Por Andrés Cambronero Ramírez - Estudiante de la Escuela de Economía
La crisis actual provocada por la COVID-19 puede estudiarse desde varias perspectivas, pero es indiscutible que a 48 años de la creación de la Organización Mundial de la Salud y 15 pandemias reportadas desde 1948, no estábamos preparados como humanidad para enfrentarlas. Podemos entender esto desde una visión reducida, donde cada país ha hecho esfuerzos por evitar consecuencias peores a nivel salud, humano y económico; y una visión macro, que nos hace cuestionarnos qué tan capaces son las regiones para manejar las catástrofes, así como el papel de las organizaciones internacionales para brindar ayuda en casos extremos como el que hemos vivido en los últimos meses. Si una pandemia no es motivo para que un organismo internacional intervenga en los conflictos y violación de derechos humanos en un país o región, entonces ¿cuál sería?
Según la BBC, al momento en que la OMS declara el virus como una pandemia en el mes de marzo, el número de casos de coronavirus fuera de China había aumentado 13 veces y la cantidad de países afectados se triplicó en un lapso de 2 semanas. Aun así, vemos comunicados donde la OMS elogia la estrategia de China, la construcción de hospitales en tiempo récord y sus medidas drásticas. No obstante, al mismo tiempo, Taiwán, un país en disputa con China por más de 60 años y que no puede ser miembro de la OMS por carecer de asiento en las Naciones Unidas, logró reducir a casi un 0 % su número de casos nuevos en menos de un mes, según el mismo portal de noticias, pero nunca fue mencionado ni elogiado por el organismo internacional.
Otros miembros como Estados Unidos critican su lenta respuesta y errores frente a la pandemia para favorecer a China, enfatizando que su país paga 400 millones de dólares más al año que su contraparte en el continente asiático.
El organismo ha sido cuestionado por la posible politización de la información y las recomendaciones para favorecer y beneficiar a algunos países, cuando el papel de este tipo de instituciones debe ser liderar y participar en alianzas cruciales para la salud pública a nivel mundial. Mientras tanto, organismos no gubernamentales como la Cruz Roja se volvieron los principales salvavidas de las comunidades y regiones afectadas desde el comienzo de la pandemia, brindando comida, improvisando centros de migrantes ante el cierre de fronteras y la suspensión de trámites de asilo, desinfectando lugares densamente poblados y ayudando frente a otros problemas, ante la inacción de gobiernos y la poca preparación para enfrentar situaciones inesperadas.
Desde el 2019, Latinoamérica ha sido parte de lo que los expertos llaman "Primavera Latinoamericana", un estallido social frente al actual sistema económico y político en países como Chile, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En la región se ha notado un creciente interés por combatir la corrupción y el estancamiento económico por medio de protestas, marchas y presión política para combatir desigualdades e injusticia social. En una región de 650 millones de habitantes, donde ha aumentado la pobreza, las instituciones políticas y económicas, y de gestión de conflictos son cada vez más débiles y estamos indefensos ante situaciones aún más inesperadas, como las crisis sanitarias.
En un mundo completamente globalizado, las decisiones ineficientes afectan también a nivel mundial, por lo que se deben tener sistemas de control y gestión de emergencias (económicas, sociales y de salud) adecuadas a esta estructura global. Si los gobiernos no son capaces de brindar soluciones ante estos escenarios, ¿quién supervisa y controla la gestión de cada país frente a las crisis? ¿Acaso tenemos organismos internacionales sin la autoridad suficiente para defendernos de la inacción de nuestros gobiernos y la frecuente violación a los derechos humanos, como el acceso a la salud y bienestar? La crisis actual ha demostrado que a nivel mundial carecemos de instituciones, alianzas y organismos internacionales suficientemente capaces de intervenir en conflictos políticos, sociales y necesidades económicas; y por el contrario avanzamos en temas tecnológicos y de acceso a información, pero se resuelven con menor eficiencia problemas de bienestar social y derechos humanos.
