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Chavismo avala en comisión séptimo intento por permitir patrocinio del licor en el deporte

Proyecto recibió dictamen afirmativo por cinco votos contra uno y permitiría que marcas de bebidas alcohólicas patrocinen actividades, organizaciones y deportistas; seis iniciativas similares lo anteceden desde 2019.

La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente este martes el expediente 25.656, séptimo intento legislativo presentado desde 2019 para flexibilizar las restricciones al patrocinio y la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte.

La iniciativa recibió cinco votos a favor y uno en contra. Respaldaron el proyecto los diputados oficialistas Anna Katharina Müller Castro, Kattia María Ulate Alvarado, Robert Barrantes Camacho y Royner Mora Ruiz, así como el liberacionista Mangell Mc Lean Villalobos. La única oposición fue de la diputada frenteamplista Joselyn Sáenz Núñez.

Antes del dictamen, la comisión aprobó por la misma votación de cinco contra uno el informe afirmativo de subcomisión presentado por Mora y Ulate. Posteriormente, los seis integrantes presentes aprobaron por unanimidad las cinco mociones de fondo recomendadas en ese informe, mientras que el informe negativo de minoría presentado por Sáenz fue rechazado por cinco votos contra uno.

El proyecto, denominado Ley para el Fortalecimiento y el Acceso al Deporte y la Recreación Nacional y Cantonal, reforma la Ley n.º 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, para permitir el patrocinio deportivo por parte de empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de esas bebidas.

La reforma permitiría utilizar marcas, nombres, distintivos o emblemas de bebidas alcohólicas en la publicidad de actividades y eventos deportivos, así como en artículos e implementos deportivos de cualquier naturaleza, tanto en medios impresos como digitales, siempre que la publicidad no esté dirigida exclusivamente a personas menores de edad.

El Ministerio de Salud mantendría el control previo de la publicidad comercial relacionada con bebidas alcohólicas y tendría ocho días hábiles para aprobarla o rechazarla. Si transcurre ese plazo sin pronunciamiento, la publicidad no podrá divulgarse sin autorización expresa.

El texto también prohíbe que las marcas de bebidas alcohólicas aparezcan en la indumentaria, uniformes, implementos o imagen de personas menores de edad, así como en actividades específicamente relacionadas con ligas o categorías menores. Además, impide mensajes o estrategias de mercadeo dirigidos directamente a menores y prohíbe mostrar a una persona deportista destacada o de reconocida trayectoria nacional ingiriendo alcohol mientras practica su disciplina.

Cuando un recinto utilizado por ligas profesionales también reciba actividades de categorías menores, el organizador deberá cubrir o retirar la publicidad de bebidas alcohólicas mientras se desarrolla la actividad de menores. Los contratos de patrocinio deberán formalizarse por escrito y podrán consistir en dinero, bienes o una combinación de ambas modalidades.

Fondo se financiaría con 20% de los patrocinios

La propuesta crea el Fondo Nacional para el Financiamiento y la Promoción del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, que administraría el Icoder o la institución pública que llegue a ejercer la rectoría nacional en esa materia.

La persona física o jurídica que reciba un patrocinio deberá trasladar al fondo un 20% del monto neto del patrocinio dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de los recursos. Cuando el aporte se otorgue en especie o de forma mixta, el reglamento deberá determinar la base sobre la cual se calcula ese porcentaje.

Las mociones aprobadas este martes modificaron la distribución prevista originalmente y añadieron al PANI entre los beneficiarios. El texto actualizado destina 30% de los recursos al desarrollo deportivo cantonal, 10% al PANI, 10% al Inamu, 10% al IAFA y 40% al Icoder.

Del porcentaje correspondiente al Icoder, un 2% financiaría la administración y fiscalización del fondo, un 18% programas relacionados con habilidades para la vida y la prevención del bullying, la violencia, la delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas, un 10% ampliaría el programa de becas deportivas y otro 10% financiaría infraestructura deportiva y recreativa.

Las becas podrían cubrir, entre otros gastos, transporte, hospedaje, alimentación, inscripciones, seguros, uniformes, implementos, atención médica, rehabilitación y asistencia técnica para deportistas, paradeportistas, selecciones nacionales, equipos representativos y delegaciones oficiales.

Otra de las mociones aprobadas reforzó el régimen sancionatorio. Quien incumpla las prohibiciones relacionadas con personas menores de edad enfrentaría multas de entre diez y veinte salarios base, mientras que infringir las reglas generales de publicidad podría generar multas de entre 15 y 25 salarios base y la imposibilidad de firmar nuevos contratos de patrocinio por hasta cinco años.

La persona beneficiaria que no traslade al fondo el 20% correspondiente afrontaría una multa equivalente al doble del monto omitido y también podría quedar impedida de celebrar nuevos contratos de patrocinio por hasta cinco años. Los recursos obtenidos mediante multas ingresarían al propio fondo.

La comisión también acordó que la ley entre en vigencia seis meses después de su publicación y aprobó una moción para dar al Poder Ejecutivo un plazo de seis meses para emitir su reglamento.

Siete proyectos desde 2019

El expediente 25.656 es al menos el séptimo proyecto presentado desde 2019 que busca abrir espacios al patrocinio o publicidad de empresas relacionadas con bebidas alcohólicas en el deporte. Antes de esta iniciativa se tramitaron los expedientes 21.663, 21.709, 21.745, 22.498, 23.216 y 23.565.

El primero fue el expediente 21.663, presentado en octubre de 2019 por el entonces diputado Erwen Masís Castro. El proyecto pretendía reformar el artículo 12 de la Ley 9047 para permitir el patrocinio de empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de bebidas alcohólicas y la publicidad en eventos deportivos.

La Asamblea Legislativa aprobó esa iniciativa en primer debate en noviembre de 2020 con 29 votos a favor y nueve en contra. Sin embargo, el proyecto llegó a la Sala Constitucional y en mayo de 2021 el tribunal determinó que su trámite contenía un vicio esencial de procedimiento legislativo, porque el plenario aprobó una dispensa de trámites cuando el texto ya había recibido dictamen de una comisión.

También en 2019, el entonces diputado David Gourzong Cerdas presentó el expediente 21.709, que proponía reformar el mismo artículo de la Ley 9047 para abrir una nueva fuente de financiamiento a agrupaciones deportivas y atletas mediante publicidad de empresas que comercializan bebidas alcohólicas. La Comisión de Gobierno y Administración lo dictaminó afirmativamente por unanimidad en noviembre de 2020, pero el expediente terminó archivado sin llegar a convertirse en ley.

Ese mismo periodo legislativo vio surgir el expediente 21.745, impulsado por los entonces diputados María José Corrales Chacón y Roberto Thompson Chacón. Además de permitir el patrocinio y la publicidad, la propuesta planteó crear un fondo para el deporte de alto rendimiento financiado mediante un porcentaje de los contratos publicitarios.

Ese proyecto llegó dos veces a primer debate en 2021. Primero recibió 20 votos a favor y 19 en contra y, tras una retrotracción del procedimiento, volvió a aprobarse por 22 votos contra 16. Una nueva consulta facultativa llevó el texto ante la Sala Constitucional.

En diciembre de 2021, la Sala determinó que el expediente 21.745 presentaba vicios de fondo por violentar los principios de interés superior de la persona menor de edad, razonabilidad y progresividad de los derechos fundamentales, así como el derecho a la salud y el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

La sentencia no declaró inconstitucional cualquier mecanismo de financiamiento privado para el deporte, sino la forma en que aquella iniciativa conciliaba el objetivo económico con esos derechos fundamentales. El fallo constituye desde entonces el principal precedente constitucional sobre las propuestas para permitir el patrocinio del licor en actividades deportivas.

Mientras ese proyecto seguía su trámite, Masís presentó en mayo de 2021 el expediente 22.498, nuevamente denominado Ley para el Patrocinio del Deporte Nacional. La iniciativa retomó la reforma al artículo 12 de la Ley 9047 luego del problema de procedimiento detectado por la Sala IV en el expediente 21.663, pero tampoco llegó a convertirse en ley y finalmente fue archivada.

Dos nuevos intentos en el periodo 2022-2026

Con el inicio del periodo legislativo 2022-2026 apareció el expediente 23.216, presentado el 30 de junio de 2022 por la entonces diputada María Daniela Rojas Salas. El proyecto buscaba eliminar nuevamente la prohibición de utilizar marcas o nombres de bebidas alcohólicas en publicidad de equipos, asociaciones, federaciones y ligas deportivas.

La Comisión de Asuntos Sociales lo dictaminó afirmativamente en febrero de 2023 y el proyecto permaneció varios años a la espera de avanzar en el plenario. Finalmente, en junio de 2026, la Asamblea lo aprobó en primer debate con 41 votos a favor y diez en contra, pese a que Servicios Técnicos había advertido que mantenía cuestionamientos constitucionales relacionados con el precedente de 2021.

Dieciséis diputados enviaron entonces el expediente a consulta ante la Sala Constitucional, pero el proyecto cumplió el 30 de junio de 2026 su plazo máximo reglamentario de cuatro años sin que el Congreso aprobara oportunamente una prórroga. Por esa razón, el expediente tuvo que archivarse sin que la Sala llegara a resolver el fondo de la nueva consulta.

Entretanto, en febrero de 2023, la entonces diputada Rosaura Méndez Gamboa presentó el expediente 23.565, que también proponía autorizar el patrocinio de empresas relacionadas con bebidas alcohólicas y crear un fondo nacional para financiar el deporte, la recreación y la actividad física.

La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó esa propuesta afirmativamente en septiembre de 2024. El texto pretendía financiar el fondo con 25% de los ingresos derivados de contratos relacionados con publicidad y patrocinio de bebidas alcohólicas, pese a criterios negativos de varias instituciones y a advertencias sobre el antecedente de la Sala Constitucional.

El expediente 23.565 permaneció dictaminado sin alcanzar el primer debate. El actual proyecto 25.656 apareció poco después de que el 23.216 tuviera que archivarse: Mora lo presentó en julio de 2026 con 41 firmas de respaldo y una formulación distinta, que incorpora prohibiciones específicas para menores, un nuevo régimen sancionatorio y una distribución obligatoria de una parte del dinero obtenido mediante los patrocinios.

Criterios divididos sobre el nuevo texto

Durante el análisis del expediente actual, las instituciones consultadas remitieron criterios contrapuestos. El Icoder respaldó la iniciativa con observaciones y argumentó que permitiría ampliar las fuentes de financiamiento del deporte, mientras que el PANI concluyó que el cambio de un modelo de prohibición a uno regulado no implicaba necesariamente un retroceso, siempre que se incorporaran las salvaguardas planteadas.

La OPS/OMS, en cambio, recomendó no avanzar con la autorización general del patrocinio deportivo de bebidas alcohólicas y sostuvo que las restricciones parciales no eliminan la exposición indirecta de personas menores de edad a las marcas. Unicef también advirtió sobre esa exposición en ligas profesionales, transmisiones y otros espacios, mientras que el IAFA señaló que limitar la prohibición a publicidad dirigida “directamente” o “exclusivamente” a menores resulta insuficiente.

Sáenz retomó esos señalamientos en su informe negativo y sostuvo que las modificaciones del expediente 25.656 no solucionan los problemas de fondo planteados en los intentos anteriores. Su documento menciona las objeciones relacionadas con la exposición indirecta, el mercadeo digital, la ausencia de estudios que contrapongan los ingresos esperados con los costos sanitarios y sociales y el principio de progresividad de los derechos.

Con el dictamen afirmativo aprobado este martes, el séptimo intento por habilitar el patrocinio del licor en el deporte queda listo para continuar su trámite legislativo.