La inteligencia artificial dejó de ser una discusión exclusivamente tecnológica. Hoy es también un asunto político y democrático. Y en Costa Rica esa discusión tiene una particularidad incómoda: el país cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial y con una legislación electoral robusta, pero ninguna de las dos protege al votante frente a un audio, una imagen o un video falso de un candidato.
La tesis de este artículo es sencilla: lo verdaderamente nuevo de la inteligencia artificial en la política no son los bots ni los algoritmos, que existen desde hace más de una década, sino la posibilidad de fabricar en minutos y casi sin costo una voz, un rostro o una escena creíble. Frente a esa capacidad, Costa Rica ha dejado la defensa de la democracia casi exclusivamente en manos del ciudadano. Eso no es suficiente.
Una estrategia que no mira a la democracia
En octubre de 2024, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027. Es un paso importante. Sus siete ejes incluyen una inteligencia artificial ética, segura y responsable, el desarrollo económico territorial, la investigación, el gobierno inteligente, la formación de talento, la infraestructura digital y el liderazgo internacional.
Sin embargo, entre esos ejes no aparece la protección de los procesos electorales ni la lucha contra la desinformación. La estrategia piensa la inteligencia artificial como motor de desarrollo, innovación y modernización del Estado, lo cual es valioso, pero deja fuera una pregunta esencial: qué ocurre cuando esa misma tecnología se utiliza para engañar a los votantes.
No se trata de un reproche menor. Una política pública define prioridades, orienta presupuestos y señala responsabilidades. Si la democracia no figura entre sus preocupaciones, nadie queda formalmente encargado de protegerla en este nuevo terreno.
Un vacío que ya reconoció el TSE
El problema no es solo de planificación. Es también legal.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha reconocido públicamente que, con la legislación electoral vigente, ni siquiera los troles pueden ser sancionados porque la ley no establece la creación de cuentas falsas como una conducta ilícita. El único recurso disponible es acudir a la figura de suplantación de identidad del Código Penal, pensada para otro tipo de situaciones y con tiempos judiciales incompatibles con la velocidad de una campaña.
Tampoco existe una regulación específica sobre contenidos generados con inteligencia artificial en la propaganda electoral. Un partido, un simpatizante o un desconocido puede producir un video sintético de un adversario diciendo algo que nunca dijo y no hay una norma electoral clara que obligue a etiquetarlo, retirarlo o sancionarlo.
Durante la campaña pasada, la diputada Vanessa de Paul Castro, que trabajaba en un proyecto de ley sobre inteligencia artificial, explicó que la iniciativa no incluiría nada relativo a las campañas por considerarse un tema demasiado amplio que requería un tratamiento más cuidadoso. La prudencia legislativa es comprensible. Pero, mientras se espera el momento adecuado, la tecnología avanza sin esperar a nadie.
Ya no es una hipótesis
Durante años, la amenaza de los deepfakes se presentó como un riesgo futuro. En Costa Rica ya dejó de serlo.
En la etapa previa a las elecciones de 2026, el precandidato Luis Amador denunció que su voz había sido clonada en un audio filtrado en el que supuestamente discutía planes políticos delicados. Más allá de quién tenga la razón en ese caso particular, el episodio revela el problema de fondo: hoy resulta extremadamente difícil para un ciudadano común distinguir una grabación auténtica de una fabricada.
La amenaza tampoco se limita a las elecciones. Han circulado videos falsos de un expresidente de la Asamblea Legislativa creados con inteligencia artificial para estafar a la población. Si la imagen de una de las figuras más visibles del país puede ser suplantada para pedir dinero, también puede serlo para pedir votos, difundir miedo o desacreditar a un adversario.
Existe, además, un efecto menos evidente, pero igual de peligroso: cuando cualquier contenido puede ser falso, cualquier contenido verdadero puede ser negado. Un político sorprendido en una grabación comprometedora puede alegar simplemente que se trata de inteligencia artificial. La tecnología no solo facilita la mentira; también ofrece una coartada para escapar de la verdad.
Lo que sí es nuevo
Conviene precisar el diagnóstico. Las noticias falsas no nacieron con la inteligencia artificial. Tampoco las cuentas automatizadas ni los algoritmos que muestran a cada persona una versión distinta de la conversación pública. Esos fenómenos existen desde hace años y han sido ampliamente discutidos.
Lo que cambió es el costo y la calidad de la falsificación. Antes, fabricar un video creíble requería equipos profesionales, tiempo y dinero. Hoy basta con una aplicación, unos cuantos minutos de grabaciones públicas de la persona y una conexión a internet. La falsificación se volvió barata, rápida y accesible para cualquiera. Las herramientas para detectarla, en cambio, avanzan más despacio y no están al alcance de la mayoría de la población.
Esto altera el equilibrio entre quien miente y quien verifica. Un audio falso puede producirse en minutos y reenviarse por WhatsApp a miles de personas en pocas horas. Su desmentido, en cambio, requiere análisis técnico, consultas y comunicados oficiales. En política, una mentira que llega primero suele pesar más que una rectificación que llega tarde, sobre todo si circula en los últimos días de campaña, cuando ya no hay tiempo para responder.
La responsabilidad no puede recaer solo en el ciudadano
Frente a este panorama, la respuesta más frecuente es pedir a la ciudadanía que verifique antes de compartir. Es un consejo correcto y necesario. La alfabetización digital debería formar parte de la educación cívica: aprender a identificar fuentes, reconocer contenidos manipulados y distinguir hechos de opiniones es hoy una habilidad tan importante como leer.
Pero sería injusto y poco realista depositar toda la carga en el votante. No se puede pedir a cada persona que actúe como perito forense de cada audio que recibe mientras las instituciones, los partidos y las plataformas no asumen obligaciones concretas.
Costa Rica necesita pasar del diagnóstico a las propuestas. Al menos cuatro medidas merecen discutirse con seriedad.
La primera es el etiquetado obligatorio del contenido sintético en la propaganda electoral. Toda imagen, audio o video generado o alterado sustancialmente con inteligencia artificial y utilizado con fines de campaña debería indicarlo de forma visible.
La segunda es tipificar como falta electoral la suplantación de candidatos mediante inteligencia artificial, con procedimientos rápidos ante el TSE, adaptados a los tiempos de una campaña y no a los de un proceso penal ordinario.
La tercera es un protocolo del Tribunal Supremo de Elecciones para responder a contenidos falsos de alto impacto, especialmente durante los últimos días de campaña, cuando el daño es mayor y el tiempo de reacción menor. Este protocolo podría incluir canales de coordinación con las plataformas digitales y con los medios de comunicación.
La cuarta es un compromiso público de los partidos políticos de no producir ni difundir contenido sintético engañoso sobre sus adversarios. Un pacto así no sustituye a la ley, pero eleva el costo político de romperlo y permite a la ciudadanía exigir coherencia.
A estas medidas se suma la necesidad de incorporar explícitamente la protección de la democracia en la próxima revisión de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con responsables, metas e indicadores.
Una tarea compartida
Cada actor tiene una responsabilidad distinta. Los partidos y candidatos deben poder explicar el origen de los contenidos que utilizan. Los medios de comunicación deben fortalecer sus unidades de verificación y explicar a la audiencia cómo detectan una falsificación. Las instituciones públicas deben comunicar información comprobable y reaccionar con rapidez ante suplantaciones. Las plataformas deben responder ante las autoridades electorales del país donde operan. Y la ciudadanía, finalmente, debe pensar antes de compartir.
Nada de esto implica rechazar la tecnología. La inteligencia artificial puede ayudar a analizar grandes volúmenes de información, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a trámites y acercar a las instituciones a la población. También puede contribuir a detectar falsificaciones y verificar datos con mayor rapidez. El problema no es la herramienta, sino la ausencia de reglas sobre su uso en uno de los momentos más delicados de la vida democrática.
Las sociedades democráticas siempre han tenido que enfrentar propaganda, rumores y manipulación. La diferencia actual está en la velocidad, la escala y la verosimilitud. Una mentira puede cruzar el país en segundos y parecer indistinguible de la verdad.
Costa Rica tiene una tradición electoral admirada en la región, construida sobre instituciones confiables y reglas claras. Preservarla exige actualizar esas reglas antes de que un video falso decida una elección y no después.
La inteligencia artificial no decidirá por sí sola el futuro de la democracia costarricense. Lo decidirán las instituciones, los partidos y los ciudadanos que acepten, o no, la responsabilidad de ponerle límites a tiempo.