El Ministerio de Justicia y Paz fue otra de las instituciones que este lunes se posicionó en contra de los recortes que los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios están proponiendo para su presupuesto del próximo año.
En un comunicado enviado a la prensa esta mañana, la dirección del Ministerio señaló que los recortes pondrían a la institución a las puertas de "un fallo sistémico en su funcionamiento" y ante "el riesgo de enfrentarse a un cierre técnico" durante el 2021.
Según aseguró la jerarca Fiorella Salazar Rojas esta mañana:
Quiero manifestar la profunda preocupación que tiene el Ministerio de Justicia y Paz sobre las mociones que se han presentado en el debate sobre el presupuesto institucional 2021. Esta cartera es consciente de la complicada situación de las finanzas públicas; sin embargo, por mandato legal, no estamos en posibilidad de suspender los servicios que brindamos, especialmente en el sistema penitenciario por razones que saltan a la vista, por lo que la aprobación de dichas mociones podría generar una incapacidad operativa de los distintos procesos que por ley y competencia tenemos la obligación de brindar”.
Las mociones cuestionadas (que ya levantaron la voz del Ministerio de Educación Pública, de la Contraloría General de la República y también del Ministerio de Cultura y Juventud) fueron presentadas la semana pasada en la Comisión de Hacendarios, que es la que actualmente se encuentra estudiando el presupuesto del próximo año y se propusieron con el fin de reducir el gasto del Gobierno central.
Según Justicia, la afectación a esta cartera implicaría, por ejemplo, eliminar fondos para la alimentación de las personas privadas de libertad; y en la provisión de meriendas para estudiantes de escuelas y colegios, así como otros actores locales que participan de las capacitaciones de los procesos de Paz, Resolución alterna de conflictos y Prevención de la Violencia llevadas a cabo por el Viceministerio de Paz.
Además, señalan que los rebajos que plantean las mociones en la subpartida de bienes intangibles del programa de atención penitenciaria, impedirían darle mantenimiento a los sistemas que utiliza la Policía Penitenciaria para el control, seguimiento y atención de las personas privadas de libertad, con los que se realiza el control de las penas, traslados, visitas, encomiendas, atenciones médicas, entre otros.
Justicia asegura que en el caso de las mociones dirigidas a la reducción en el rubro de alquileres, no se estarían cubriendo los recursos necesarios para la sostenibilidad de la modalidad de monitoreo electrónico, "dado que por cada brazalete se paga una tarifa diaria, y el escenario de tener que reingresar a las personas monitoreadas de nuevo a los centros penitenciarios sería materialmente inviable".
Según el Ministerio "las mociones están proponiendo recortar recursos que están previstos para cubrir contratos vigentes que posee la institución, lo cual podría acarrear no solo litigios e indemnizaciones contra el Estado, sino la suspensión de los bienes y servicios contratados que utiliza la institución, así como el potencial riesgo de desempleo en los proveedores, agravando aún más la situación que vive el país en este aspecto" .
Para Salazar, estos recortes representarían un atraso de una década en las labores de reinserción social que ha realizado el Estado costarricense:
Esto recortes representarían también el retroceso de 10 años por parte del Estado en el impulso a la inserción social de la población privada de libertad, al excluir los materiales propios del modelo de atención que impulsa el aprendizaje de oficios, desarrollo de competencias y habilidades para la vida que les permiten a estas personas, una vez que cumplen sus penas, incorporarse de manera efectiva y productiva a sus comunidades”.
Justicia afirmó que también se afectaría la compra de material para la construcción de camarotes para los privados de libertad, la compra de equipo de protección para la Policía Penitenciaria, así como el avituallamiento necesario en los centros penales del país, "lo que, en el contexto de emergencia nacional provocada por la COVID-19, arriesgaría gravemente la estabilidad y la seguridad en las prisiones"; y se señaló que estas mociones no solo afectarían al sistema penitenciario, sino también las operaciones y servicios del Registro Nacional, los Centros Cívicos por la Paz y las distintas instancias del Ministerio.
La preocupación del Ministerio se expresó esta mañana en una misiva enviada al Congreso donde las autoridades del Ministerio solicitaron aprobar parcialmente o modificar al menos 14 de las mociones de recorte solicitadas.
Los diputados tienen tiempo hasta el día de mañana martes 20 de octubre a las 11 de la noche para votar afirmativa o negativamente los recortes presentados en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
