La administración de la Asamblea Legislativa empieza a cansarse de los problemas que el nuevo y costoso edificio que sirve de sede al Primer Poder de la República presenta un día sí y otro también.
La gota que parece haber rebasado la paciencia de los jerarcas del Congreso ocurrió este jueves, último día de sesión de la semana y en el que se tenía una larga lista de proyectos de ley por conocer en Plenario, pero que tuvo que levantarse de forma intempestiva y prácticamente de emergencia.
Justo cuando el diputado José María Villalta del Frente Amplio justificaba el voto que daría al primer debate por segunda vez de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, una de las asesoras de la presidenta Silvia Hernández llegó a indicarle que terminara su discurso pues había una emergencia: los equipos se estaban, otra ves, sobrecalentando.
Un incidente similar ya había ocurrido el 16 de junio del 2021. En aquella ocasión ni las comisiones ni el Plenario pudieron sesionar pues no se podía transmitir por YouTube ni redes sociales, ya que ante la falla de aire acondicionado los equipos de cómputo se sobrecalentaban y corrían peligro de dañarse.
Villalta terminó abruptamente su discurso y la presidenta sometió a votación el proyecto, el cual recibió 36 votos a favor y 3 en contra. De seguido procedió a levantar la sesión tras un receso donde informó de lo que estaba ocurriendo.
Hernández ordenó, además, informar a la prensa del por qué la sesión tenía que terminar de la forma en que lo hacía, lo que se cumplió minutos después con el comunicado de prensa enviado por la administración de la Asamblea detallando lo ocurrido.
"Un problema de índole técnico afectó al sistema del aire acondicionado del nuevo edificio. El fallo en los sistemas de enfriamiento provoca un aumento exagerado en la temperatura en la sala de controles, donde se encuentra el equipo de transmisiones y al alcanzar más de los 30 grados Celsius, es obligatorio apagarlos por completo, de lo contrario se arriesga que se dañen seriamente", dice el pronunciamiento.
La obligación de apagarlos —agregaron— implica esperar que se enfríen, al igual que el entorno y para un reinicio seguro, es necesario esperar casi cuatro horas. Esto significa apagar la transmisión de todos medios legislativos, con el consiguiente perjuicio a los principios de publicidad de la ley, transparencia y control político.
Esta responsabilidad no recae en la Asamblea Legislativa, sino en el propietario del edificio, como es el fideicomiso del Banco de Costa Rica y de la empresa administradora, Mabinsa.
En el comunicado, el Congreso acusó al fideicomiso de atrasar la aprobación de la solución a estos problemas, propuesta por la propia Asamblea Legislativa, incluido el plan de contingencia para atender situaciones de emergencia y que no se afecte más el trabajo del Congreso.
Los esfuerzos de transparencia que hace a diario la Asamblea Legislativa para que la población tenga conocimiento inmediato de su trabajo, se ven seriamente afectados por la omisión de los administradores del edificio, que no han sido capaces de dar con una solución a tan grave problema. El trabajo de los señores diputados y señoras diputadas en los diferentes órganos legislativos de igual manera se ve perjudicado, en consecuencia, eso afecta al país en general, que espera soluciones emanadas del trabajo legislativo.
A diferencia de ocasiones anteriores cuando ocurrieron incidentes en el nuevo edificio, el Fideicomiso BCR-Asamblea Legislativa no envió a la prensa un comunicado sobre lo ocurrido, ni se refirió a las acusaciones hechas por la administración del Congreso.
