No hay duda que la conectividad es cada vez más trascendental para nuestra sociedad global. Tampoco hay duda, ojalá no fuera así, de que miles de estudiantes hoy no han podido continuar con sus clases en modalidad virtual y esto merece muchísima atención y acción de política pública. Son muchos los factores que influyen en la brecha digital de los países: se calcula que más de tres mil millones de habitantes en el planeta, no tienen un acceso adecuado a internet según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (si, esto no es ni mucho menos un tema único de Costa Rica). Si bien no pretendo soslayar en lo absoluto algunos componentes de la brecha digital como el acceso (cobertura) y la tenencia de equipamiento adecuado, me enfocaré en este breve espacio en uno de estos factores, el de asequibilidad (precio) y sobre él, desmitificar algo que con ligereza se menciona como uno de los responsables de la brecha digital y de la conectividad de los niños y jóvenes: “el cobro por descarga”.
Durante el 2016 y el 2017, ciertos grupos adversaron la declaratoria de competencia efectiva, establecida en la Ley General de Telecomunicaciones, que daba pie a liberar -como es la buena práctica internacional- las tarifas de los servicios móviles. Su argumento principal, justamente: que el “internet se encarecería en un 900% a causa del modelo de cobro por descarga”.
Estos argumentos, generados incluso desde sectores académicos, no son para nada novedosos y en el fondo fueron similares a los vertidos durante la discusión de la apertura del sector de las telecomunicaciones, 10 años atrás. En esencia clamaban -en uno y otro momento- que los operadores cobrarían por cada unidad de transferencia de datos y que el servicio de internet se volvería impagable para la mayoría.
Para entrar en materia sobre lo que denomino el mito del cobro por descarga, esta argumentación parte de la base de establecer una relación lineal sobre el presunto costo promedio o de mercado de una unidad de datos (1GB para simplificar) y a partir de ahí, se extrapola ese precio unitario por un cierto requerimiento de conectividad. Ejemplo: si una hora en una plataforma colaborativa de video (Teams, Zoom, Google-Meet, etc) equivale más o menos a 1GB de consumo, y el “precio” de ese 1GB es de 2.500 colones, entonces un estudiante requiere de 25.000 colones semanales para conectarse desde su celular prepago, suponiendo 2 horas diarias de lecciones por esa vía. Resulta evidente que tal suma es muy elevada, y que, llevado a un mes (100.000 colones al menos), equivaldría entre un 49% y un 26% de los ingresos de hogares del decil 1 y 2 respectivamente, de acuerdo con los datos del INEC para julio de 2020.
Esto ha llevado a planteamientos tales como “suspender el cobro por descarga” o “focalizarlo” que no buscan sino volver a un esquema de control de precios y condiciones. Pero la realidad es otra y por eso, al igual que los argumentos que con tan poca profundidad circularon en 2007 y 2017, estos planteamientos parten de una base absolutamente equivocada que el tiempo se ha encargado de demostrar.
Los operadores de telefonía móvil actúan en un mercado bastante competitivo. Si bien alguien podría señalar que es un mercado únicamente de tres operadores, esta es la estructura típica de los mercados más desarrollados y, de hecho, con una tendencia a una concentración por la cantidad de inversiones requeridas y las obligaciones que recaen sobre el sector, aspecto del cual Costa Rica no escapa. Como sea, como cualquier otro bien o servicio en competencia, no solamente los operadores no pueden cobrar mucho más que sus adversarios comerciales, sino que existe una presión competitiva que lleva a disponer de precios y condiciones cada vez más favorables. Estamos en presencia de un sector cuya demanda por servicios -especialmente en internet móvil- es absolutamente creciente lo cual exige incrementar tanto cobertura como capacidad de las redes móviles, pero con ingresos cuando mucho constantes. Para muestra, según el último informe estadístico de la SUTEL, en 2019 versus el 2018, en Costa Rica mientras que el tráfico de datos móviles creció en un 22%, los ingresos de los operadores móviles decrecieron en un 0,5%. Si bien no se han publicado aún los datos del 2020, puedo adelantar que los ingresos se verán reducidos en un porcentaje aún mayor y por supuesto, el tráfico se habrá incrementado de forma más importante que para el año anterior producto de las necesidades acaecidas durante la Pandemia.
Esta evolución en ingresos, tanto en Costa Rica como en todo el mundo, es consecuencia directa de una tendencia de precios decrecientes. De julio del 2017 (año base) a diciembre de 2019, de acuerdo con el índice de precios de la misma SUTEL, los precios en prepago han decrecido un 9% y en pospago un 14%. Veámoslo con un simple ejemplo: mientras que, a inicios del 2017, el plan básico en pospago (Movistar) costaba 12.000 colones e incluía 3GB de datos, actualmente el mismo plan cuesta 10.500 colones, pero incluye hasta 12GB de datos más redes sociales ilimitadas y esto sin considerar, la diferencia en velocidades que de un periodo a otro se puede haber multiplicado por un factor de 5 o 10 veces u otras prestaciones adicionales del plan (minutos ilimitados, entre otros).
Así como se dio esta reducción de precios relativos en pospago, así se dio también en prepago. ¿Recuerdan el ejercicio de los 100.000 colones por mes para uso de las plataformas de video? Nuevamente, es infundado. En el mercado han proliferado opciones que van desde los 400MB por 600 colones para navegar sin restricción, 1GB más redes sociales ilimitadas desde los 2.000 colones y soluciones más enfocadas a las necesidades actuales derivadas de la Pandemia. En el caso de Movistar (y lo cito por ser mi representada, pero en realidad todas las empresas tienen paquetes u ofertas asimilables), por 2.000 colones, cualquier usuario puede acceder a 10GB en las citadas plataformas de video. Es decir, 2.000 colones vs los “supuestos” 25.000 colones. Esto, sin contar que algunos de los operadores mantenemos hoy sin cobro alguno (es decir, sin consumo de datos) páginas como la del mep.go.cr y otros sitios institucionales y de educación. Entonces, alternativas sobre el precio y las condiciones hay hoy y, habrán mañana, no hay duda de ello.
Las ofertas son amplísimas y tienden a alejarse del cobro a granel o por unidad de consumo y más bien, buscan generar paquetes que atiendan diferentes necesidades.
Noten que esta evolución de precios y condiciones se da ya en el marco de la liberalización tarifaria, es decir, no obedece a una disposición regulatoria ni a ninguna intervención tarifaria. Por eso, aquel mito que con el cobro por descarga el precio del internet se encarecería un 900%, no tenía ningún fundamento ni tampoco, hay que decirlo, ninguna seriedad.
Con este breve ejercicio, pretendo demostrar que los discursos políticos o ideológicos siempre deben contrastarse técnicamente contra lo que se tiene y contra la historia reciente. Las soluciones mágicas, tipo proyectos de ley que pregonan que de golpe y plumazo todos los niños y niñas verán resueltos sus problemas de conectividad, no son reales y deben mirarse con recelo, precisamente porque como señalaba al inicio, la brecha digital es multi factorial.
Por último, pero eso es tema para otra discusión, es sorprendente que este mito ahora se extrapole también a lo “impagable” que resultará en el mediano y largo plazo el 5G en Costa Rica para los usuarios, dada la enorme cantidad de datos que se pueden transferir a partir de velocidades que pueden ser incluso 100 veces las actuales. Al respecto un adelanto: como no sucedió antes, tampoco sucederá así luego. Ningún operador en el mundo está pensando -no por altruismo sino por realidad técnica y de mercado- en “cobrar por descarga” las capacidades de transferencia de datos del 5G. El mito es mito para la tecnología actual y la venidera.
