Por Isabella Guardiola Ortiz - Estudiante de la Licenciatura en Odontología
Desde el inicio de la pandemia en Costa Rica se ha procurado implementar la mejores medidas sanitarias posibles, como son la cuarentena, el uso de cubrebocas, el respeto por el distanciamiento y “burbujas sociales”, para evitar primeramente el contagio masivo, que provoca el colapso en diferentes áreas de los hospitales, especialmente la UCI, y buscar que las muertes sean las menores posibles. Al sufrir un colapso hospitalario que lleva al límite todos los recursos a nivel país, se debe empezar a seleccionar el paciente en el momento de su atención y, según los acuerdos internacionales, la forma más recomendada en esta situación es dar prioridad al paciente que muestre una mayor capacidad de sobrevivencia.
Esta solución solo sería implementada en el momento que el país ya no dé abasto, cuando el personal médico y el equipo, como los respiradores y camas, ya no sean suficientes para atender a la población enferma. Los lineamientos bioéticos ante la pandemia por SARS-CoV-2 desarrollados por los miembros de la CCSS describen que para la atención de usuarios con COVID-19 ante el colapso del sistema de atención en salud del país, se debe dar prioridad a la atención de personas que tengan la máxima supervivencia (Marín et al., 2020). Además de priorizar la atención de las personas con COVID-19 que tengan una mayor probabilidad de recuperación, esto siempre y cuando se tenga la mayor evidencia científica, en la medida de lo posible debe ser consensuada y públicamente defendible, respetando los principios de no maleficencia y beneficencia que velan por prevenir el daño y producir el mayor bien posible.
Muchos se podrían plantear distintas soluciones antes de llegar a tal dilema, por ejemplo, que no ocurra una selección entre pacientes sino que el país maximice todos sus recursos para evitar llegar a esa posición y no caer en el dilema antiético de poner a un funcionario a elegir sobre la vida o muerte de un paciente. Esta solución se podría apoyar en hechos como que la CCSS podrá hacer uso de las camas de cuidados intensivos disponibles en el sector privado con el fin de ampliar la capacidad de internamiento de pacientes COVID-19 (Ministerio de salud pública Costa Rica, 2020), o el desarrollo de respiradores hechos por la universidades públicas que ya han sido aprobadas por el Ministerio de Salud (Grajales, 2020). Sin embargo, lastimosamente hablamos de una situación que, con el ritmo que lleva el país, es casi inevitable que el colapso en el sistema de salud ocurra, y cuando se llega a ese punto es porque las soluciones alternativas como las mencionadas anteriormente no fueron suficientes.
En el momento que el país llegue al temido colapso, los funcionarios de salud deben iniciar la toma de decisiones; realmente ellos se ven en este tipo de escenarios frecuentemente debido a la naturaleza de su profesión y en buena teoria deben estar capacitados bajo los reglamentos bioéticos para tomar decisiones difíciles. A pesar de todo, lo que se espera es el cumplimiento de la no discriminacion al paciente por razones de edad, sexo, condición social o nacionalidad, y se darán todos los esfuerzos posibles para salvar el mayor número de vidas con los recursos que se encuentren disponibles en el momento.
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