos para derogar leyes caducas o históricamente obsoletas; una autorización a Recope para donarle tres propiedades al Ministerio de Seguridad Pública; una reforma a las leyes en materia anticorrupción por recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE; y una autorización al Tecnológico de Costa Rica para donar un inmueble a la Asociación de Desarrollo Comunal de Pueblo Nuevo.
Sin embargo, dicho decreto ingresó a las 11:58 a.m., es decir, dos minutos antes del cierre del plazo para que la agenda de la sesión de Plenario que arranca a las 3:00 p.m. deba estar confeccionada para subirse a la página web con el fin de cumplir con el principio de publicidad, y las diputaciones puedan saber qué temas deberán conocer en esa sesión.
Debido a esa circunstancia, la lista de proyectos enviada por Zapote no pudo incluirse en la agenda de este martes, ya que a cada expediente convocado hay que asignarle su respectivo lugar en el documento, siguiendo los criterios de ordenamiento respectivos que rigen el orden del día de esas sesiones.
A eso se sumó que los proyectos en segundo debate del Plenario están en consulta de la Sala Constitucional y los de primer debate no podían conocerse al estar en trámite de mociones de fondo en las comisiones respectivas, por lo que no había tema que conocer posterior al control político, forzando a las jefaturas de fracción a presentar una moción para levantar la sesión antes de la hora reglamentaria.
Sin embargo, antes de dar por terminada la sesión, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez leyó un documento con sus consideraciones sobre lo ocurrido, recordando los procesos para confeccionar la agenda de Plenario y las horas máximas a las que esta debe estar lista para cumplir con la debida publicidad de los asuntos a tratar, dejando en claro que el decreto enviado al filo del mediodía por el Ejecutivo era imposible de incorporar en la agenda de esa tarde.
En un comunicado de prensa posterior, Arias Sánchez pidió al Ejecutivo que cumpla con el debido proceso en estas sesiones extraordinarias.
Con el fin de atender el principio de seguridad y publicidad, es requerido que la agenda de proyectos convocados se conozca antes del mediodía, pues el orden del día de la sesión legislativa, se da a conocer a esa hora, para diputados y el público en general. Los legisladores deben contar con un plazo apropiado de tiempo para revisar y conocer los proyectos de ley convocados por el Ejecutivo, previo a su discusión.
Presidencia se defiende
En un comunicado de prensa minutos después del enviado por el presidente del Congreso, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana negó que lo ocurrido se tratara de un "error" y afirmó que "ingresó a tiempo".
El Gobierno de la República, a través del Ministerio de la Presidencia, ha venido construyendo acuerdos con las distintas fracciones legislativas. No es cierto que hubo un error en la ampliación de la convocatoria realizada este martes. Ingresó a tiempo. En otras ocasiones con voluntad política se ha modificado la agenda. Hago un llamado respetuoso a los señores congresistas para que avancemos en el conocimiento de las iniciativas.
El comunicado de Zapote señala que este martes podía conocerse el expediente 19.531 en segundo debate, "que busca ordenar la casa en cuanto a exoneraciones fiscales", sin embargo, las jefaturas de fracción habían acordado dejarlo para el día jueves.
Asimismo, el comunicado de Presidencia reprochó que el expediente 21.345 "que pretende cerrar regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional en un plazo de 18 meses, manteniendo los derechos adquiridos de los actuales jubilados y la posibilidad de traspasar las pensiones actualmente vigentes" fuera reenviado a la Comisión de Asuntos Sociales, para analizar los criterios emitidos por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
