Las investigaciones respecto al asesinato del líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz, están lejos de detenerse, luego de que esta semana su nombre volviese a resonar tanto en la prensa como en la Asamblea Legislativa.

Este martes en Cuesta de Moras, la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos aprobó de forma unánime, el informe de la subcomisión que llevó el caso en la Asamblea Legislativa y en el que se solicitaron "acciones para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" al país, sobre la protección de los derechos de las personas indígenas en suelo nacional.

El informe aprobado, si bien no señala mayor novedad, sostiene que:

Existe una necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que, de acuerdo a lo expuesto en el informe, queda en evidencia que el problema de los territorios indígenas en la zona sur está lejos de estar resuelto.

Si bien esa conclusión es obvia para cualquiera que haya seguido con atención el tema, en el informe los diputados solicitaron al Ministerio Público que se tomen las acciones legales necesarias e "inmediatas, a fin de evitar y suspender los desalojos administrativos y judiciales contra las personas indígenas que se encuentran en los territorios indígenas" en este momento.

Por su parte también pidieron que se atiendan las denuncias sobre acceso imparcial a la justicia que han denunciado los pueblos indígenas; que se refuercen las funciones asignadas a la Fiscalía Indígena; y que se garantice la protección de las personas que comparecieron ante la comisión legislativa.

Además, los legisladores manifestaron su "inconformidad" por la falta de cumplimiento y aplicación del Convenio 169 de la OIT, sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, en el intento de desalojo de las fincas de China Kichá, el año anterior.

Por último, los diputados pidieron que se continúe con la investigación del caso de Rojas (y no se desestime como pidió el Ministerio Público el año pasado), al recordar las obligaciones internacionales del país en materia de derechos de las poblaciones indígenas.

Familia de Rojas protesta por filtración de expediente

Sobre la investigación judicial que se está desarrollando respecto al asesinato de Rojas, los familiares del líder indígena también fueron noticia esta semana, luego de que expresaran su malestar por la filtración del expediente en el que se tramita el caso.

La molestia se debe a varias notas de prensa publicadas entre el 21 y 22 de enero anterior, en el que se hace referencia a un informe del Organismo de Investigación Judicial que se encuentra dentro del expediente penal 19-000178- 0990-PE, con el que el Ministerio Público lleva la investigación del crimen.

En ellas se aseguró que fue un conflicto de tierras el que motivó el crimen de Rojas, un hecho que la familia considera como una violación para sus derechos y debido proceso:

Según señaló el abogado de la familia del líder bribri, Óscar Retana Montenegro, en una nota enviada a la prensa:

Es absolutamente reprochable que dicha información confidencial sea de conocimiento  de la prensa, presumiendo que la filtración provenga de una instancia judicial, lo cual supone una violación  por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente. A partir de este hecho, se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados,  amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas.

Debido a lo anterior, este martes 26 de enero los abogados de la familia de Rojas interpusieron las denuncias respectivas ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, "para la investigación de estos hechos, los cuales constituyen delito y responsabilidad disciplinaria de los involucrados". 

En setiembre del año pasado el Ministerio Público ordenó la desestimación y el archivo de la causa penal que se sigue contra los presuntos asesinatos del líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz. Esta decisión fue rechazada por el Juzgado Penal de Buenos Aires, en Puntarenas, el 14 de enero anterior cuando se determinó que deben de continuarse los actos investigativos en torno al homicidio pues "aún no se han agotado las herramientas investigativas disponibles, las cuales deben de evacuarse antes de solicitar la aplicación de los artículos 282 y 299 del Código Procesal Penal".

En 2020 además, los pueblos Indígenas Bribri de Salitre y Brorán de Térraba, realizaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que supervise el cumplimiento (o no) de las medidas cautelares que se impusieron al país en favor de estos territorios y que se condensan en el expediente 321-12 del 30 de abril de 2015.

Sergio Rojas Ortiz fue asesinado la noche del lunes 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación, ubicada en el territorio indígena de Salitre. El líder indígena ya había sido víctima de varios intentos de homicidio y era sujeto de las medidas cautelares de protección que interpuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2015.