Este jueves 11 de marzo se consumó la salida de la Defensoría de los Habitantes del proyecto de contención del VIH en Costa Rica que se ha trabajado desde 2016 con la organización HIVOS y con recursos del Fondo Mundial.
Como les hemos venido informando, se trata del "Proyecto País: Costa Rica un modelo sostenible de prevención combinada y atención a la población de hombres que tienen sexo con hombres y Trans Femenina" que ha generado polémica en torno a la institución de Barrio México en las últimas semanas.
Este jueves desde Delfino.cr conversamos con la directora de HIVOS en Costa Rica, Laura Sánchez Calvo, quien además dirige el Proyecto VIH-CR para ahondar sobre la posición de la organización respecto a esta salida.
En la conversación, Sánchez nos confirmó que tras el oficio DH-0118-2021 enviado por el despacho de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho a la directora Regional para la Oficina del Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo-HIVOS de América Latina y el Caribe, Tanja Lubbers el pasado 10 de febrero, ayer se cumplió el plazo en que quedaba en firme la decisión, dejando por fuera del proyecto al ente defensor a partir de hoy.
Según Sánchez, la decisión les ha tomado con extrañeza pues aunque se ha dicho de todo, ni la institución ni el despacho de Crespo han tenido mayor comunicación con la organización respecto a los motivos de salida del programa.
Nosotros lo que hemos tenido es mucha confusión: primero recibimos una nota de doña Catalina diciendo que la salida es por un tema presupuestario y sin haber ninguna reunión o comunicación previa con nosotros, posterior a esa respuesta sale un comunicado, no una carta oficial a HIVOS sino un comunicado público en la que ya se habla de otra razón que es la de la administración activa, eso no se nos había mencionado en la primera carta; y luego sale en medios de comunicación, de nuevo no comunicándonos formalmente a nosotros ni mucho menos, todo este tema de posibles malos manejos".
Como ustedes recordarán, en primera instancia en el oficio del 10 de febrero, la Defensoría señaló que saldría del proyecto con HIVOS debido a "la precariedad de la situación presupuestaria de la Defensoría de los Habitantes". Posteriormente y luego de que la noticia saliera publicada en medios de comunicación, el 23 de febrero la institución emitió un comunicado señalando que la participación en el proyecto supone que se ejecuten funciones de "administración activa" que, sostienen, los ponen a fungir como "juez y como parte" ante la eventualidad de conocer denuncias contra el funcionamiento del programa.
Dato D+: Lea más información en las notas Población trans: "Parece que el Estado se está agarrando de la pandemia para abandonarnos" y Defensoría se defiende tras salida de proyecto VIH; Salud señala que decisión es "lamentable".
Posterior a lo anterior, varios medios de comunicación han señalado presuntas irregularidades en el manejo de los recursos que el Fondo Mundial otorgó a HIVOS para que dispusiera en la ejecución de este proyecto, asegurando que incluso personas allegadas a los dos últimos gobiernos del PAC se han visto beneficiadas con contrataciones.
Al ser consultada al respecto, la directora de HIVOS en el país se mostró preocupada señalando que "se quieren hacer vínculos que parezcan sospechosos cuando no lo son".
En términos de la vinculación que se ha querido hacer con respecto al PAC, HIVOS es una organización que no tiene vínculos partidarios, sin embargo por supuesto coordinamos con el gobierno de turno y así lo hemos hecho siempre, no importa cuál partido político esté en el gobierno".
Sánchez aseguró que a Margarita Salas (actual comisionada LGTBI+ y una de las personas señaladas en prensa) sí se le contrató como parte del proyecto pero en el periodo 2016-2017, al tiempo que agregó que "Margarita siempre ha sido una consultora muy reconocida y en su momento, después de un proceso de selección transparente se le contrató". En el caso de Luis Salazar (anterior comisionado LGTBI+) Sánchez confirmó que tuvo coordinación con HIVOS cuando era comisionado presidencial en materia LGBTIQ+ pero negó que este recibiese algún pago o contratación por el proyecto, como se sugirió en medios.
La encargada del proyecto lamentó incluso que el tema llegase a la Fiscalía costarricense, pues "doña Catalina pudo haberse comunicado con nosotros directamente para aclararle, antes de recurrir al Ministerio Público".
De nuestra parte sí vemos con extrañeza todo lo que ha estado sucediendo y cómo conforme pasan los días cambian o se agregan más causas, sin comunicárnoslas a nosotros de manera directa y formal".
HIVOS contradice a defensora
En la conversación con este medio, la representante de HIVOS para Costa Rica contradijo todos los argumentos que ha presentado la dirección de la Defensoría de los Habitantes para justificar su salida del proyecto país.
El primero fue el tema que ha asegurado Crespo Sancho en los últimos días, referente a su presunto desconocimiento sobre los detalles del proyecto, pues según señaló Sánchez, hay menciones de este en las más recientes rendiciones de cuentas ante la Asamblea Legislativa.
Cuando doña Catalina Crespo asumió el puesto de defensora, el personal técnico que tenía en su conocimiento el proyecto fue quien le puso en conocimiento. Nosotros como HIVOS no tuvimos contacto directo con ella pero entendimos que ese personal la había puesto al tanto puesto que la ejecución del proyecto seguía transcurriendo sin problema. Aunque ella ha manifestado que no conocía del proyecto, por ejemplo en el 2019 ella nos envió una carta en relación al proyecto y en los informes anuales de la Defensoría tanto el del periodo 2018-2019 como el de 2019-2020, en ambos hay un claro reporte del proyecto y se habla explícitamente de este y de lo que en el contexto del proyecto desarrolla la Defensoría, de forma que ella no podría desconocer ese informe que ella misma firmó y envió a la Asamblea Legislativa".
Además, la representante de HIVOS también cuestionó los dos argumentos iniciales del ente defensor para justificar su salida: el del riesgo de fungir como administrador activo y el de la falta de presupuesto para seguir operando.
Sobre el primer escenario, Sánchez indicó que las labores de promoción de los derechos humanos y de prevención de la discriminación más bien son funciones propias del ente defensor, estipuladas así por ley, por lo que señaló que desde el inicio se optó por incluir a la Defensoría en estas funciones:
Desde el inicio del proyecto y en el 2018 cuando se firmó un adéndum, los acuerdos han sido revisados ampliamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Defensoría y durante estos años de ejecución del proyecto nunca antes se había planteado el argumento de la administración activa, todo lo contrario: de nuestra parte hemos entendido que todo lo que hemos hecho en el proyecto está en línea con las funciones de la institución establecidas por ley, tanto en la línea de prevención como en promoción de derechos. Por eso para nosotros es muy extraño que ahora se plantee este argumento, no solo porque es algo que nunca antes se había planteado, sino porque lo que ha venido haciendo la Defensoría en el contexto del proyecto son sus funciones regulares solo que con recursos de la cooperación internacional".
Además, la directora de HIVOS tampoco dio acuse al argumento de que no se cuentan con los recursos necesarios pues más bien indicó que en los últimos 6 años, el proyecto ha presupuestado para la Defensoría más de $245 mil dedicados exclusivamente para estas labores.
El corte que nos suministró Sánchez señala que en el periodo que va de 2015 a mediados de 2018 se giraron $101.491, mientras que en el que va de julio de 2018 a la fecha se presupuestaron $143.542.
Cuando recibimos la carta de la señora defensora expresándonos que el convenio se termina por razones presupuestarias, para nosotros fue muy extraño porque el convenio más bien ha puesto a disposición de la Defensoría recursos que son propias de sus funciones. El proyecto es el que ha venido a poner recursos para por ejemplo alquiler de espacios, alimentación y demás. La contrapartida en especie que ha dado la Defensoría en estos años ha sido el tiempo de su recurso humano pero si pensamos que estas son funciones propias y naturales de la institución que no pueden ser abandonadas, pues pensamos que estas son funciones que el recurso humano va a tener que seguir desarrollando. Realmente este argumento presupuestario más bien nos extraña".
Según Sánchez, a poco más de tres meses de finalizar esa segunda fase del proyecto las funciones que quedan pendientes por parte de la Defensoría de los Habitantes no son muchas, de hecho lo que hace falta es la realización de unos videos que pretendían apoyar el proceso de capacitación para el funcionariado público en materia de derechos de la población LGBTIQ+, una acción que tenía asignados $23 mil de presupuesto.
Sin embargo, es el tema de la pérdida de la institución como aliado estratégico lo que preocupa a la organización en este momento, pensando también en una tercera fase de implementación y en una nueva negociación para ampliar con el Fondo Mundial.
Este órgano, si bien no ha señalado que se vayan a cancelar las labores a futuro, ya solicitó que HIVOS emita un reporte sobre lo que está sucediendo y sobre cómo se han manejando los fondos de la donación, a raíz de las noticias publicadas recientemente.
La principal implicación de la salida de la Defensoría es la pérdida de un socio absolutamente estratégico en materia de derechos humanos. La Defensoría fue seleccionada desde 2015 para participar en este proyecto porque el proyecto tiene un componente muy importante de defensa de los derechos humanos de las personas con VIH y las personas más afectadas por este virus. Por supuesto que de cara a que esto sea sostenible en el tiempo, siempre se ha apostado para que estas funciones las realice la Defensoría como instancia a la que por ley le corresponde. Uno podría realizar estas funciones con otra contraparte pero ninguna va a tener la autoridad moral y toda la investidura institucional que tiene la institución en materia de derechos humanos".
De cara a la nueva fase que va a iniciar en julio de este año y por otros tres años, también se tenían comprometidos otras acciones y otro presupuesto en el que tendremos que buscar nuevas contrapartes que como le decía, nunca van a ser ideales como la Defensoría. Además tendremos que cambiar algunas cosas porque por ejemplo, para la siguiente fase había una acción de armonizar los distintos mecanismos de denuncia que existen para que todos lleguen a la Defensoría como la instancia por excelencia para recibir denuncias y eso ya no lo vamos a poder hacer con nadie más porque eso es muy propio de la institución".
Según la directora, más allá de la continuación del proyecto que, señala, es factible seguir sin el ente defensor, lo que preocupa en el ala de HIVOS es la decisión que la Defensoría está tomando y las señales tanto a lo interno como a nivel internacional que una decisión de este tipo puede representar:
Más allá del proyecto, la gran preocupación es que la Defensoría no abandone a este tema ni a estas poblaciones porque eso sí sería muy lamentable".
Caso será investigado en la Asamblea
Sumado a todo lo anterior, esta tarde se presentó una moción en la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en la que se solicita la comparecencia de la defensora Crespo Sancho el próximo martes, para que explique las razones que motivaron a la institución a salir del proyecto de contención del VIH en el país.
Además, también se presentó otra moción que buscará que todos los implicados formen parte de esta investigación, esta vez dejando a Crespo como la última compareciente.
Ambas mociones tendrán que votarse en la comisión de derechos humanos que tiene el tema en agenda para la próxima semana.
Esta elevación del caso a conocimiento de los Supremos Poderes se une al recurso de amparo que el día de ayer presentó el diputado oficialista Enrique Sánchez Carballo, luego de que la dirección de la Defensoría no contestase un oficio enviado a finales de febrero, con interrogantes sobre las razones de la institución para salir del Proyecto VIH-Costa Rica.
Además, la Asamblea Nacional de la Persona Joven (ANPJ), órgano adscrito al Consejo de la Persona Joven (CPJ) del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) aprobó a su vez una moción donde se indica que la ANPJ como órgano máximo del sistema nacional de juventudes, rechaza la decisión de Crespo y solicita la reincorporación al proyecto.
