Pese a algunas reticencias discursivas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP), el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad de votos admitir para estudio en una comisión especial la reforma constitucional que pretende reconocer la conectividad, las tecnologías de información y las telecomunicaciones con acceso universal en todo el territorio nacional, como un derecho humano.
Se trata de una proposición de enmienda constitucional tramitada bajo el expediente 22.617 y que pretende incorporar un párrafo al artículo 33 de la Constitución que se leerá así:
Toda persona tiene el derecho humano a la conectividad, tecnologías de información y telecomunicaciones, con acceso universal en todo el territorio nacional. El Estado garantizará, protegerá y preservará ese derecho. La ley regulará esta materia.
La diputada Vanesa Castro del PUSC expresó reticencias sobre la propuesta al señalar que no le parecía que el artículo 33 de la Constitución fuera el mejor lugar para incorporar la reforma, y que además ya la Sala Constitucional había reconocido el derecho constitucional a la conectividad, realizando derecho comparado y aplicando tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que Costa Rica ha ratificado.
Dato D+: El Consejo Constitucional Francés en la sentencia 2009-580 DC de 10 de junio de 2009 reconoció como un derecho básico el acceso a internet, al desprenderlo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que tutela la libre comunicación de pensamientos y opiniones. Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en la sentencia 12790-2010 fue más allá y reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental. -Fuente: Dr. Haideer Miranda Bonilla
En similar sentido se expresó Eliécer Feinzaig del PLP, quien puso en tela de duda si la reforma podría abrir puertas para que "cualquier persona" exigiera al Estado computadoras, celulares o Internet.
Esos señalamientos, sin embargo, fueron rechazados por diputaciones del Partido Liberación Nacional y Frente Amplio, quienes defendieron la propuesta presentada por diputaciones del periodo constitucional anterior.
Tras un extenso debate, y luego que la vicepresidenta del Congreso, Gloria Navas, recordara que el trámite en cuestión era una simple admisibilidad y que el análisis por el fondo de la reforma debía hacerse después de su dictamen en comisión, la unanimidad de las 52 diputaciones presentes aprobó enviar el proyecto a una comisión especial donde será estudiado.
Dicha comisión será integrada el miércoles próximo después de la sesión ordinaria del Plenario, previa recomendación de las jefaturas de fracción.
Breves
— Con 55 votos a favor y 0 en contra se acordó crear la Comisión Especial Investigadora de las Zonas Especiales con plazo hasta el 30 de abril de 2026.
— Con 53 votos a favor y 1 en contra se acordó crear la Comisión Especial Investigadora de Infraestructura con plazo hasta el 30 de abril de 2026.
— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó que el expediente 21.345 "Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones" fuera devuelto a la comisión dictaminadora por hasta un plazo improrrogable de un mes calendario con el objetivo de que rinda un nuevo dictamen, y luego ocupe el primer lugar de los primeros debates de Plenario hasta su votación final.
