En la Defensoría de los Habitantes, en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): en la última semana, las personas trans de nuestro país han denunciando ya tres amenazas de cancelación de ayudas para sus poblaciones meta.
La más reciente alude a la Defensoría de los Habitantes, que según se dio a conocer se saldrá del "Proyecto País: Costa Rica un modelo sostenible de prevención combinada y atención a la población de hombres que tienen sexo con hombres y Trans Femenina" que se lleva a cabo con la organización HIVOS para el apoyo de población VIH positivo en Costa Rica.
Dato D+: El Proyecto País: Costa Rica un modelo sostenible de prevención combinada y atención a la población de hombres que tienen sexo con hombres y Trans Femenina, es una iniciativa orientada a la coordinación de actividades en pro de mejorar el entorno legal, social y político para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, de las poblaciones trans y de las personas que viven con VIH/SIDA (PVV).
El programa arrancó operaciones en el año 2016 tras la firma del convenio a cargo del entonces defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero González, y desde ese momento ha contado con financiamiento al país por parte del Fondo Mundial.
Sin embargo, según consta en el oficio DH-0118-2021 enviado por el despacho de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, a la directora Regional para la Oficina del Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo-HIVOS de América Latina y el Caribe, Tanja Lubbers, el pasado 10 de febrero:
En medio de este difícil contexto económico, cabe destacar que en la Medición del Gasto en la atención del VIH y Sida (MEGAS), instrumento en el cual se estudia de manera sistemática el flujo financiero de la respuesta nacional del VIH/sida desde su origen y hasta su consumo final, para el año 2019 particularmente la Defensoría de los Habitantes reporte un gasto en el tema de VIH por un monto global de ₡31.587.581,10 (...) Frente a la precariedad de la situación presupuestaria de la Defensoría de los Habitantes, se torna materialmente imposible para la institución continuar con el Convenio Marco con HIVOS (...) Conforme lo expuesto, con todo respeto se comunica a HIVOS que la Defensoría de los Habitantes lamentablemente debe dar por terminado el Convenio Marco".
Según señaló la activista y fundadora de la organización Transvida, Dayana Hernández González, a Delfino.cr este lunes luego de que se conociera el contenido del documento:
Esta acción que están tomando de rescindir el convenio de HIVOS en el marco del proyecto del Fondo Mundial, me parece que es el atentado máximo hacia los derechos humanos. Parece como si el Estado se estuviese agarrando de la pandemia para abandonarnos a nosotras.
En horas de la tarde de este lunes, la defensora Crespo Sancho emitió un comunicado vía su red social Twitter donde señala que "este proyecto VIH continuará hasta el 2024" y que ve "con tristeza que circula información falsa, prejuiciada y tendenciosa".
Sin embargo, lo que omitió Crespo en su tweet, y se evidencia en el documento enviado por la defensora a HIVOS, es que el proyecto continuará sin la participación de la Defensoría de los Habitantes, ya que según se señaló en el oficio DH-0118-2021, la salida de la Defensoría será efectiva a partir del próximo 10 de marzo
Extracto del Oficio DH-0118-2021 de la Defensoría de los Habitantes a HIVOS.
Entre las labores que se han realizado en el marco de este proyecto destacan la construcción de una guía para denunciar actos de violencia y discriminación contra las personas LGTBIQ+ y una campaña para concientizar a la población sobre los hechos que constituyen discriminación solapada a estas poblaciones, así como la elaboración de capacitaciones al personal que brinda servicios públicos, sobre la forma correcta de trabajar con estas personas vulnerables en el marco del respeto a sus derechos humanos.
Por ello, y ante el anuncio de la retirada de la Defensoría del proyecto, Hernández aseguró a este medio que:
Esto es muy serio y es una alarma y un llamado de atención porque lo que la carta indica es que no hay presupuesto y eso nos lleva a pensar que las plazas se retiraron o quien sabe. Justamente el Fondo Mundial es el que viene a darle esos recursos a la Defensoría. Por eso es inexplicable que esta, que es la institución encargada de velar por los derechos humanos, ahora se salga de un proyecto que precisamente trabaja con poblaciones vulnerables. No es de recibo que la Defensora saque al país del proyecto. No es de recibo que digan que no hay recursos porque el Fondo Mundial es quien los da".
La activista incluso va más allá y señala que:
Me da a mí la impresión de que la Defensora con esto es la mayor enemiga de la población LGBTI y por eso tomaremos todas las acciones que sean necesarias, la denuncia pública, las reuniones, los plantones, el lobby y todo lo que se necesite hacer porque esto es un atentado contra todo lo que se ha avanzado en esta materia.
Denuncias en la CCSS
Esta no es la única denuncia que Transvida ha realizado en días recientes. La semana anterior la organización alertó sobre otras dos amenazas de cierre de las ayudas estatales que reciben y que también vulnerabilizarían a la población a la que atienden.
La primera de ellas es de parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la segunda del Ministerio de Educación Pública (MEP), dos instituciones a las que este medio contactó para obtener su posición oficial sobre las denuncias pero que al cierre de esta edición no han emitido respuesta.
La primera de estas denuncias realizada por Transvida refiere a que desde el año pasado la CCSS ha cortado el suministro de condones y lubricantes que, a través de distintas organizaciones no gubernamentales, se enviaban desde hace años a las poblaciones de riesgo que se dedican al comercio sexual en San José y diversas provincias.
Ese acuerdo se consolidó en la Carta de Entendimiento 2018-2021, firmada entre la Caja y la organización HIVOS y entre las que se acordaba la "distribución de preservativos y lubricantes a base de agua, a población de mujeres trans, en los servicios de salud y domiciliar".
Según señaló Hernández este acuerdo nutre un convenio que se tenía firmado desde el año 2013 con la Clínica Moreno Cañas, en San José, y a partir del cual se otorgaban más de 5 mil condones para la atención de estas poblaciones.
Sin embargo y según la activista "desde el 2020 nosotras no tenemos ese acceso":
Llevamos meses de estar sin condones y las compañeras por más pandemia que haya, tienen que seguir trabajando porque no tienen otra opción. Claro que sería más seguro en este tiempo no exponerse, no prostituirse, pero no hay trabajo y sigue habiendo demanda de parte de los clientes y cuentas que pagar y hambre. Esto nos deja en una situación de riesgo para la salud pública".
Según Transvida, las autoridades de la Caja señalaron la semana pasada en una reunión del Consejo Nacional de Atención Integral al VIH-SIDA (CONASIDA) que el motivo de la CCSS para eliminar el apoyo es que la cantidad que están solicitando es mucha, pero a ello Hernández responde:
Di ¿qué hacemos entonces? Nos dan un condón ¿y qué? ¿lo lavamos? Si una va a la realidad, la idea es que la chica se cuide en todo momento, por eso esa cantidad es tan importante".
La organización señala que la Caja no tiene datos que respalden la afirmación de que son demasiados o muy pocos los condones entregados, al tiempo que agrega que desde el inicio del proyecto se han justificado con data y cartas de recibo todos los implementos entregados a las mujeres que ayudan.
Por ello ya están preparando un recurso de amparo contra la institución, en caso de que no se revierta la decisión tomada:
Las compañeras llegan a donde nosotras buscando protección y nosotras les tenemos que decir que no tenemos nada, que por favor vayan al Ebais pero cuando llegan allá les dicen que vengan a la organización porque allá tampoco les quieren dar. Nos tienen en un puro jueguito donde no nos dan a nosotras ni les dan a ellas".
Según los datos de la institución que Transvida suministró a este medio, en el periodo de abril a junio del 2020, la organización solicitó a la Caja un total de 34.480 condones (inicialmente eran 70.5o0 pero la institución pidió reducir el número por recortes presupuestarios); de esa solicitud lo que se recibió fueron 28 mil (6.380 menos).
Por su parte, en el periodo de julio a setiembre se solicitaron 36.600 más de los cuales se recibieron únicamente 24.000 (12.000 menos); y en el periodo de octubre a diciembre no se recibió ni uno de los 71.550 solicitados, lo que para la organización es un ejemplo de como la Caja atiende una pandemia descuidando otra:
Felicitamos a la CCSS y al Ministerio de Salud por su manejo de la COVID-19 pero urge no descuidar otros aspectos sanitarios. Al final, quién sabe cuando vamos a salir de esta pandemia pero a mí lo que me da mucho miedo es que después de esto, cuando ya empecemos a tamizarlas otra vez, más de una lamentablemente esté positiva o la que estuviese cero positiva ya tenga un diagnóstico. Eso se puede volver una locura porque ni siquiera vamos a tener cómo sacarlas de la calle", sostuvo Hernández.
MEP en la misma línea
La tercera denuncia de la organización refiere a otra amenaza de cierre de apoyo, esta vez en la educación pública.
Desde el año 2016, el MEP y Transvida han trabajado en conjunto en un proyecto denominado "De las calles a las aulas", el cual es parte del Programa de Educación Abierta para personas jóvenes y adultas y a partir del cual se apoya con apoyo docente y exoneraciones del pago en el costo de los exámenes de bachillerato por madurez para las mujeres que forman parte del programa.
Sin embargo, la activista Hernández denunció que el Ministerio intenta cerrar también este proyecto, quitándoles tanto las exoneraciones de los exámenes a las mujeres participantes y el apoyo con profesorado para su educación.
Nosotras siempre apostamos a la alfabetización de las compañeras para optar por un cupo laboral y su inserción real en sociedad, pero ahora resulta que nos quieren quitar el programa porque hay pocas chicas y nos querían quitar también las exoneraciones a los exámenes", aseguró Hernández.
La activista señala que el Ministerio les indicó que no tienen suficientes mujeres inscritas como para que se justifique el gasto (a pesar de que los datos señalan que para este 2021 tienen un total de 44 estudiantes de todos los niveles) pero para la organización esa reducción no es más que otra manifestación de la pandemia:
Ya no tenemos como antes 50 o 60 chicas pero es porque a ver, estamos en una pandemia, las compañeras lo están pasando muy mal, posiblemente mucho peor que el resto de la población. Entonces esto nos pone en una posición muy seria donde las compañeras van a quedarse sin ese apoyo fundamental para poder salir adelante".
Transvida anunció que reforzará las acciones para ampliar la cobertura de este programa, al tiempo que ya iniciaron gestiones con los trabajos comunales universitarios con los que operan a fin de mantener el servicio educativo que brindan.
Mientras tanto se mantiene a la espera, en este como en los dos casos anteriores, de que las instituciones encargadas tomen la decisión final sobre las amenazas de "abandono" que pesan sobre las ayudas a estas poblaciones.
