El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) formó un grupo de expertos para investigar durante un año si se cometieron violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, una medida celebrada por organizaciones civiles.

La aprobación de una resolución de este tipo era un reclamo del Colectivo 46/2, una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos internacionales y nicaragüenses, que monitorean la situación del país y el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales.

La resolución en el Consejo de Derechos Humanos, que cuenta con la presencia de 47 países, contó con 20 votos a favor -incluidos los de Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos- y siete en contra -entre ellos Bolivia, Cuba, Honduras, Venezuela y Rusia-, en una votación en la que hubo 20 abstenciones de países asiáticos, árabes y africanos. Por fuera del órgano, la iniciativa contaba con el respaldo de Costa Rica y Colombia, entre otros.

Entre otras cosas, el documento expresa la preocupación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU "por el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua", donde se ha denunciado "un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia".

El mandato para el grupo de expertos, que será integrado por tres personas y funcionará durante un año, será "recolectar, preservar y analizar información y evidencias" sobre las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos, "identificando a sus responsables". Además, deberá emitir recomendaciones para mejora la situación de los derechos humanos en el país en conjunto con organizaciones civiles, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU -ocupada por Michelle Bachelet- y, en principio, el gobierno nicaragüense.

El rechazo del gobierno y el respaldo de las organizaciones civiles

Nicaragua, que no integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estuvo representada en el encuentro por la procuradora general, Wendy Morales, quien se pronunció en contra de la resolución. "No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido", aseguró Morales. "Lejos de basarse en una recopilación veraz sobre la realidad de los derechos humanos de los nicaragüenses, estos informes solo recogen las voces de algunos sectores minoritarios definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas", agregó.

Por su parte, organizaciones sociales volcadas a los derechos humanos celebraron la resolución.

"En medio de la represión y un sistema de justicia cooptado, que es pieza clave de la represión, el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas por el Consejo de la ONU es el respaldo que las organizaciones de derechos humanos necesitamos para asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas", dijo Ligia Gómez, integrante de la organización Urnas Abiertas, que forma parte del Colectivo 46/2. "Este mecanismo era el lógico, necesario y esperado próximo paso a tomar para hacer frente a la impunidad que sigue alimentando las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua", añadió.

La resolución "es el resultado de la resistencia cívica de diversos actores, incluyendo a las víctimas, las cuales se han negado a guardar silencio frente a los crímenes cometidos por el Estado", manifestó Juan Carlos Arce, del colectivo Nicaragua Nunca +, que también la consideró "una herramienta para la defensa de derechos y la lucha contra la impunidad, así como un respaldo a las víctimas". "Sin duda esta buena noticia nos llena de esperanza", agregó.