El Plenario de la Asamblea Legislativa tuvo este jueves una muy productiva sesión, aprobando 11 proyectos de ley en primer y segundo debate a pesar de que el quorum se rompió en siete ocasiones. El factor determinante: el estilo de conducción que tiene el vicepresidente legislativo, Jorge Luis Fonseca para presidir las sesiones, en ausencia de Eduardo Cruickshank.
En primer lugar, se aprobó en segundo debate con 38 votos a favor y 2 en contra (Erick Rodríguez Steller y Mélvin Nuñez Piña) el tercer presupuesto extraordinario de este 2020, tramitado bajo el expediente 22.217.
Esta modificación presupuestaria incluye ingresos por 32.226 millones de colones provenientes del diferencial cambiario del precio de los combustibles y los ingresos del préstamo rápido con el Fondo Monetario Internacional.
Con estos recursos se pretende pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social 31.186 millones de colones como parte de la deuda que mantiene el Estado con la institución. Otros 1040 millones se destinarán al pago de subsidios temporales a quienes estén desempleados (Bono Proteger); se autorizan 7200 millones de colones para la previsión de la compra de las vacunas contra la COVID-19 y 7 mil millones para obra pública del Conavi, para atención de rutas afectadas por emergencias y para rutas que pasan de lastre a asfaltado.
Por otro lado, se modifica la norma presupuestaria respecto a las plazas vacantes, de modo que toda plaza vacante incluida en este presupuesto no podrá utilizarse durante el 2020, salvo que sea autorizada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. El Poder Ejecutivo quedará autorizado a presentar una modificación presupuestaria para el rebajo de los montos de aquellas subpartidas respectivas de dichas plazas vacantes.
El rebajo no podrá ser utilizado en nuevo gasto corriente y el Poder Ejecutivo deberá incluir el listado completo de todas las plazas vacantes de todo el Presupuesto de la República por título, programa y subprograma presupuesta lo al que pertenece, el código de plaza y el monto del salario.
Luego, con 39 votos a favor y 1 en contra (Mélvin Nuñez Piña del PRN) se aprobó en segundo debate el expediente 21.794, la Ley Pagar heredada por el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Esta iniciativa pretendía inicialmente destinar 226.145 millones de colones en superávit de varias instituciones públicas al pago de deuda pública, sin embargo, varias de las entidades afectadas solicitaron ser excluidas o sus aportes reducidos.
Se eliminaron de aportar al proyecto el Instituto Nacional de Aprendizaje (33 mil millones), el Instituto Costarricense de Turismo (25.804 millones), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (536 millones) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (40 mil millones).
Por otro lado, los aportes de otras instituciones fueron reducidos respecto a la propuesta inicial: la Junta de Protección Social (JPS) pasará de aportar 34 mil millones a solo 15 mil millones; la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional daría 18.636 millones pero el monto se redujo a 18.598 millones;
Se dejaron intactos los aportes que hará el Instituto de Desarrollo Rural (Inder, 17 mil millones), la Junta Administrativa del Registro Nacional (24 mil millones) y la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (956 millones).
Vía moción el lunes se agregaron 13.335 millones del Cosevi y 227.7 millones de la Junta de Administración del Registro Nacional.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá trasladar al Ministerio de Hacienda la suma total del dinero resultante de la liquidación definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), aunque la propuesta original era que le traspasara 9500 millones de colones de lo que se obtuviera de esa liquidación.
También se eliminó la norma que establecía que, por una única vez, el Fondo del Consejo de Salud Ocupacional debía trasladar al Ministerio de Hacienda el 80% de los recursos percibidos de la transferencia realizada por el Instituto Nacional de Seguros por concepto del seguro riesgos del trabajo correspondiente al año 2020.
Al final, el texto aprobado rebaja el monto que se destinará al pago de la deuda hasta los 99.116 millones de colones (-43.82%).
Llegó el momento entonces de los primeros debates, específicamente del expediente 20.961, impulsado por el diputado liberacionista, Daniel Ulate Valenciano, que tras algunos cambios vía moción recibió 35 votos a favor y 5 en contra (Erick Rodríguez, Nidia Céspedes, Jonathan Prendas, Carmen Chan y Mélvin Nuñez).
Sin embargo, antes de dicha votación surgió una polémica luego de que una mayoría del Plenario aprobara una moción del diputado Erick Rodríguez para excluir a la cerveza y las bebidas con alcohol inferior al 9% de la trazabilidad ordenada por este proyecto, alegando que no existe en el país contrabando de cerveza, sino de otros licores más fuertes.
Dicha moción recibió 27 votos a favor, la mayoría proveniente del PLN a pesar de que el propio Ulate se oponía al cambio. Tras ser aprobado y el proyecto votado en primer debate, el oficialista Luis Ramón Carranza tomó el uso de la palabra para acusar a quienes votaron a favor de haber inclinado sus intereses a favor de grandes empresas que querían quedar excluidas de esta ley.
Carranza, entre otras cosas, afirmó que el lobby cervecero torció brazos y que los verdiblancos habían traicionado a Daniel Ulate al aprobar esa moción.
Daniel, ¡Sus propios compañeros lo han traicionado! Hay que decírselo al país, que aquí hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblarle el brazo a los diputados y diputadas. Excluir la cerveza es vergonzoso, este proyecto es una pose, un cascarón vacío.
La declaración causó revuelto entre quienes votaron a favor. El diputado Erick Rodríguez retó a Luis Ramón Carranza a presentar pruebas de sus afirmaciones para él renunciar a su inmunidad y ser sujeto de un proceso judicial; o de lo contrario que renunciara él a su fuero para demandarlo por difamación.
La diputada Paola Valladares del PLN también protestó:
¿Usted quién es para señalarme a mí? ¿Tiene pruebas de que mi consciencia ha sido comprada? Porque ese discurso es reiterativo dentro de su fracción cuando las cosas no les salen como lo tenían pensado. Hasta la coronilla me tienen a mí de los señalamientos, si tiene prueba de que ha habido alguna intermediación vaya y ponga la denuncia, ¿tiene los pantalones y las pruebas para hacerlo?
María José Corrales, también del PLN, señaló que cada ladrón juzga por su condición y que las afirmaciones de Carranza eran ofensivas.
Inclusive, la diputada Laura Guido del PAC, quien votó a favor de la moción, habló para afirmar que los registros de visitas a su oficina son públicos y que cualquiera puede verificar quiénes llegaron a su despacho.
Carranza replicó que él no había dicho que el lobby cervecero compró diputados, sino que había "doblado brazos", por lo que pidió que no pusieran en su boca palabras que él no había dicho.
No pongo nombres porque sé cómo se juega en este país: si ellos no ponen el nombre a la hora de hacer el lobby tampoco me voy a prestar para poner su nombre en la denuncia
Este proyecto, que ahora pasa al segundo debate, indica que el Ministerio de Hacienda deberá establecer un mecanismo tecnológico de identificación y control, que identifique la importación y producción legal de bebidas con contenido alcohólico.
Dicho mecanismo deberá ser no manipulable, no replicable, confiable y fidedigno, además de transversal e interoperable por los Ministerios e instituciones del Estado que les competa y deberá permitir la trazabilidad fiscal y la identificación de las bebidas con contenido alcohólico de origen o fabricación legal.
De previo a esa implementación, Hacienda deberá garantizar previamente, mediante un estudio de costo-beneficio con resultado positivo, que la implementación del mecanismo producirá un claro beneficio para el interés general de la colectividad.
Aparejado a dicho proyecto, se le dio primer debate al expediente 21.663, el cual autoriza el patrocinio en el deporte nacional de bebidas alcohólicas.
Previamente al proyecto se le aprobó una dispensa de trámites para acelerar su votación y entrar a conocer un texto sustitutivo. Finalmente, el resultado fue dividido: 29 a favor y 9 en contra (Nidia Céspedes, Jonathan Prendas, Carmen Chan, Mélvin Nuñez, Floria Segreda, Carlos Avendaño, Giovanni Gómez y Mileyde Alvarado), programándose su segundo debate para el martes de la próxima semana.
El texto aprobado establece un impuesto de un 6% sobre los ingresos derivados de las actividades y eventos deportivos, artículos e implementos donde se brinde propaganda, publicidad y patrocinio de marcas de empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de bebidas alcohólicas.
Luego se votó en primer debate el expediente 21.830 impulsado por la diputada Ivonne Acuña Cabrera, con el cual se reforma el inciso q) del artículo 8 de la Ley de la Junta de Protección Social para incluir entre los beneficiarios de las rentas de la lotería a los programas de prevención y atención de las mujeres que han sido víctimas de violencia en sus distintas manifestaciones; lo que incluye la construcción y el equipamiento de albergues.
Actualmente dicho artículo solo señala a los programas de prevención y atención de las personas que son o han sido víctimas de la explotación sexual comercial como los beneficiarios de entre el 1% y el 2% de las utilidades.
Finalmente, se le dio primer debate al expediente 21.466, con el cual se crea un registro público de personas con sanciones en firme por conductas de hostigamiento sexual en el centro de trabajo o institución, para prevenir nuevas agresiones. Dicho registro deberá resguardar los datos personales y cualquier información sensible de las víctimas y mantendrá la información del ofensor durante un plazo de 10 años a partir de la firmeza de la sanción. Solo los menores de edad quedarán excluidos de ser incluidos en dicho registro.
La iniciativa recibió 40 votos a favor y ninguno en contra.
Breves
— Con 42 votos a favor y ninguno en contra, los diputados ya se aprobaron sus próximas vacaciones: del 21 de diciembre del 2020 al viernes 8 de enero del 2021 (volviendo a trabajar hasta el lunes 11 de enero) y del lunes 29 al miércoles 31 de marzo del 2021 (Semana Santa, volviendo a trabajar hasta el lunes 5 de abril).
— 28 diputados le negaron un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.173 presentado por el diputado Ottón Solís, que pretendía limitar las contribuciones privadas a los partidos políticos. Solo votaron a favor el PAC, Marulin Azofeifa y José María Villalta.
— Con 40 votos a favor se aprobó el expediente 22.153, con el cual se promulga la Ley de Patentes de la Municipalidad de Río Cuarto.
— Con 40 votos a favor se aprobó el expediente 21.086, con el cual se promulga la Ley de Patentes del cantón de Sarapiquí.
