Por Jared Daniel Calderón Mora - Estudiante de la carrera de Derecho

A través de la historia, la tecnología ha formado parte esencial de los grandes avances de la humanidad, desde la creación de la rueda y uso de la misma para el transporte de objetos hasta la invención de los equipos de computo para el procesamiento de datos. La tecnología siempre ha colaborado de manera indispensable a rediseñar la forma en la que el ser humano resuelve o simplifica una problemática. En las últimas dos décadas, hemos sido testigos y partícipes de una digitalización que abarca la mayoría de nuestras actividades, por lo cual, es importante denominar de necesario la incorporación de dichas tecnologías en la Administración Pública, y preguntarnos el porqué no lo hemos realizado aún.

Ahora bien, al referirnos a una Administración Pública Electrónica o Gobierno Digital, popularmente conocido como “e-goverment”, no nos referimos exclusivamente a la incursión de las nuevas Tecnologías de la Informática y Comunicaciones al ejercicio de gobernación, sino también en la utilización de estas para fomentar el desarrollo de un buen gobierno y facilitar las relaciones de los administrados con el Estado (Romero-Pérez, 2019). Esta dinámica de administración pública brinda enormes beneficios tanto desde el punto de vista de la seguridad, la transparencia, la gobernabilidad, y el económico, entre otros. La mejor ejemplificación son los documentos en papel, los cuales debido a su producción, almacenamiento y traslado simbolizan un alto costo y, además, un riesgo de seguridad a causa de la posibilidad de su alteración o sustracción (Pardo, 2011).

La necesidad de dicha transición y simplificación de procesos es bastante evidente en la administración pública costarricense, ya que esta puede beneficiar no solo a mejorar su desarrollo, sino también a disminuir la presencia de vicios como las conductas de corrupción y el error en los distintos procedimientos que abarca. Al día de hoy, existe una amplia gama de trámites en múltiples ministerios e instituciones que se continúan realizando de manera manual por una limitada cantidad de funcionarios públicos, lo cual ha conllevado el mal desarrollo y ejecución de ciertas funciones por parte de estas instituciones, e inclusive a la expresión de malestar por esta situación de parte de jerarcas, como el antiguo Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, quien categorizó dichos sistemas de “obsoletos” (Gonzales, 2020).

Pese a que este nuevo formato de gobierno posee incontables beneficios, también vale la pena mencionar los desafíos que supone una adopción de un gobierno digital. Además de ser un proceso complejo y nada homogéneo, contiene variables que traspasan las infraestructuras tecnológicas, y que conlleva factores de procedencia económica, social, cultural y política (Cadena-Hurtado et al., 2018). Dicha transición además de conllevar una significativa inversión económica, involucra una completa restructuración de los procesos, tanto propios de cada institución como los interinstitucionales, a su vez, conlleva una readaptación del personal público y de los administrados, siendo siempre vigilantes de que dicha restructuración implemente las transparencia en lugar de limitar el acceso de los particulares.

La necesidad de una transición hacia un gobierno digital que permita la simplificación de procesos administrativos, la implementación de resultados, un aumento en la seguridad del procedimiento, una disminución de costos operacionales, el fortalecimiento de la coordinación y comunicación interinstitucional, y un saneamiento en la transparencia y relación entre el Estado y el administrado, es un hecho indiscutible. No obstante, poseemos desafíos de adaptación y financiamiento, adicionado a la inminente discusión política, social y cultural que esta conlleva. El Estado y la sociedad costarricense requieren una transición rápida, efectiva y ordenada que considere a todos los involucrados, tanto funcionarios como administrados, ya que si bien es cierto no todos los sujetos cuentan con una alfabetización digital que les facilite dicha transformación, si este cambio no se lleva a cabo de una manera rigurosa y adecuada, en lugar de simbolizar una solución pasará por una metamorfosis hacia una problemática irreparable.

 

MOXIE es el Canal de ULACIT (www.ulacit.ac.cr), producido por y para los estudiantes universitarios, en alianza con el medio periodístico independiente Delfino.cr, con el propósito de brindarles un espacio para generar y difundir sus ideas.  Se llama Moxie - que en inglés urbano significa tener la capacidad de enfrentar las dificultades con inteligencia, audacia y valentía - en honor a nuestros alumnos, cuyo “moxie” los caracteriza.

Referencias bibliográficas:
  • Cadena-Hurtado, L.A., Filían-Hurtado, F.H., Maldonado-Campi, A.T, Torres-Vargas, R.J., (2018). Tecnología y gestión pública. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, Edición Especial, 1-24. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fap&AN=130757965&lang=es&site=ehost-live
  • Gonzales, A. (2020). Editorial: Atraso tecnológico del Estado. La Nación. https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-atraso-tecnologico-del-estado/HFGVAQEWFBG2HEC4RRCP3IW66E/story/
  • Pardo, L. (2011). Aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración pública. Revista de Contabilidad y Dirección, 13, 105-126. https://accid.org/wp-content/uploads/2018/10/Aplicacion_de_las_nuevas_tecnologias_en_la_Administracion_Publica.pdf
  • Romero-Pérez, J.E. (2019). La Administración Electrónica Publica. Revista de Ciencias Jurídicas, 149, 105-132. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM5I2d-P_wAhVjSzABHcoSDFMQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fjuridicas%2Farticle%2Fdownload%2F39570%2F40111%2F&usg=AOvVaw0mJVBlkgtQtOadS4o0QCui