Por Alina Miranda Sandí – Estudiante de la carrera de Derecho
La pandemia ocasionada por el COVID-19 le ha dado un giro al mundo entero desde el pasado marzo del 2020. Este giro ha afectado todos los aspectos del diario vivir: desde trabajar y estudiar hasta actividades tan regulares como ir al supermercado o salir libremente a la hora que plazca. Debido a la emergencia de salud que esta pandemia presenta, muchos gobiernos se han visto obligados a tomar medidas drásticas para evitar la propagación de esta enfermedad. Costa Rica no ha sido la excepción, sin embargo, se ha cuestionado si las medidas implementadas violan algunos derechos fundamentales y si, a pesar de dichas violaciones, es necesario que se sigan implementando estas medidas con tal de salvaguardar la salud de la población.
Según el decreto emitido el pasado 16 de marzo, cuando se declaró estado de emergencia nacional, la estrategia que el gobierno ha tomado gira en torno a cuatro ejes: 1) la restricción vehicular, 2) las medidas migratorias, 3) cierre de ciertos establecimientos y 4) la emisión de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud (Ortiz, 2020). Estas medidas han causado polémica y se ha cuestionado su constitucionalidad debido a que el Poder Ejecutivo tomó estas decisiones pasando por encima de las obligaciones que tiene el Poder Legislativo con respecto a situaciones de emergencia como la que se está viviendo, ya que este es el único con la facultad de suspender derechos y garantías constitucionales.
Aunque algunos derechos y garantías constitucionales puedan suspenderse, esa suspensión debe llevar un debido proceso estipulado en el artículo 121 inciso 7 de la Constitución Política (1947), donde se estipula que se le atribuye a la Asamblea Legislativa la facultad de “suspender por votación no menor a los dos tercios de la totalidad de sus miembros en caso de evidente necesidad publica los derechos y garantías consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 20 y 37 (…)” Por lo tanto, se ha actuado con total inconstitucionalidad al ser el Poder Ejecutivo el que emitió dichas medidas y suspendió estas garantías constitucionales. Además de esto se presenta la situación de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, los cuales vienen a crear obligaciones y deberes bajo la pena de sanción. Esto es una violación clara del principio de reserva de ley y legalidad, ya que “ningún ministro, y el de salud no es la excepción, es escogido democráticamente, con lo cual, tampoco tiene responsabilidad política que pueda ser directamente exigida por parte del pueblo” (Ortiz, 2020).
Se podría decir que las medidas tomadas para combatir esta pandemia fueron pensadas desde un principio de buena fe, sin embargo, la realidad es otra. Estas medidas fueron tomadas de manera desesperada debido a que la Constitución Política —y el país en general— no se encontraba en las condiciones para lidiar con una situación que no se ha presentado en cientos de años. Este podría ser un momento perfecto de reinvención para el país y para los órganos encargados de tomar liderazgo frente a situaciones de esta índole, ya que, aunque no se presenten todo el tiempo, es necesario tener claro el abordaje que se le debe dar a la situación en caso de otra posible emergencia, para así evitar las situaciones de inconstitucionalidad que se han presentado durante esta pandemia.
MOXIE es el Canal de ULACIT (www.ulacit.ac.cr), producido por y para los estudiantes universitarios, en alianza con el medio periodístico independiente Delfino.cr, con el propósito de brindarles un espacio para generar y difundir sus ideas. Se llama Moxie - que en inglés urbano significa tener la capacidad de enfrentar las dificultades con inteligencia, audacia y valentía - en honor a nuestros alumnos, cuyo “moxie” los caracteriza.
Referencias bibliográficas:
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Asamblea Nacional Constituyente. (1949). Constitución Política de Costa Rica. http://pdba.georgetown.edu/Parties/CostaRica/Leyes/constitucion.pdf
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Ortiz, L. (2020). ¿Es legal la forma en que el gobierno ha atendido la pandemia de la Covid-19? La República. https://www.larepublica.net/noticia/es-legal-la-forma-en-que-el-gobierno-ha-atendido-la-pandemia-de-la-covid-19