En la primera nota de este reportaje referente a las denuncias por presuntas irregularidades que se están presentando en el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), específicamente en lo concerniente al Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM), les detallamos el caso de María, una estudiante del posgrado de Ortopedia que lleva más de dos años en un proceso contra el sistema para poder graduarse como especialista.

Dato D+: Lea más detalles en la nota Denuncias en el programa de posgrados en Medicina tienen a la UCR con un pie en los Tribunales.

Pues bien, ese caso está lejos de ser el único. En esta ocasión hablaremos de la denuncia de Ana, la estudiante residente de Dermatología, quien al igual que la primera, ya tiene el caso a las puertas de los tribunales.

En este caso, como en el anterior, se denuncian una serie de graves irregularidades y también las respuestas de las autoridades universitarias brillan por su ausencia.

Dato D+: Encuentre el caso completo de María en la nota “Todo es mentira: cuando veo en la UCR los rótulos de apoyo a las víctimas de acoso, lo me que da es coraje”.

María y Ana son nombres ficticios pero, a raíz de una solicitud expresa de ambas denunciantes, será con estos pseudónimos con los que nos referiremos a ellas.

En una entrevista concedida a este medio, Ana expresa lo siguiente:

La revictimización que he sufrido en todo este tiempo es dura, cruda, cruel, y le puedo decir con conocimiento de causa y múltiples pruebas en mis manos, que la Universidad de Costa Rica pareciera no conocer lo que significa la revictimización. Ya puede usted imaginar lo que siento cuando ante la opinión pública la Universidad se proclama ‘libre de acoso’. Me afecta muchísimo leer las decenas de oficios que tengo en mis manos donde la Universidad declara que ‘la salud mental importa’, mientras yo como médico le puedo decir que mi salud mental es la que más ha sufrido todo este tiempo. Mis denuncias no les han importado en lo absoluto y es muy duro ser testigo presencial de ese doble discurso de la Universidad”.

El acoso

El caso de Ana se remonta al segundo semestre de 2018, cuando la estudiante inició su residencia en el posgrado de Dermatología.

Después de un primer año de formación en Medicina interna, en el que la estudiante vivió “un ambiente laboral y académico libre de cualquier tipo de presión, fue muy impactante pasar a estar a cargo de los docentes especialistas en Dermatología que destruyeron mis sueños y mi carrera”:

Los docentes que me acosaron específicamente son seis, el resto del cuerpo docente del posgrado no ha tenido nada que ver con el acoso; por el contrario, en ellos he encontrado comprensión, solidaridad y apoyo”.

Acá cabe explicar lo siguiente: los estudiantes del Sistema de Posgrados en Medicina de la UCR, tienen una doble jefatura. Por un lado, la Universidad de Costa Rica, ente rector y académico del programa de estudios, y por otro, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que acoge a los estudiantes en sus hospitales, supervisa su rotación y paga su salario. 

Es en este escenario de rotación médica en el que Ana denunció acoso académico y laboral, hechos que “se dieron en todos los semestres y fueron perpetrados por los profesores denunciados”.

Según relató la doctora en su entrevista con Delfino.cr:

Yo fui la única residente a la que no se le permitió rotar en otros hospitales. En el programa de Dermatología, esas rotaciones se dan cada cuatro meses, pero  a mí no se me permitió rotar durante todo un año. Estuve relegada a ‘rotar’ en el Hospital México, mientras mis compañeros del posgrado sí tenían garantizada esa rotación efectiva”.

Esta discriminación no fue la única; se le negó el disfrute de los asuetos e incluso se le prohibió bañarse o cambiarse de ropa después de una guardia, a pesar de que las jornadas de guardia suelen ser de más de 30 horas. Ana también aseguró que durante este tiempo, los profesores cuestionados le quitaron el permiso para hacer giras.

Yo me decía ‘Pero qué he hecho para merecer esto?’ Me negaban permisos, me negaban asuetos, no me permitían bañarme, me impedían rotar, solo porque yo me había atrevido a denunciar lo que no estaba bien hecho por los profesores de la prestigiosa Universidad de Costa Rica”, aseguró la doctora en declaraciones brindadas a Delfino.cr.

Pues bien, con este escenario a cuestas, Ana empezó a presentar problemas de salud mental; además, debió lidiar con una difícil situación de índole familiar. Debido a estas circunstancias, en el segundo semestre del 2018, su nota fue inferior a la estipulada para pasar los semestres de las especialidades médicas. La nota mínima para aprobar es un 80, pero el sistema permite que los estudiantes que no cumplan con ese requisito tengan la opción de optar por un semestre de prueba y seguir con el plan de estudios.

La estudiante aseguró que, a pesar de tener a mano un dictamen de psiquiatría que daba cuenta de la situación que estaba viviendo, el sistema no le permitió acogerse a ese derecho:

Yo solicité un periodo de prueba que no me dieron, siendo víctima de otra discriminación, porque a muchos estudiantes del PPEM se lo han otorgado. Aquí tuvimos el agravante de que los docentes universitarios a los que les correspondía en primera instancia referirse al asunto, faltaron a la verdad indicando que no me aprobaron el periodo de prueba porque, como consta en las actas de las reuniones donde discuten estos casos, dijeron que yo era una estudiante irresponsable que no entregaba los trabajos a tiempo por irme de viaje de vacaciones, lo cual es absolutamente falso. También señalaron que mis prácticas clínicas eran deficientes, lo que también es mentira, porque mi promedio de prácticas clínicas del semestre en cuestión fue de 94.2”.

Esta negativa al periodo de prueba dio inicio a un proceso administrativo que lleva casi dos años en espera de una respuesta satisfactoria, y que se ha visto empañado por presuntas irregularidades, similares a las del caso de la estudiante de Ortopedia que ya expusimos en este reportaje.

Dice Ana en su entrevista:

No buscamos un medio de comunicación porque nos dio la gana; desde hace dos años hemos tocado todas las puertas de la Universidad de Costa Rica pasito a pasito, desde la jefatura del posgrado hasta las puertas del Consejo Universitario, pero todo el esfuerzo nuestro y de la FEUCR para evitar afectar a la Universidad fue en vano. Todo lo que te cuento se le denunció al decano hace mucho tiempo y tuvo que mediar una recusación formal del entonces decano del SEP, el doctor Álvaro Morales Ramirez, para que la denuncia por acoso fuera elevada a la Comisión Instructora Institucional y la Junta de Relaciones Laborales. Si no hubiese sido por ese esfuerzo, la denuncia hubiera sido archivada y estaría en el cesto de la basura”.

Semestre de prueba

Como el proceso de separación definitiva no había concluido, tras la pérdida del semestre de 2018, Ana pudo matricular el primer semestre del año 2019.

Sin embargo, en julio de ese año, tras haber terminado el nuevo semestre, la Comisión del Programa de Especialidades Médicas (PPEM) le comunicó oficialmente que estaba separada del programa, a pesar de haber pasado ese semestre de prueba con éxito. 

Ese mismo mes, la estudiante presentó la primera revocatoria a esa decisión del PPEM, solicitando, a la vez, estar presente en la reunión de la Comisión del programa donde se iba a ver su caso.

Yo presenté la revocatoria y puse en conocimiento de la Comisión PPEM el acoso y la discriminación de que era víctima y a ninguno de los más de 40 profesores responsables que tomaron la decisión de sacarme, les importó que yo fuera víctima de acoso y discriminación. En el acta obviaron referirse al asunto del acoso y solo se limitaron a separarme del posgrado”.

Otro hecho grave es que yo, en mi legítimo derecho de defensa, solicité estar presente en la audiencia donde sería conocida la revocatoria y me lo negaron, pese a que recientemente la Oficina Jurídica emitió un oficio reconociendo que esa Comisión PPEM debe recibir al estudiante que así lo solicita”.

Así lo confirmó la representante de la Defensoría Estudiantil Universitaria, Miryam Badilla Mora, con quien este medio conversó y quien ha estado de la mano de Ana desde que comenzó el proceso de apelaciones.

Según afirmó Badilla:

El caso de Ana presenta demasiadas irregularidades: sus notas son de noventa para arriba excepto en el periodo en cuestión y hay mucha gente con notas inferiores a las que sí le valen el periodo de prueba. Además, ni en la revocatoria, ni en los rechazos a las apelaciones se ha explicado por qué a Ana se le está negando ese periodo de prueba, nadie ha podido decir por qué. Todo lo justifican con que las notas han sido malas, pero eso es mentira”.

Dato D+: Para más detalles sobre la participación de la Defensoría Estudiantil, lea la nota Defensora estudiantil: “La gente sabe que esto pasa en la UCR, que es algo normal”.

La doctora también indicó que la decisión de separarla estaba tomada desde febrero del 2019, según consta en el oficio PPEM 431-2019 del que este medio tiene copia y que fue enviado por la directora del Programa de Especialidades Médicas, Flory Morera González, al coordinador de la especialidad en Dermatología, Jorge Abarca Durán:

No es procedente dar trámite al oficio ED-001-2019 del 6 de febrero de 2019, toda vez que si la residente presenta un reclamo aduciendo lo ya mencionado, es probable que se derive su aceptación, generando un atraso innecesario dentro de su proceso de separación definitiva del posgrado”.

Así, y a pesar de que desde febrero se hablaba de la posibilidad real de separarla del programa para no incurrir en “atrasos innecesarios”, no fue sino hasta el 24 de julio que se le notificó, mediante el oficio PPEM-1328-2019 del que este medio tiene copia, su separación definitiva.

Tras presentar las primeras apelaciones a la separación final, en agosto de 2019, la estudiante también solicitó una medida cautelar ante la dirección del SEP y ante su decano en ese momento, Alvaro Morales Ramírez, en la que pedía que los seis docentes de posgrado a los que acusaba de acoso no tuvieran que evaluarla hasta que no se llegara a una decisión final en su caso.

La situación recrudeció (igual que en el caso de María) cuando Ana declaró que el acoso denunciado también se intensificó en el ala del PPEM. 

El oficio de Flory Morera

La denunciante asegura que el 11 de octubre del 2019, la entonces directora del PPEM, Flory Morera González, emitió un oficio dirigido a todos sus profesores, señalando que la estudiante se encontraba en un proceso de separación del programa de Dermatología.

Este oficio (PPEM-2334-2019, del cual este medio tiene copia) implica un nuevo acoso, pues en ese momento el proceso seguía abierto y con solicitud de medidas cautelares, por lo que no cabía emitir una notificación de ese tipo.

Según señaló Ana a Delfino.cr:

Este es un proceso confidencial, y ella solo emitió el oficio para que mis profesores, que no sabían nada, se enteraran y me dejaran mal a mí, tanto en la parte académica como en la profesional. Este es uno de los actos de acoso que más daño me ha hecho, porque luego tuve que ir a trabajar y darle la cara a profesores que ya sabían que yo iba para afuera, sin que hubiera terminado la vía administrativa”.

Tras este oficio, la estudiante presentó una primera denuncia por acoso académico y laboral ante la Rectoría de la UCR, que en ese momento estaba a cargo de Henning Jensen Pennington; a raíz de la misma, la rectoría solicitó que se abriese una investigación, como consta en el oficio R-7394-2019 del cual este medio tiene copia.

Sin embargo, denuncia Ana que el decano del SEP, Alvaro Morales Ramírez, “hizo caso omiso a esa solicitud” para luego, en enero del 2020, notificar el rechazo de la medida cautelar en la que Ana solicitó no ser evaluada por los profesores sobre los que pesaban las denuncias de acoso.

Esta vez el rechazo vino con el argumento de que no había presentado suficientes pruebas “cuando el expediente del SEP cuenta con cientos de folios de pruebas y escritos que respaldan el acoso denunciado”, como aseguró la estudiante. Ante esta decisión, posteriormente la doctora presentaría un recurso revocatorio.

Fue entonces que, como indicamos  más arriba, Ana acudió a la Defensoría Estudiantil Universitaria. Aquí es importante señalar que, como asegura Miryam Badilla, el margen de acción de la Defensoría Estudiantil es limitado: puede representar al estudiantado en las instancias universitarias correspondientes, pero no tiene potestad para ordenar que actúen en una u otra forma. Lo que la Defensoría sí puede hacer es abrir procesos administrativos internos y, de hecho, ya hay uno abierto ante la dirección del SEP por el caso de Ana; sin embargo, la decanatura aquí tampoco ha dado respuesta.

El 31 de enero del año 2020, la Defensoría Estudiantil Universitaria (DEFEUCR) envió una solicitud formal a Flory Morera pidiendo que se incluyera representación estudiantil en la Comisión PPEM, como está estipulado en el artículo 170 del Estatuto Orgánico de la UCR, a fin de poder estar presentes en las sesiones en las que se tratara el caso de la estudiante.

Ante esta solicitud, el PPEM emitió el oficio PPEM-371-2020 en el cual la doctora Flory Morera asegura que ese espacio no tenía porqué tener representación estudiantil, pues los estudiantes del PPEM “están lejos de la identidad universitaria e instalaciones físicas de la Universidad”, al tiempo que argumentó que “desde la creación de los Posgrado-PPEM, en 1975, no ha existido interés en que exista dicha representación estudiantil”.

Al respecto, Badilla declaró lo siguiente:

Cuando Ana me contactó, nosotros desde la Defensoría hicimos los primeros dos acercamientos con el Programa de Estudios del Posgrado solicitando que se nos permitiera estar en las comisiones donde se discutiría si ella seguía o no como estudiante. En el estatuto orgánico se dice que siempre debe haber una representación estudiantil en este tipo de espacios. Nosotros hicimos la solicitud desde noviembre del 2019 y no recibimos respuesta pronta a ninguna de las solicitudes. El PPEM nos contestó muchos meses después, diciendo que como nunca había existido un interés por parte de las representaciones estudiantiles de formar parte de estas comisiones, que estas ya se habían realizado y que no se nos permitía estar. Esto es demasiado contradictorio, porque nosotros enviamos las solicitudes para hacer valer la representación estudiantil en el PPEM con tiempo suficiente y porque no tiene nada que ver que las representaciones anteriores no hayan tenido interés en participar, eso no da ningún fundamento para negárnoslo a nosotros”.

Por su parte, en agosto del 2020, el Sistema de Estudios de Posgrado comunicó el rechazo a los recursos presentado por la doctora y ordenó de nuevo su separación del posgrado. Ahora con el agravante de que, según señaló Ana, se le había solicitado por escrito al Consejo del Sistema de Estudio de Posgrado que comunicara las fechas en las cuales sesionaría.

Pero nunca me indicaron las fechas en que se reunían a sesionar, mucho menos me permitieron estar presente. Esto es grave: el SEP no puede esconderle a los miembros de la comunidad universitaria cuándo sesiona y mucho menos ignorar que alguien ha solicitado estar presente dada la importancia que tienen las decisiones que ahí se toman para el estudiante”.

El caso rebotó varias veces entre la Rectoría y el SEP; se impusieron varios recursos más, pero aunque la Rectoría siempre devolvía el caso al SEP, este órgano siempre rechazó las apelaciones y omitió resolver los temas del fondo.

Aquí también la representante estudiantil fue crítica y enfática cuando señaló que:

Las respuestas del PPEM y de SEP dan vergüenza. Parece que no se han leído nunca el estatuto y que no saben ni lo que se tiene que hacer en casos como este”.

“El Consejo Universitario ni siquiera leyó el expediente”

Ante los rechazos del SEP y del PPEM, en agosto del año anterior, la Defensoría Estudiantil Universitaria decidió elevar el caso al Consejo Universitario (CU), a fin de que el caso de Ana se resolviera en una instancia superior.

Según denuncia la defensora Miryam Badilla Mora, el CU ni siquiera leyó el expediente antes de tomar la decisión final, pues cuando se reunieron para evaluarlo, señalaron que no se había aportado prueba, cuando toda esa documentación  consta en los folios del caso.

Según señaló la defensora:

Al final, la actuación del Consejo Universitario fue otra decepción, porque parecía que nadie hubiese revisado el expediente, lo que es gravísimo. Yo entiendo que uno no se ponga a leer cada página, pero la forma en la que nos lo rechazaron fue desastrosa. Dijeron que Ana nunca había solicitado que se le validara su periodo de prueba y eso demuestra que no leyeron ni por encima el expediente porque en las pruebas del expediente está todo. Dijeron que no lo estaban encontrando y… ¡Dios mío!”.

Así las cosas, el 14 de diciembre, el Consejo Universitario envió a la doctora la notificación del rechazo a su recurso en una resolución que, según aseguró la estudiante “incurre en groseras faltas a la verdad demostrando con dicho oficio que ni siquiera se dieron a la tarea de revisar superficialmente los expedientes (empezando porque se refieren a mí como docente: ni  siquiera se enteraron de que quien presentaba el recurso era una estudiante)”.

Sin duda, una de las cosas más dolorosas, decepcionantes e inconcebibles para mí fue el trato que el Consejo Universitario le dio a mi caso. Me llevé una tremenda sorpresa al darme cuenta de que el mismísimo Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica me entregaba un documento que prueba que el expediente ni siquiera se revisó superficialmente. Había creído que en este órgano encontraría seriedad, preocupación, justicia, y un análisis profundo de un caso que llegó a sus manos casi dos años después de acontecidos los hechos, y la respuesta que obtuve fue dolorosa, decepcionante y muy preocupante”, señaló la doctora.

A esta falta de respeto, se suma el oficio CU-46-2021, en el cual la Directora del Consejo   Universitario, Patricia Quesada Villalobos, etiqueta como “reproches” las denuncias de acoso presentadas por la estudiante. El documento, del que este medio tiene copia y que fue dirigido a Ana el pasado 13 de enero, señala que:

Revisada la documentación por usted remitida, queda constancia de que no hay petición que deba ser atendida por el Consejo Universitario, instancia que tras la resolución desfavorable de su recurso extraordinario de revisión, finalizó el conocimiento de los reproches relacionados a su caso”.

Además, y en respuesta a lo resuelto por el Consejo Universitario, el nuevo Decano del SEP, Olman Quirós Madrigal (quien sustituye a Álvaro Morales), emitió el oficio SEP-24-2021, en el que explícitamente “me hace una invitación a demandar a la Universidad”, según consta en el oficio firmado por Quirós:

Independientemente de que exista o no pronunciamiento respecto a su recurso de revisión, incluso sin que le ostentara la obligación de esperar las resultas de los recursos ordinarios incoados por su persona contra su separación, siempre le ha asistido el derecho de acudir a la vía judicial, toda vez que no es requisito el agotamiento de la vía administrativa para hacerse escuchar en esa otra vía”.

Consultada sobre esta respuesta, la doctora señaló que:

Me argumentan que no estoy obligada a esperar que me resuelvan los recursos, ya que no es requisito el agotamiento de la vía administrativa para acudir a la vía judicial, sin importarle en lo más mínimo velar por los intereses de la Universidad. Para mí es inconcebible que quien ostenta el privilegio de una decanatura en la Universidad de Costa Rica, invite abiertamente a una estudiante a demandar a la Universidad por la incompetencia que ha tenido el mismo órgano que representa a la hora de resolver mis recursos.”

El caso se elevó también a las Vicerrectorías de Investigación y Docencia de la UCR que ahora deben investigar las denuncias presentadas y pronunciarse al respecto. Estas denuncias se hicieron de la mano de María, la estudiante de Ortopedia cuyo caso les detallamos en la nota que abre este reportaje.

Si bien a la fecha Investigación aún no se ha referido al tema, Docencia contestó el pasado 10 de marzo mediante un documento que señala que se avalan los informes presentados por el SEP y el PPEM que calificaron como falsas las denuncias de las dos estudiantes. Según consta en el oficio VD-636-2021, firmado por el vicerrector José Ángel Vargas Vargas, y del que este medio tiene copia:

Se coordinó con el equipo legal y académico quienes analizaron la documentación enviada y estimaron que es menester avalar los informes brindados por las autoridades del Sistemas de Estudios y el Programa de Posgrado”.

Al respecto, la doctora es muy enfática al señalar que:

Esos oficios que Docencia pide avalar son aquellos en los que nos llaman mentirosas, donde le dicen a María que las pruebas que aportó son un fotomontaje y a mí que no he podido demostrar en la vía administrativa el acoso que sufro. ¿Qué digan que una es una mentirosa porque no ha podido demostrar en vía administrativa el acoso que sufre? Pero ¡obvio! si es imposible que uno logre demostrar algo en vía administrativa, si los decanos, que son los que se supone que tenían que hacer esto bien, se han dedicado a obstruir, desechar y ponerle piedras en el camino a los procesos para que las denuncias se  archivaran”.

En esta vicerrectoría ni siquiera se dignaron leer los expedientes. Ahora esperamos que la vicerrectoría de Investigación sí los lea y haga su trabajo, luego de pedirle más tiempo al rector para analizar toda la información de estos casos, que llevan años”.

La Junta de Relaciones Laborales y la Comisión Instructora Institucional

¿Se acuerdan de que antes les mencionamos que la condición laboral de los estudiantes del posgrado de Medicina implica una doble jefatura? Pues bien, apelando a esta segunda instancia, y en vista de que en la primera el expediente no se movía, en mayo del año anterior, tras ser recusada por la estudiante, la decanatura del SEP optó por elevar el caso a la Junta de Relaciones Laborales de la Caja y a la Comisión Instructora Institucional de la UCR.

En junio del 2020, esta Comisión emitió una resolución interlocutoria en la que solicitó reabrir el caso para su estudio y análisis. La orden consta en el documento de Resolución Interlocutoria CII-083-2020, de la que este medio tiene copia, en la que se señala que en las resoluciones emitidas por el SEP para este caso particular se “incurre en un error de sustentación normativa que puede acarrear consecuencias negativas”:

De manera errada, el reproche efectuado a los docentes denunciados como hechos constitutivos de ‘acoso laboral’, sigue un procedimiento errado (...). Significa esto que el procedimiento se encuentra viciado, lo cual puede acarrear la nulidad futura de todo lo actuado. El jerarca tiene la obligación de analizar la naturaleza de los reclamos de la denunciante, estableciendo una división entre aquellos que son de naturaleza del disciplinario común y los que son pertenecientes a la órbita del hostigamiento o acoso laboral; de esta manera, se incumplió con la directriz dada por Rectoría en el oficio R-7394-2021, datado 29 de octubre de 2019, mediante la cual se giraron instrucciones con el fin de que se realizaran las investigaciones preliminares del caso”.

Es decir que la Comisión ordenó que se revisara de nuevo el caso y se enmendara la  resolución de inicio, en caso de que, tras el análisis respectivo, se considerara procedente, a fin de que se les diera el trámite adecuado a las denuncias de hostigamiento y acoso.

El tema es que tras ese oficio no ha pasado nada. Aquí de nuevo,  como en el tema de la medida cautelar que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo con María, el SEP hizo caso omiso de la orden.

Según señala la estudiante:

El doctor Olman Quirós, en el Oficio-SEP-3380-2020, fue capaz de indicarle al Consejo Universitario que al no ser estudiante activa del PPEM, se perdía el interés en conocer las medidas cautelares solicitadas contra los docentes, e igual de grave aún, a todos los miembros del Consejo del SEP les pareció correcto que la que debía de sufrir las consecuencias por haber denunciado el acoso era yo, dejando en el olvido las denuncias por acoso interpuestas, así como el recurso de revocatoria con apelación en subsidio de las medidas cautelares. Esto dio lugar a que yo tuviera que acudir nuevamente ante la Rectoría a exponer el caso”.

Finalmente, y para concluir el trámite en el SEP, en octubre del año pasado, el decano Quirós emitió un oficio (el SEP-3436-2020) en el que solicitó que fuera la Caja la que tomase las decisiones respecto a este caso, algo que la doctora rechazó, señalando que “la CCSS no tiene nada que ver en el asunto”.

No son ellos los que me han acosado, quienes me han acosado han sido los doctores en función de su ejercicio como docentes universitarios y esas denuncias hoy, casi dos años después de presentadas, siguen impunes. Por eso es la UCR la que tiene que responder”.

“El PPEM cambia la condición de nombramiento de los docentes investigados por acoso para que no den la cara"

Otra de las denuncias de Ana señala que, como su proceso en la Junta de Relaciones Laborales estaba próximo a empezar, el PPEM presentó un oficio en el que indica que tres de los docentes denunciados se encuentran trabajando actualmente de manera “ad honorem”.

Este cambio en la condición de los docentes, que no aplicaba cuando la estudiante denunció los hechos, implica que no los rige la Convección Colectiva de la UCR y que, por tanto, las denuncias contra ellos no puedan elevarse ante la Junta de Relaciones Laborales.

Para terminar de poner la cereza en el pastel de la protección del acoso, mi denuncia está interpuesta desde 2019 y ahora que pido al PPEM una certificación de la condición de nombramiento de los profesores a los que tengo acusados, la actual Directora del PPEM, Lydiana Avila, emite el oficio PPEM-234-2021 donde se aprecia el cambio en la condición de nombramiento de los docentes investigados. Entonces, como Fulano y Sutano no reciben salario, no van a dar la cara por la denuncia ante la Junta de Relaciones Laborales”.

La estudiante catalogó este hecho como una maniobra ejecutada por el PPEM para protegerlos.

Lo gravísimo es que, cuando pedí las certificaciones, el PPEM corrió a cambiarle la condición de nombramiento a los docentes investigados por acoso; por eso, tuvimos que correr para presentar una nueva  denuncia ante el Rector, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, para que el proceso de investigación llegue hasta las últimas consecuencias”.

La doctora concluyó señalando que si bien nunca ha sido su intención demandar a la Universidad, ante su situación actual y las respuestas tan deficientes de las autoridades universitarias, puede que este sea el único recurso que le quede. 

¿Dónde no he ido y dónde no he tocado puertas para evitar una demanda? Para mí, lo más inconcebible es que ni los decanos ni  el vicerrector de docencia, ni el Consejo Universitario se dignen leer los recursos que se presentan. Después de dos años de sufrir todas estas estas situaciones con conocimiento de causa y con cientos de oficios en mis manos, puedo afirmar que la orden es ‘niegue, niegue, niegue todo’. ¿Cómo no les preocupa que la Universidad termine demandada por sus omisiones?” Y le aseguro que no somos las únicas estudiantes que hemos sido acosadas en el PPEM, solo hemos sido las únicas valientes que nos hemos atrevido a denunciar.