El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, una iniciativa impulsada por Poder Ciudadano Ya! que obligará a los partidos políticos a presentar plan de gobierno y una breve biografía de cada candidatura y su respectiva fotografía al momento de que realicen la inscripción de aspirantes a procesos electorales.
Se trata del expediente 22.414, adoptado por la presidenta del Congreso, Silvia Hernández Sánchez y diputados de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano, Unidad Social Cristiana e independientes.
La iniciativa recibió previamente una dispensa total de trámites, por lo que no pasó por una comisión, sino que fue enviada directo al Plenario para discusión y votación. En su primer debate, recibió 38 votos a favor y 0 en contra y queda lista para su segundo debate la próxima semana.
"El derecho de la ciudadanía a conocer las calidades y trayectoria de quienes se postulan para ocupar cargos públicos de elección popular es un derecho fundamental y facultativo de los ciudadanos. Es equiparable al derecho al acceso a la información pública, internacionalmente reconocido y componente esencial del Estado de Derecho. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina que el diferente umbral de protección del funcionario público se explica porque se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo cual lo puede llevar a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su derecho a la vida privada", dice la exposición de motivos del proyecto de ley.
Este proyecto establece la obligación legal para los partidos políticos de brindar a la ciudadanía información básica sobre sus candidatos a puestos de elección popular, específicamente diputaciones, presidencia y vicepresidencias de la República.
Esta normativa fortalecería la labor que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) y los medios de comunicación hemos venido realizando de forma voluntaria, con la función trascendental de proveer a la ciudadanía información precisa y necesaria para ejercer un voto consciente y responsable.
Tal como afirma el estudio Legislative Candidate Vetting Mechanisms in Latin American Political Parties, esperar que la autorregulación de los partidos convierta la preocupación por la ética y, aún más, la idoneidad personal de los candidatos en un criterio ineludible al configurar las listas, puede conducir a una larga espera.
Breves
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.010 "Ley para promover la construcción de un Hospital Periférico y Centro Diagnóstico ubicado en La Virgen de Sarapiquí para dar cobertura médica a la Región Huetar Norte y a la Región Huetar Atlántica".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.254 "Autorización a la Municipalidad de San Ramón a que done un inmueble de su propiedad al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.219 "Desafectación de uso público, autorización a la Municipalidad de San Pablo de Heredia para que done una finca de su propiedad a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (Capilla de La Inmaculada Concepción, Filial Las Joyas de la Parroquia de San Pablo De Heredia)"
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.507 "Ley del Grooming (seguridad de menores en Internet) y la obligación de los proveedores de contenidos y servicios digitales y reformas al Código Penal". Para efectos de esa ley, el acoso a las personas menores de edad por medios electrónicos o virtuales (grooming), se define como la conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer lazos con una persona menor de edad por internet con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño o, incluso, como preparación para un encuentro.
— La Auditora Interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Irma Gómez, aseguró ante los diputados de la Comisión que investiga el caso Cochinilla, que el auditor interno del Conavi, Reynaldo Vargas, se negó a recibir ayuda para investigar el caso a pesar de la solicitud del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata; porque afirmó “tenerlo todo cubierto” pese a que a los diputados les dijo en su audiencia, días antes, que no tenía personal suficiente. Sin embargo, diputados como José María Villalta acusaron a Gómez de violar la ley al no intervenir en el Conavi, a lo que la auditora aseguró que no es su competencia y que de hacerlo estaría usurpando funciones de la auditoría del Consejo.
