Pretende ayudar con la restauración de la economía costarricense y establecer mecanismos de rescate, recuperación y fortalecimiento de las empresas y personas físicas deudoras de créditos bancarios empresariales e hipotecarios, para así no comprometer el futuro de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y poder garantizar empleo y vivienda digna y reducir la brecha social.