María es una estudiante del posgrado de Ortopedia del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM) del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) que lleva casi dos años de procesos en la vía administrativa universitaria luchando por revertir su separación de la especialidad.

María es su nombre ficticio y por solicitud expresa de la denunciante, nos referiremos a ella con este seudónimo.

El suyo se trata de un caso en el que abundan las denuncias por presuntas irregularidades y omisiones a acusaciones graves por parte de las autoridades académicas.

El caso ha escalado a tal punto que la joven ya ganó un recurso de amparo interpuesto en la Sala Constitucional por violaciones a sus derechos como estudiante, un hecho que es especialmente destacable pues se trata de la primera condenatoria contra la UCR en los tribunales nacionales por un caso de hostigamiento sexual.

Además, la estudiante ha presentado denuncias ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) e incluso ante el Ministerio Público por los hechos que desencadenaron esta situación.

Según señaló María en una entrevista concedida a Delfino.cr semanas atrás:

En la UCR ningún profesor se toca, jamás. Nosotras hemos ido a todas las instancias, ya no hay lugar a donde ir y en todos nos han cerrado la puerta. Es mentira que estos temas sean apoyados. Es mentira. Es mentira el apoyo psicológico, el apoyo legal, todo es mentira. Ellos no hacen nada, ni lo van a hacer”.

Dato D+: Lea más detalles en la nota Denuncias en el programa de posgrados en Medicina tienen a la UCR con un pie en los Tribunales.

El chat de “Ortomamones”

El caso se remonta a abril de 2019, cuando la estudiante denunció ante la dirección del Posgrado la existencia de un grupo de Whatsapp llamado “Ortomamones”.  En su denuncia señaló que algunos integrantes del espacio tenían comportamientos de acoso sexual y difamatorios contra otros miembros del programa, incluida ella.

Aunque María no era la única víctima de ese tipo de comentarios, fue ella quien optó por salirse del grupo debido a la forma despectiva en la que los participantes se referían a sus compañeras, algo que “simplemente no tolero”. Después de su salida sin embargo, el acoso recrudeció, lo que motivó su primera denuncia ante los profesores encargados del programa, quienes  hicieron caso omiso de su reclamo.

Yo le dije a los profesores que no estaba de acuerdo con este tipo de mensajes y menos que trataran a una compañera de esa manera enfrente de 70 personas. Eso fue lo peor que hice: fue como mi carta de sentencia que recrudeció el acoso de los compañeros”, aseguró la estudiante a Delfino.cr.

En agosto de ese mismo año, Diario Extra publicó una serie de notas denunciando que en ese mismo chat de “Ortomamones”, un grupo de médicos residentes de Ortopedia que estaban rotando en el Hospital Nacional de Niños (HNN) en ese momento, sostenían conversaciones en las que expresaban su atracción por pacientes menores de edad del centro hospitalario.

La denuncia enviada en ese momento en forma anónima al Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, a la Rectoría universitaria, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y que se publicó en el medio impreso, establecía que:

De los textos de WhatsApp se desprende con claridad la existencia de una serie de mensajes haciendo referencia a menores de edad y su gusto por los mismos, pero la preocupación no se detiene allí, sino que dichos residentes se encuentran rotando en el HNN con acceso a menores directamente, ya que ellos los deben atender en dicho centro hospitalario”.

El caso fue investigado posteriormente por el Colegio de Médicos y por la Universidad, pero entretanto, el acoso en contra de María se acrecentó, pues se le acusó de ser la autora de la denuncia anónima. María niega la acusación pues señala en ese momento ya no se encontraba dentro del grupo y que, en el momento de la publicación (junio de 2019), no estaba en el país.

Yo no lo hice, yo no tenía nada que ver pero ellos asumieron que había sido yo, dándole el acabose a mi carrera”.

Mis compañeros me encerraban en aulas y oficinas y me decían que yo lo iba a pagar toda la vida por haberlos cantado porque eso no se le hacía al gremio. Hoy heme aquí, casi dos años después, con la UCR que brilla por su ausencia”, sostuvo la doctora al conversar con este medio.

Ese “acabose” llegó en julio de ese mismo año, cuando María estaba terminando su posgrado y el único requisito que tenía pendiente era presentar el examen final de la especialidad.

Así pues, resultó que en ese examen los evaluadores fueron dos profesores que eran familiares de los implicados en la denuncia. María describe esa situación como haber sido enviada a un pelotón de fusilamiento:

Yo los vi y dije: aquí me van a fusilar, porque ellos creen que fui yo la que hablé”.

En este examen oral, evaluada por familiares de los denunciados, María obtuvo un 50, una calificación que la dejaba automáticamente reprobada y por tanto, fuera de la graduación de la especialidad pues era el requisito final para obtener el título.

Tras recibir la noticia de su reprobación, la doctora empezó un proceso de apelación y de denuncia del acoso recibido el cual, a pesar de haber tocado “todas las instancias universitarias habidas y por haber”, todavía continúa.

“Esto ha sido un infierno”

No había un día en que no se me dijera que yo era una prostituta, que obtenía cirugías a base de sexo con mis jefes, que vestía de forma inapropiada para provocar y que me dieran buenas notas’”.

Tras recibir un 50 como calificación en su examen final oral y terminar como reprobada en el posgrado, la doctora presentó una primera apelación a las notas de sus dos exámenes, el escrito y el oral, a mediados del mes de julio de 2019.

Sin embargo y debido a la nota, el 31 de julio y tras concluir los cinco años del posgrado con tesis aprobada, la dirección del PPEM se negó a entregarle a la estudiante la carta de finalización del programa.

Desde entonces su objetivo ha sido que se le repita ese examen, asegurando que lo perdió a causa de los actos de acoso de los que estaba siendo víctima.

En agosto del 2019 la estudiante acudió al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) a interponer una denuncia y a buscar ayuda, ya que como había quedado fuera del programa, también había quedado fuera del puesto de trabajo que tenía en la Caja Costarricense del Seguro Social y para el cual es requisito ser estudiante de especialidad.

Según señaló la doctora a este medio:

El INAMU tiene mi caso porque yo terminé y me quedé sin trabajo con todas mis responsabilidades encima. Yo fui al INAMU porque estaba desesperada, necesitaba ayuda. Ahí me dijeron que no podían hacer nada y hasta me atendió una psicóloga dos veces, pero nada más, ellos no quisieron verlo porque dijeron que eso le competía a la UCR”.

Para entonces, el caso se fue convirtiendo en un trámite administrativo cada vez más extenso y engorroso, en el cual, desde el primer momento, la estudiante asegura haber encontrado todo tipo de obstáculos.

El SEP y el PPEM

El primero de estos obstáculos se presentó el 31 de julio, cuando se le informó que su primera apelación de nota había sido rechazada debido a que los recusados en la apelación señalaron que los médicos profesores de la UCR tienen “la solemne potestad de decidir si quieren que el examen se repita”.

Ante este primer rechazo, el 5 de agosto de ese año, la estudiante presentó un recurso de revocatoria a la decisión del profesorado que fue resuelto el día 8. La respuesta también fue negativa debido a que, esta vez, los docentes señalaron que María era una estudiante “problemática” y reiteraban que sus notas se habían obtenido “de forma irregular”.

El 16 de agosto de ese mismo año, María presentó un nuevo recurso en el que solicitaba la nulidad del rechazo, esta vez frente a la Dirección del Posgrado de Ortopedia; el 22 de ese mismo mes, la estudiante también denunció ante la directora del PPEM, Flory Morera González, los actos de acoso de los que había sido víctima.

Según consta en el oficio PPEM-1600-2019, fechado el 26 de agosto de ese año, Morera elevó el caso de acoso al director del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Álvaro Morales Ramínez, para su estudio.

Tres días después (el 29 de agosto de 2019), el Comité director del posgrado de Ortopedia rechazó la nulidad solicitada el 16 y se negó, nuevamente, a repetir el examen oral de la doctora, una decisión que fue finalmente notificada el 4 de setiembre de ese año.

Quince días después, el 19 de setiembre, la estudiante procedió a presentar, esta vez ante el SEP directamente y también ante la Rectoría de la UCR, una denuncia respecto a las anomalías que se dieron en el proceso administrativo ocasionadas, según señala, por el acoso denunciado.

Durante el resto del año, el caso no mostró mayor avance en las tiendas del SEP o del PPEM, por lo que María interpuso un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El órgano solicitó como medida cautelar que el Sistema de Estudios de Posgrado y la estudiante negociaran la posibilidad de repetir aquel polémico examen oral.

Si bien la estudiante señala que desistió de esa primer denuncia y la retiró porque en ese momento el caso no había agotado la vía administrativa (un retiro del que se valdrían el SEP y el PPEM más adelante para rechazar los recursos de sus instancias), lo cierto es que la negociación ordenada nunca se consumó porque la Oficina Jurídica de la UCR respondió al SEP que no tenía por qué negociar, a pesar de lo dicho por el Contencioso Administrativo.

La doctora asegura que aún no sabe cuáles fueron las motivaciones para esta decisión, pues nunca quedaron claras:

La Oficina Jurídica de la UCR le dijo al doctor Morales que mi caso no se negociaba a pesar de la orden del Contencioso y nunca explicaron por qué, nada más que no. No hay razones, no hay porqués, no hay nada. De eso fue de lo que se agarró el SEP para negarse a repetir el examen oral”.

Así, y según consta en el oficio SEP-1855-2020 que está fechado ocho meses después de presentada la denuncia y del cual este medio tiene copia, la dirección del Sistema de Estudios de Posgrado comunicó a la médica que “no hay mérito para dar inicio a una denuncia por los hechos descritos por la denunciada”, alegando que las pruebas aportadas por ella (las capturas de pantalla del grupo de Whatsapp) no eran prueba suficiente y que ya había vencido el plazo para la denuncia, pues como María señaló que el acoso ocurría desde el inicio de su posgrado, el SEP sostuvo que el plazo para denunciar había vencido.

Así lo confirma el documento en cuestión, firmado por el decano del SEP en aquel momento, Álvaro Morales Ramírez, que señala que:

Debe traerse a colación que los hechos denunciados datan de años atrás, y que si bien podrían considerarse con efecto continuado, lo cierto es que de la exposición de los hechos se desprende, tal como se indicó supra, que con el pasar de los años las justificaciones a las difamaciones han ido variando (...) Además, debe mencionarse que aún con ausencia de carga probatoria, no se vislumbra un interés público que requiera atención inmediata, ya que los hechos que expone la denunciada presuntamente atentan más bien a lo interno de su honor”.

Al ser consultada respecto a esta forma de tratar sus denuncias en la UCR, la estudiante señaló que:

Denunciar el acoso en los entes de la Universidad de Costa Rica fue demasiado revictimizante, me preguntaron por qué yo no había hecho esto desde el día uno de la residencia pero es que si lo hubiese hecho desde el día uno, me hubiesen echado desde el día uno. Ahí nadie, nadie me apoyó. Incluso la decanatura del SEP me dijo que si a mí no me habían tocado o me habían hecho algo físico, eso no era hostigamiento”.

Tras este rechazo, Álvaro Morales dio por zanjado el proceso por acoso presentado por María.

Ahora, y volviendo al ámbito académico, el 25 de junio del año pasado la doctora recibió la notificación de que se le separaba de manera definitiva del posgrado, luego de que la dirección del PPEM emitiera una nueva negativa a la reprogramación del examen oral.

Por ello, y a pesar de que la médica había presentado un nuevo recurso de revocatoria a las negativas del PPEM el 23 de junio de 2020 (un recurso que por cierto, a la fecha sigue esperando respuesta), el día 25 el Comité Director del Posgrado de Ortopedia firmó su separación del programa, señalando que como la estudiante ya había terminado todos los semestres de su plan de estudios, “no existe una norma habilitante dentro del bloque de legalidad que permita el otorgamiento de un periodos de prueba en su beneficio”.

Por ende, este órgano colegiado procede a considerar su separación definitiva por bajo rendimiento académico”, cita el documento.

María es enfática al defender el tema de sus notas pues según consta en su expediente académico, estas fueron aprobatorias durante todo el posgrado. Por ello lo que denuncia es que en el SEP se hizo caso omiso a sus denuncias por acoso y que en el PPEM lo que hicieron fue eco a los comentarios que la señalaban como mala estudiante:

Es tanto el acoso que recibí, que la abogada del Posgrado de Medicina tuvo el atrevimiento de poner, en el acta donde se me separaba, que las notas de mi posgrado las obtuve ‘de forma irregular”.

Además y según señaló la doctora, la manifestación más clara de este acoso quedó plasmada en el acta de la Comisión del PPEM Nº07-2020,  en donde, en el inciso b del punto 3 de la agenda, el Programa manifiesta da por constado que la doctora había cursado “9 semestres aprobados con notas irregulares”.

Hay varias actas donde el PPEM pone que yo pasé mi posgrado con notas irregulares: la primera fue en la que me separaron la primera vez y luego lo repiten en las explicaciones que le dieron a Rectoría, agregando que yo entré al posgrado de milagro, que entré en el último puesto. Todo eso es mentira porque yo entré de décima entre catorce personas. Dicen que yo no tenía mayores idiomas, artículos y cursos, que son extras que te dan puntos para entrar, pero el asunto es que yo terminé Medicina en el 2013 y en el 2014 entré a Ortopedia, o sea que entré por pura nota, por méritos académicos y por eso no sé de dónde la abogada y la doctora Flory Morera sacaron eso. Me dio demasiado coraje semejante difamación. Yo fui de las pocas que entraron a la primera y era de las más jóvenes, por eso me parece total y completamente ridículo decir que alguien es malo sólo por esas razones”.

Así las cosas, el 13 de agosto del año pasado y tras esa decisión del PPEM, el programa emitió la carta de separación definitiva de la estudiante, la cual se le notificó el 25 de ese mismo mes.

Esa decisión fue informada a la CCSS y al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), que es la instancia que se encarga de dar las plazas a los residentes y a los especialistas, a pesar de que según señala María, la vía administrativa aún no estaba resuelta, pues aún quedaban (y quedan) medidas y revocatorias pendientes de resolución:

El 25 de agosto del año pasado me llegó la carta de separación del postgrado de Ortopedia, después de finalizar 5 años de especialidad y de tener la tesis aprobada. Es como cuando usted está jugando fútbol y le sacan a uno la tarjeta roja sin ningún sentido, al finalizar el partido. Con esto quedé fuera del posgrado, de la graduación y de la posibilidad de obtener mi título”, señaló la doctora a este medio.

Denuncias por hostigamiento sexual

Ahora, volvamos al caso de hostigamiento sexual y a las denuncias interpuestas por la doctora. 

En enero de este año, la estudiante decidió elevar sus denuncias por acoso sexual ante la Comisión de Hostigamiento Sexual de la UCR y esta solicitó a las instancias involucradas (SEP y PPEM) que aceleraran el trámite del caso.

María aseguró que este proceso fue revictimizante y que en él las autoridades tampoco le dieron respuesta a sus denuncias:

Obviamente las respuestas del PPEM fueron igual de absurdas que las del SEP: me difamaron y calumniaron diciendo que yo era mentirosa y negaron todo aquello de lo que fui víctima. Durante todo ese proceso el PPEM presentó su descargo y dicen que mis historias no concuerdan, que yo era pésima estudiante, que las pruebas eran un fotomontaje, todo una mentira. Se concentraron en atacarme a mí y nunca se dieron el trabajo de investigar, como les corresponde, la médula del asunto: el acoso”.

Por eso, y tras tocar incluso las puertas de la Rectoría en más de una ocasión, la estudiante decidió elevar el caso a la comisión especializada de la universidad para este tema:

Yo escalé el caso a las dos Rectorías (la de Henning Jensen y la de Carlos Araya), me reuní con el abogado del rector y no pasó nada. Por eso subí al ente que es la Comisión de Hostigamiento Sexual, para que me dijeran que lo iban a revisar y aún no he recibido respuesta de absolutamente nadie. Esto es súper revictimizante: contar la historia una y  otra vez, volver a llorar, volver a sufrirlo... ya yo no lo aguanto”.

María señaló que lo único que hizo la Rectoría universitaria fue pedir explicaciones al SEP y al PPEM. En el primer caso, el nuevo decano de la instancia, Olman Quirós Madrigal, optó por abstenerse de declarar, aduciendo que su dirección también estaba involucrada en el asunto y que, por tanto, él debía hacerse a un lado en la investigación. 

En otro oficio emitido el año anterior, Quirós también señaló que debido a la carga laboral del Sistema, no le había podido dar un trámite más rápido a las denuncias de la estudiante.

Por ello, la doctora es muy crítica cuando se refiere a la forma en la que la Universidad se presenta como espacio libre de acoso y hostigamiento sexual:

Fue casi un año lo que yo tardé en denunciar porque a mí nadie me decía cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, etcétera. Incluso en mi primer acercamiento con la Comisión me dijeron que mejor me concentrara en lo académico y no denunciara. Nadie te ayuda, es un tema donde nadie te ayuda, nadie quiere, nadie está dispuesto a apoyar. Preguntás y lo tratan como si fuera la primera vez, nadie sabe nada. Uno se siente como un abejoncito de mayo al que golpean por todas las paredes para que al final estés tan cansada que digás ‘no, ya no lo voy a hacer’. Por eso fue que casi un año después, en enero de este año, que pude presentar la denuncia en la Comisión de Hostigamiento Sexual”.

Todo es mentira: yo he ido a correr a la UCR, donde veo los rótulos de la Comisión, de que el apoyo… y todo es una mentira que lo que da es coraje. ¿Para qué tanto rótulo y anuncio si nadie te apoya y cuando lo hacés, más bien te tiran con todo y te dicen ‘no, no lo haga’?

Defensora estudiantil: “El caso de María da miedo”

En el caso también se involucró la Defensoría Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, según confirmó a este medio la coordinadora de esta entidad, Miryam Badilla Mora, en una entrevista realizada semanas atrás.

Según señaló Badilla, desde que la entidad empezó a intervenir en el caso, se topó con todo tipo de trabas; por ejemplo, cuando solicitó estar presente en la sesión en la que la Comisión del Programa emitió el acta PPEM Nº07-2020 que ratificó la separación de la estudiante del posgrado, el PPEM ni siquiera contestó su solicitud.

En el caso de la estudiante residente de Dermatología, como señalaremos más adelante, se presentó una situación similar. Aquí el PPEM aseguró que, como la representación estudiantil en estos casos no se había solicitado nunca, no aplicaba la presencia de la estudiante en las comisiones que definirían su futuro.

Dato D+: Encuentre el caso completo de Ana en la nota “Se nota que la orden es desechar las denuncias”.

Según María:

Yo había solicitado junto a Miryam estar en esa reunión con los profesores de otras especialidades médicas y se lo pasaron por donde les dio la gana”.

Por eso Badilla acusa al PPEM de interpretar el reglamento como quiere porque “el Estatuto Orgánico de la UCR dice que se dará un espacio a la representación estudiantil pero el Programa aduce que no dice que será obligatorio. Por eso nos ignoran y nos contestan después de que la decisión quedó en firme”.

El caso de María da miedo, da miedo por todo el trasfondo, por todas las denuncias y por todo el hostigamiento que le hacen. Lo de María no es un asunto solo administrativo, también es penal. María tiene notas increíbles; entonces uno dice: ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí están denunciando casos de agresiones a menores ¿esta es la respuesta que da una universidad humanista? O sea,  ¿qué clase de posgrado es este?”

Dato D+: Para más detalles sobre la participación de la Defensoría Estudiantil, lea la nota Defensora estudiantil: “La gente sabe que esto pasa en la UCR, que es algo normal”.

Cuando la estudiante pidió una revocatoria de la decisión de expulsarla del programa de posgrado, en febrero anterior, esta también fue rechazada en una sesión del PPEM que ella cataloga como “absolutamente irregular”, pues contó con la presencia y la votación de funcionarios que están denunciados en este caso.

Ahí votaron el doctor Olman Quirós (director del SEP) y la doctora Flory Morera (directora del PPEM) confirmando mi separación y rechazando mi apelación. Ellos están denunciados y no tenían que haber votado. Hasta la propia Oficina Jurídica de la UCR me dio la razón en esto; sin embargo no importó: ellos siempre hacen lo que les da la gana”.

En este momento esa resolución de febrero se encuentra en una nueva fase de apelación, a la espera de respuesta.

El caso también se elevó a las Vicerrectorías de Investigación y Docencia de la UCR para que investigasen las denuncias presentadas y se pronuncien al respecto.

Si bien Investigación aún no se ha referido al tema, el vicerrector de Docencia sí contestó, el 10 de marzo pasado, señalando que avala los informes presentados por el SEP y el PPEM que calificaron como falsas las denuncias de María. Esto consta en el oficio VD-636-2021, firmado por el vicerrector José Ángel Vargas Vargas y del que este medio tiene copia:

Se coordinó con el equipo legal y académico, quienes analizaron la documentación enviada y estimaron que es menester avalar los informes brindados por las autoridades del Sistemas de Estudios Programa de Posgrado”.

Según María, esa fue la gota que derramó el vaso:

Yo presenté el caso ante el rector, el rector se lo pasó a la Vicerrectoría de Investigación y a la de Docencia y al PPEM y al SEP. Ahí los primeros respondieron dándole la razón al Programa y al Sistema: en el documento mandan avalar los informes que dicen que todo es mentira, que las pruebas del chat eran fotomontajes y que no era el Hospital Nacional de Niños, cuando se ven los uniformes que dicen ‘Hospital Nacional de Niños, Caja Costarricense del Seguro Social’. La gota que derramó el vaso fue ese documento. Ahí fue donde yo dije: no es posible, voy a denunciar”.

Como ya hemos mencionado, el caso de "Ortomamones" ya se elevó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues la estudiante denunció el presunto encubrimiento de delitos graves contra personas menores de edad que fueron los que dieron inicio a todo este caso.

Según señaló la doctora:

Después del oficio de Docencia yo busqué un peritaje cibernético para el chat y el único que hay en Costa Rica es el de Delitos Cibernéticos del OIJ. Llamé y ahí me dijeron ‘tráigase el teléfono inmediatamente’ e igual con el PANI. Fueron los primeros que dieron un poco de importancia al tema porque lo que el PPEM dijo fue ‘cierren ese caso inmediatamente’ y el SEP también, ‘cierrénlo’. De ahí el malestar: si son capaces de esconder esto, son capaces de esconder cualquier cosa”.

Recurso de amparo

En este momento, los procesos anteriores están avanzando pero la odisea académica de la estudiante no termina aquí.

Debido a los retrasos que el caso ha impuesto a la titulación de María como especialista en Ortopedia, la estudiante interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional alegando discriminación en su contra, debido a que no se le permitió continuar con sus estudios en la subespecialidad de Ortopedia Infantil.

La doctora indicó que el año anterior inició el proceso para ingresar a esta subespecialidad pero que el Sistema se la rechazó argumentando que no cumplía con el requisito de haberse graduado como ortopedista. Sin embargo, el Sistema sí aceptó a otra alumna que no ha terminado ese primer posgrado, lo que para la estudiante es otro ejemplo de discriminación en su contra:

Yo había solicitado desde el año pasado estar en el concurso de Ortopedia Pediátrica, la subespecialidad, y ocho meses después me responden el SEP y el PPEM que yo no puedo participar porque no soy ortopedista y ahora me enteré que concursó una residente de Ortopedia de menores años de los que yo había cursado. Obviamente como ella fue a la única a la que le aceptaron el concurso, le permitieron ingresar. De ahí otro recurso”.

Este recurso recibió un pronunciamiento favorable a la doctora el pasado 9 de abril, según consta en la sentencia número 2021006890, de la cual este medio tiene copia.

Aquí, si bien los magistrados consideraron que no es de su competencia determinar si la doctora cumple o no con los méritos académicos necesarios para ingresar a la subespecialidad, sí dieron por probado el incumplimiento de la normativa que resguarda los derechos de la estudiante en materia de manejo de su denuncia por acoso y hostigamiento sexual.

Por ello, los magistrados condenaron a la Universidad a pagar las costas del proceso, al tiempo que dieron a las direcciones del SEP y del PPEM un plazo de dos meses contados a partir de abril pasado, para que resuelva las denuncias de María que aún no han recibido respuesta.

Según se cita en la sentencia:

El Tribunal verifica la conculcación de los derechos fundamentales de la tutelada por el retardo por parte de la Universidad de Costa Rica en resolver la denuncia por hostigamiento sexual formulada en agosto de 2019, la cual no consta que al momento de interposición de este recurso haya  sido debidamente resuelta. Al respecto, la autoridad recurrida considera que la  demora acusada se debe a las prevenciones efectuadas a la amparada, a la  tramitación de los recursos ordinarios y a la complejidad del asunto; no obstante, la  Sala estima que tales argumentos no resultan de recibo, por cuanto, si bien en el  sub iudice se observa que se efectuaron dos prevenciones a la tutelada y que se  interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, no menos cierto es  que en el caso de marras se evidencian extensos períodos de tiempo en los que se  refleja la inactividad del centro de enseñanza recurrido”.

En el Por Tanto, los magistrados resolvieron que:

Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la lesión al artículo 41 de la Constitución Política (que señala que “todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales”). Se ordena a Lydiana Ávila de Benedictis y a Olman Quirós Madrigal, por su orden directora del Sistema de Posgrado en Especialidades Médicas y decano del Sistema de Estudios de Posgrado, ambos de  la Universidad de Costa Rica, o a quienes ocupen tales cargos, que, en el plazo máximo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan y notifiquen lo que corresponda a la amparada en cuanto a la denuncia por hostigamiento sexual planteada en agosto de 2019 (...) Se condena a la  Universidad de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.

Además, el 25 de enero de este año, la doctora elevó una denuncia contra la Universidad de Costa Rica en pleno ante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), para que se investigue todo lo sucedido con su caso.

En este momento, todas estas denuncias siguen el trámite correspondiente.

Mientras tanto, María enfatiza en que el proceso para denunciar “ha sido un infierno” que ha destrozado sus planes a futuro:

Yo tenía mi vida soñada, ya estaba buscando una especialidad en el extranjero y todos mis planes me los trajeron abajo. Esto ha sido súper complejo porque tener un trabajo estable y que luego te tiren afuera sin nada y de la nada, al puro final del posgrado, te deja sin nada. Ha sido un infierno. Te destruyen la vida completamente y no es solo que perdés cinco años, perdés un plan de vida a 30 o 40 años y ellos lo saben y no les importa. No es tampoco como que sacás otra especialidad porque es solo con la UCR, entonces vas a lo mismo una y otra vez, no hay palabras. Yo jamás me imaginé que esto pasara en la UCR. Nunca van a tocar a un profesor o administrativo, para ellos la culpa será siempre del estudiante. Así actúan estos cómplices”.

Así las cosas, es necesario señalar que este no es el único caso de este tipo que se ha dado en la Universidad de Costa Rica. En la nota siguiente les informaremos de un segundo caso en forma detallada.