La Defensoría de los Habitantes emitió un comunicado este martes en el que defiende la decisión de sacar al país del "Proyecto País: Costa Rica un modelo sostenible de prevención combinada y atención a la población de hombres que tienen sexo con hombres y Trans Femenina" que se lleva a cabo con la organización HIVOS para el apoyo de población VIH positivo en Costa Rica.

Como les comentamos el día de ayer, la Defensoría de los Habitantes dio a conocer esta semana que se saldrá del proyecto, argumentando "la precariedad de la situación presupuestaria" de la institución; una postura que cayó bastante mal en las organizaciones que atienden a la población beneficiada por el proyecto (hombres que tienen sexo con hombres, de las poblaciones trans y de las personas que viven con VIH/SIDA).

De hecho, la activista y fundadora de la organización Transvida, Dayana Hernández González, señaló ayer a Delfino.cr que:

Esta acción que están tomando de rescindir el convenio de HIVOS en el marco del proyecto del Fondo Mundial, me parece que es el atentado máximo hacia los derechos humanos. Parece como si el Estado se estuviese agarrando de la pandemia para abandonarnos a nosotras.

Este martes, sin embargo, la Defensoría emitió un comunicado en el que señaló que, a diferencia de lo que expuso en el oficio DH-0118-2021 (donde solo justificó a Hivos la salida por motivos económicos):

El departamento Legal de la DHR ha manifestado de manera reiterada, los  inconvenientes de naturaleza legales y jurídicos que comporta la participación  de la institución en términos de administración activa, ya que la naturaleza de la intervención de la Defensoría reviste una especial connotación, toda vez que no sustituye de modo alguno las actuaciones materiales ni las omisiones de las instituciones que conforman la Administración Pública".

Según la institución, la naturaleza de su labor es la de fiscalizar acciones en pro del resguardo de los derechos humanos de la población, no la coordinación de estas. Por tanto, la Defensoría sostiene en su descargo que la participación en el convenio con HIVOS supone que se ejecuten funciones de "administración activa" que, sostienen, los ponen a fungir como "juez y como parte" ante la eventualidad de conocer  denuncias contra el funcionamiento del proyecto.

La autonomía e independencia de la DHR reside en el mandato legal que le impone funciones fiscalizadoras y no ejecutoras de actos propios de la  administración activa. En este sentido, los principios de objetividad e  imparcialidad como Instituto Nacional de Derechos Humanos, le es consustancial al resguardo de su independencia administrativa, funcional y de  criterio, características que fueron reservadas en su ley de creación".

La institución aseguró continuará ligada al proyecto HIVOS mediante la fiscalización y el control de legalidad de las acciones, vigilando a los demás actores institucionales involucrados (como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud la Dirección General de Migración y el Instituto Mixto de Ayuda Social), "que sí ejercen por  mandato propio la administración activa" del proyecto.

Tras las críticas de ayer, además, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, señaló que:

Como Defensora de los Habitantes, reafirmo mi compromiso de continuar  impulsando la ejecución de acciones desde la institución, que incidan en la  protección de los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas del país”.

HIVOS y Salud reaccionan ante anuncio

La noticia, por supuesto, no sentó bien en ningún lado. La primera institución en responder fue la propia organización HIVOS, quienes el pasado 11 de febrero (un día después de recibir el anuncio de la Defensoría) señalaron que "lamentan profundamente la decisión que está tomando la institución".

El documento firmado por la directora Regional para la Oficina del Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo-HIVOS de América Latina y el Caribe, Tanja Lubbers, señaló que:

En su rol como receptor principal del Proyecto País, HIVO lamenta profundamente la decisión que está tomando la Defensoría de los Habitantes, no sólo en cuanto a la fiscalización del Convenio Marco, sino sobre todo por lo que esto implica para la respuesta nacional al VIH (...) Lamentamos no poder seguir contando con las acciones estratégicas que la Defensoría ha desarrollado e impulsado en términos de control de legalidad, justicia y ética, defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. Sin duda, esto generará un vacío importante en términos de un actor estatal clave para la respuesta nacional al VIH y sobre todo, la salida a la Defensoría en estos espacios y acciones deja desprotegidas a algunas de las poblaciones más vulnerables del país, sobre todo en el contexto de pandemia en el que estamos".

Para HIVOS además, la razón material no es un motivo suficiente para abandonar el proyecto (la Defensoría señaló en su primera comunicación que el costo de estar en el proyecto les equivale aproximadamente de 31 millones de colones anuales), pues para eso justo es que están los recursos del Fondo Mundial que se vuelven aún más necesarios en el actual contexto de pandemia.

Durante los últimos años y con el apoyo financiero del Fondo Mundial, la Defensoría de los Habitantes ha tenido un rol central, en concordancia con su misión en la respuesta nacional al VIH, incluyendo su activa participación en las acciones del proyecto VIH-CR. Tal como usted misma lo menciona, y precisamente por el contexto de crisis económica que el país está viviendo actualmente, parece ser que es ahora cuando debería tener más sentido aprovechar el financiamiento y la asistencia técnica que esta plataforma ofrece para que la Defensoría pueda seguir cumpliendo su rol y sus obligaciones y no abandonar las por falta de presupuesto".

Por su parte, el Ministerio de Salud también emitió un oficio, esta vez el pasado miércoles 17 de febrero, en el cual el despacho de la viceministra Alejandra Acuña Navarro, calificó como "muy lamentable" la decisión de la defensora.

En Costa Rica las personas que viven con VIH cuentan con un marco jurídico que busca  proteger y garantizar sus derechos. Sin embargo, aún se enfrentan violaciones de derechos tanto  a nivel individual como estructural, siendo evidente que permanece el estigma y la discriminación  hacia las personas con VIH.  La misma Defensoría ha documentado e indicado sobre este tipo de situaciones, por lo cual el  trabajo implica retos sociales que trascienden por mucho el derecho a la salud. Las alianzas  interinstitucionales e intersectoriales han sido estrategias privilegiadas para la Defensoría en lo  relacionado con este tema, con el fin de brindar una respuesta efectiva e integral por parte del  Estado.  La certeza de que este ente defensor tiene entre sus temas de interés la situación de la población  que vive con VIH parece haber provocado que las instituciones ahora le presten mayor atención,  por lo cual, es de ventajoso contar con una Defensoría sensible y comprometida en la defensa de  sus derechos".

Según Salud, en Costa Rica habitan cerca de 15.000 personas que viven con VIH, a lo que agregaron que esta "es una epidemia concentrada en poblaciones que ya han sido vulneradas en otros contextos, por lo cual los esfuerzos buscan contener la incidencia de casos en la población en general".

El Ministerio recordó además que, sobre el tema económico que en primer momento señaló la Defensoría, fue la misma institución la que solicitó que los recortes no limitaran las capacidades de atención para suplir las necesidades de la población. 

A su vez el despacho agregó que respecto a los costos de Medición del Gasto en la atención del VIH y Sida (MEGAS) por los que la Defensoría asegura haber gastado más de 31 millones de colones anuales, estos ya están incluidos en el presupuesto ordinario de la institución para este año y por tanto "no suponen una erogación extra", por lo que la plata para continuar con esta labor, ahí esta:

La mayoría de montos ya estaban incluidos en el presupuesto ordinario de la  institución y que no suponen una erogación extra ni fueron objeto de recorte en el presupuesto  2021, tales como salarios y costos de servicios de oficina (agua, electricidad, entre otros)", sostuvo el oficio de la jerarca de Salud.

Finalmente, el despacho de la viceministra solicitó al de Catalina Crespo que reconsidere la decisión señalada el día de ayer:

Le solicito considerar la posibilidad de continuar con el apoyo de la Defensoría  en el proyecto país, de forma tal que reciba el soporte financiero para sufragar gastos que se  han visto afectados por el recorte al presupuesto ordinario 2021, y así, se pueda continuar con  el apoyo de la institución hasta el año 2024 en favor de los derechos de las personas que viven con VIH y poblaciones claves".

Según el oficio enviado por la Defensoría de los Habitantes a HIVOS, el proyecto tendrá que continuar sin la participación de la institución a partir del próximo 10 de marzo, cuando la salida se haga efectiva.