La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente, por mayoría, el séptimo y octavo presupuesto extraordinario de este 2021, que incluye nuevos gastos por 31.335 millones de colones, que al contrastarlos con los ingresos, da un neto de endeudamiento creciente por 25 mil millones.
El séptimo presupuesto, tramitado en el expediente 22.685, recibió seis votos a favor y dos en contra; mientras que el octavo, tramitado en el expediente 22.686, recibió votación favorable de cinco versus tres.
Ambos proyectos fueron dictaminados sin sufrir cambios, es decir, se votó el texto tal y como fue enviado por el Ministerio de Hacienda.
El séptimo presupuesto se compone de tres artículos: el primero de ellos corresponde a ingresos y presenta un incremento neto de ¢19.335 millones, derivado de una rebaja por ¢350 millones dada una menor transferencia de capital que realiza el INA; y de un aumento de ¢19.685 millones en financiamiento. El segundo artículo presenta la aplicación en el gasto de los ingresos del artículo 1, correspondiente a un aumento del gasto por ¢19.685 millones en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes destinados a 4 programas, y el respectivo rebajo de ¢350 millones del Ministerio de Educación Pública, destinados a las Juntas Administrativas y de Educación. Por su parte, el tercer artículo presenta el traslado entre partidas con efecto neto cero, principalmente con movimientos en programas como el Conavi del MOPT.
Por su parte, el octavo presupuesto se compone de dos artículos: el primero presenta un incremento en ingresos por ¢6.000 millones, provenientes de colocación de títulos valores internos de corto plazo; los cuales se aplican en el artículo segundo al gasto como transferencias corrientes a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Específicamente, ¢4.000 millones corresponden a rubros de remuneraciones y contribuciones sociales, y los ¢2.000 millones restantes al pago de cesantías, preavisos, aguinaldos, vacaciones y bonos de transformación, según la Ley N.° 9764.
Los proyectos de ley propuestos en su conjunto incrementan el déficit financiero ¢22.785 millones, lo cual corresponde a un 0,06% del PIB [el séptimo presupuesto lo hace en 0,04% (¢16.785 millones) y el octavo presupuesto en 0,02% (¢6.000 millones)]. En cuanto al déficit primario, este aumenta en total un 0,05% del PIB (¢20.335 millones).
El gasto corriente que se pretende incorporar alcanza un total de ¢9.480 millones, de los cuales ¢3.480 millones corresponden al séptimo presupuesto extraordinario y ¢6.000 millones al octavo. Para el ejercicio 2021, el monto presupuestado de este gasto se ha incrementado en ¢215 mil millones (2,7%) al 20 de setiembre 2021.
En lo que concierne al cumplimiento de la Regla Fiscal, la ejecución del gasto corriente en el Gobierno a esa fecha es de aproximadamente el 70% del nivel máximo permitido por la regla fiscal, y para cumplir con esta regla al cierre del año será necesario que el gasto corriente aprobado se subejecute en aproximadamente un 8%, nivel similar al que se requeriría al incorporar estos dos proyectos.
Los proyectos incrementan la autorización de colocación de títulos valores de corto plazo en ¢8.000 millones. Si se incorpora dicho monto (bajo el supuesto de que la nueva autorización se utiliza en su totalidad) al saldo de la deuda del mes de agosto -cifra que equivale a los ¢27.032 mil millones-, se alcanza un total de ¢27.040 mil millones por ese concepto. Esta situación es relevante a criterio de la Contraloría General de la República, ya que esta cifra ubica el saldo de la deuda en un 99,8% del monto acordado con el Fondo Monetario Internacional para el mes de diciembre (¢27.100 miles de millones).
No obstante, la situación descrita anteriormente no necesariamente implica -a criterio de la CGR- que se vaya a incumplir la meta de diciembre, ya que factores como la liquidez que tiene el Gobierno en el Fondo General y una mejor recaudación de ingresos, podrían ayudar a disminuir la deuda en lo que resta del año, en el tanto el Gobierno coloque menos de lo que anunció al mercado.
Ambos presupuestos pasan ahora al Plenario para ser discutidos por el fondo, aunque primero se abrirá la oportunidad de presentar mociones de fondo y eventualmente que estas sean reiteradas. Los diputados liberacionistas Yorleny León y Gustavo Viales anunciaron su pretensión de que en el presupuesto para Japdeva, se incluya una cláusula para que esa empresa estatal deba restituir los recursos que se le van a dar, tal y como lo planteó la Contraloría General.
Breves
— La Comisión de Derechos Humanos rechazó los expedientes 21.313 "Celebración del Día Nacional de la Vida Antes de Nacer" y 21.916 "Entrega del Fondo de Garantía Notarial a los notarios afectados por crisis económica". En contraparte, fue dictaminado afirmativamente el expediente 21.415 "Deber de denunciar en casos de abuso a Personas Menores de Edad".
— La Comisión de Gobierno y Administración rechazó el expediente 21.373 "Creación del Instituto Nacional Ontológico". En su lugar fueron dictaminados el expediente 21.724 "Derogatoria de Ley N° 3035 de 21 de setiembre de 1962", el expediente 22.027 "Eliminación del aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A (Recope) al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores" y el expediente 21.520 "Ley de Incentivos para la Generación de Emprendimientos y Empleo".
— La Comisión de Asuntos Económicos envió al archivo el expediente 22.128 "Ley de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas e hipotecas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción".
— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó por mayoría de 4 vs. 3 el expediente 21.823 "Disminución del Impuesto Único al Diesel para generar justicia y prosperidad en los sectores Agrícola, Industrial y de Transporte Público y de Carga" y el expediente 22.013 "Ley de Reducción del Impuesto al Valor Agregado por causa de los efectos de la emergencia por COVID-19".
