¡Quieren privatizar las universidades públicas! ¡Quieren eliminar la autonomía universitaria! ¡Quieren universidades que no sean críticas!
Estos y otros argumentos similares son usados por autoridades y profesores universitarios para rechazar leyes que tienen el propósito de poner orden en el caótico e insostenible panorama presupuestario de numerosas instituciones públicas del país. Ese hecho, por sí solo, sería suficiente para refutar los argumentos anteriores. Nadie ha presentado un solo proyecto de ley con el único y avieso propósito de atacar, específica y particularmente, la autonomía académica, política y administrativas de las universidades. Se trata de hacer sostenibles las finanzas de las instituciones públicas, no de una conspiración malévolamente apuntada contra la educación superior.
Pero como usan esos argumentos, lo menos que se les podría demandar, en claro espíritu crítico, riguroso y académico, es que nos digan: ¿quiénes, exactamente, pretenden privatizar la educación superior, cómo, qué proyecto o proyectos de ley con ese específico propósito se han presentado, cuáles diputados lo apoyan? ¿Quiénes levantan la bandera de eliminación de la autonomía? ¿Cuáles acciones concretas están impulsando para lograr ese fin? ¿Qué documentos, propuestas, discursos, artículos de prensa, etc., han publicado con ese fin?
En claro espíritu de rigurosidad académica, no son de recibo pseudo respuestas como “los neoliberales”. Tendrían que identificar cuáles; sus organizaciones y portavoces; presentar pruebas que demuestren que están activa y explícitamente demandando la privatización de las universidades y o la eliminación de su autonomía.
No se vale usar la estrategia de “ahí viene el lobo neoliberal (etéreo, abstracto, inasible) a privatizarnos y a devorar nuestra autonomía” para enmascarar lo real: que se rehusan a poner orden en sus finanzas porque algunos -no todos- se benefician del actual status quo, a costa del interés general, como lo es el lograr mejorar las finanzas públicas.
Las universidades públicas son un bastión de nuestra democracia. Y deben seguir siéndolo. La inmensa mayoría de los costarricenses, sin dudas, rechazaríamos de manera categórica cualquier intento real, verdadero, orgánico, impulsado por actores sociales reales, (no individuos aislados hablando a título personal) que impulsan proyectos concretos y tangibles, para privatizar la educación superior o para eliminar o debilitar su autonomía.
Las universidades públicas son autónomas -y así debe ser- pero no son autosuficientes. La sociedad costarricense les traslada cada año miles y miles de millones de colones. Sobre esos millones deben rendir cuentas. La sociedad tiene el derecho y el deber de demandar un uso racional, eficiente, justo, equilibrado y transparente de nuestros recursos a todas las instituciones. E igualmente el demandar que todos -empresas e individuos- paguen los impuestos que correspondan y exigir drásticas medidas para combatir la evasión y la elusión.
Pongan en orden las finanzas de sus universidades: solo se trata de eso. Y dejen de asustar con “el lobo privatizador”, no sea que algún día de veras aparezca uno...pero entonces pocos le pondrán atención al grito de alarma...
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