El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, reclamó este jueves a los miembros de los Supremos Poderes de la República, una falta de solidaridad ante la crisis económica que afronta el país y que se ha potenciado por la COVID-19.

Según señaló el presidente en una intervención esta mañana:

Todos los ministros de este gobierno han hecho una contribución de su sueldo sabiendo que estamos en crisis, solidarizándose. Y yo de ingenuo, pensé que los otros poderes nos iban a seguir y se iban a solidarizar. No se necesita una ley para hacer eso. Aquí estoy esperando.

Alvarado se refería a la medida, anunciada en agosto del año anterior, que redujo en un 15% al salario de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos de las instituciones públicas, a fin de que esa parte de sus salarios se quedara en las arcas del Estado y con ella hacer frente a la crisis.

Con la medida, y en aquel momento, el Poder Ejecutivo esperaba que el gesto ayudase a impulsar un proyecto de ley, presentado ante la Asamblea Legislativa a mediados de julio, que pretendía suspender el 15% de la jornada laboral de 35 mil empleados públicos que ganan más de 1,5 millones de colones por mes.

La medida era similar a la que tuvo que afrontar el sector privado cuando se aprobó la ley que le redujo jornadas laborales y que autorizó la suspensión de contratos en el marco de la pandemia.

El proyecto, sin embargo, nunca avanzó; así como tampoco los miembros del Poder Judicial y del Poder Legislativo tomaron medidas similares a las que tomó el Ejecutivo y esto fue justo lo que esta tarde, y seis meses después, les valió el reclamo de Presidencia.

Alvarado realizó estas declaraciones mientras se refería a la solicitud hecha por 36 organizaciones el día de ayer en conjunto con Uccaep (y que posteriormente recibió el respaldo de la Cámara de Industrias de Costa Rica) de que se detuviera por un mes el avance de los proyectos vinculados con el crédito de $1.750 millones que se negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esa propuesta fue rechazada ayer por Zapote y este jueves el presidente aseguró al respecto que "esto no quiere decir que no se dialogue", pero sostuvo que ese diálogo no puede darse "a costa de la mentira o de decir que vamos a cerrar instituciones y a privatizarlas o que vamos a privatizar el agua y otras cosas".

La gente tiene que decidir si está entre quienes usan la mentira para proteger a grupos específicos que, perdón, no son los pobres. Están protegiendo a quienes tienen recursos e intereses corporativos y que no son capaces, siendo los que tienen más, de ponerse la mano en el corazón, ver que estamos en una crisis y saber que hay que aportar".