Tres semanas después de que el Gobierno de Costa Rica entregara la carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitando acceso al Servicio Ampliado del Fondo (SAF, en español; IMF Extended Fund Facility (EFF) en inglés), jerarcas de la administración Alvarado Quesada anunciaron al país las propuestas que se llevarán a la negociación con el Fondo.
El anuncio lo hicieron en conferencia de prensa la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo, el ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey.
Previo al anuncio de las medidas, Cubero realizó una introducción de la situación económica del país, en la que destacó que la proyección del déficit fiscal para este año pasó de 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) a inicios de año, a un 9.3% actualmente, mientras que la estimación de la deuda pública se elevó de un 63% del PIB a inicios de año, a una nueva proyección de 70% para finalizar el año, en ambos casos como consecuencia de la crisis económica por la pandemia de COVID-19 que atraviesa el país.
Por su parte el ministro Villegas fue el encargado de anunciar las medidas que el Poder Ejecutivo ha decidido serán el punto de partida para las negociaciones tanto con el FMI, como con los distintos actores políticos de la Asamblea Legislativa. Villegas señaló que “la pandemia nos sacó más de un billón de colones de la caja del Estado”, y aseguró que los ajustes presentados son necesarios para volver a controlar el crecimiento de la deuda y del gasto público.
Por el lado del gasto, anunció tres medidas temporales que son: abrir una oportunidad de movilidad laboral voluntaria, para esto el Gobierno presentará ofertas para que los funcionarios públicos dejen sus plazas por una compensación; reducir la deuda política, pasando de 0,19% del PIB a un 0.10%, lo que representa una reducción de 300 millones, y por último la no acumulación de anualidades por los próximos cuatro años.
Dato D+: Al ser consultada la ministra Garrido aseguró que se espera que la medida de movilidad laboral voluntaria alcance a 7.000 funcionarios.
Adicionalmente, Villegas anunció otras medidas, que aseguró buscan fomentar el empleo formal. Concretamente se trata de dos propuestas, la primera eliminaría el 5% que deben pagar los patronos privados sobre cada salario y cuyo destino es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por los próximos cuatro años. Fodesaf pasaría a ser financiado únicamente con recursos del Gobierno por ese periodo. La segunda medida será una disminución a la tarifa del Gas LP en un 50% (pasando de ₡50,75 por litro a ₡25.37) y una reducción para las tarifas de electricidad. Otras medidas a las que apostará el Ejecutivo para fomentar el empleo son la aprobación de la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje, así como la aprobación en el proyecto de jornadas excepcionales; ambos proyectos se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa.
Dato D+: El proyecto de jornadas flexibles autorizaría a los patronos a establecer jornadas de 12 horas por cuatro días a la semana.
Del lado de las medidas de contención y reducción del gasto de carácter permanente, Villegas señaló que el Gobierno apostará por:
- Conseguir la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, que ya se encuentra en discusión en el Congreso.
- Realizar el cierre y/o fusión de Órganos Desconcentrados, incluyendo eliminar las personerías jurídicas instrumentales.
- Reestructurar los servicios de apoyo de los Órganos Desconcentrados, eliminando las duplicaciones de servicios administrativos como recursos humanos, auditorias internas, proveeduría, etc.
- Congelar los salarios del sector público mientras la deuda siga siendo superior al 60% del PIB, medida que ya se puede ejecutar por lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
- La renegociación y recorte de gasto en alquileres y equipos y programas informáticos.
Del lado del aumento de ingresos, Villegas anunció una serie de medidas, temporales y permanentes, que buscarán generar recursos frescos al Estado. Entre estas medidas esta el aumento del impuesto a la propiedad, que actualmente es de 0,25% a favor de las municipalidades donde se encuentren las propiedades, el Gobierno propone incluir un 0,50% adicional que sería a favor del Gobierno Central, y mantendría la estructura actual que exonera los primeros ₡20 millones de valor, así como las excepciones para terrenos agrícolas.
Adicionalmente, el Gobierno oficializó su propuesto de establecer un nuevo impuesto que tasaría, temporalmente, todas las transacciones bancarias y cheques con un impuesto de 0,3% por los primeros dos años de vigencia (2021-2022) y bajaría a 0.2% para los siguientes dos años (2023-2024), así como un nuevo 5% que se cobrará a las remesas al exterior que sean de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.
Dato D+: El nuevo impuesto sobre las transferencias representa un cargo de ₡3 por cada ₡1.000 de transacción, para los primeros dos años de vigencia.
El ministro Villegas anunció que el Gobierno adelantará la compensación del Impuesto a la Canasta Básica a los dos deciles más bajos, para lo cuál se utilizará el Sistema Nacional
Del lado del impuesto sobre la renta y las utilidades, Villegas señaló varias modificaciones que ampliarían la base o aumentarían las tasas de este impuesto. Estas medidas incluyen aumentar temporalmente los porcentajes a los tramos que se cobra para los distintos grupos de la siguiente manera:
Impuesto de renta a las personas jurídicas (según ingresos anuales)
- Renta neta hasta ₡5.143.000 pasa de un 5% a un 7.5%
- Renta neta hasta ₡7.715.000 pasa de un 10% a un 15%
- Renta neta hasta ₡10.286.000 pasa de 15% a un 20%
- Renta neta superiores a ₡10.286.000 pasa de un 20% a un 30%.
- Las personas jurídicas con ingresos Brutos superiores a ₡109.228.000,00 pasaría de pagar un 30% a un 36% sobre su renta neta.
Villegas enfatizó que el impuesto no se cobraría a aquellas personas jurídicas que no generen utilidades.
Impuesto a las utilidades de personas físicas (según ingresos netos anuales)
- Hasta ₡3.732.000 seguirá exento
- De ₡3.732.000 a ₡5.573.000 pasará de 10% a 15%
- De ₡5.573.000 hasta ₡9.296.000 pasará de 15% a 20%
- De ₡9.296.000 hasta ₡18.631.000 pasará de 20% a 25%
- Por encima de los ₡18.631.000 pasará de 25% a 30%
En cuanto al impuesto del salarios y pensiones (según monto mensual), se modificarían los porcentajes de los distintos rangos de renta, quedando de la siguiente manera:
- Hasta ₡840.000,00 seguirán exentas
- De ₡840.000,00 y hasta ₡1.233.000,00 pasará de 10% a 12.5%
- De ₡1.233.000,00 y hasta ₡2.163.000,00 pasará de 15% a 20%
- De ₡2.163.000,00 ₡4.325.000,00 pasará de 20% a 25%
- Sobre ₡4.325.000,00 pasará de 25% a 35%.
Es importante aclarar que, en el caso de las personas asalariadas, el impuesto se cobra sobre los montos excedentes entre los rangos, por lo que, de aprobarse estos nuevos porcentajes la renta variaría como se puede ver en los siguientes ejemplos:
La propuesta del Gobierno incluye, también, eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y Sutel, así como a los premios de lotería que serían gravados con un 25% en aquellos casos que los premios excedan la mitad de un salario base. En el caso de las cooperativas, la propuesta del Ejecutivo es que paguen el impuesto de renta aquellas que califiquen como grandes contribuyentes o grandes contribuyentes territoriales. Según Villegas esta medida afectaría solo a las 20 cooperativas más grandes del país.
Villegas anunció, adicionalmente, que el Gobierno estaría impulsando la implementación de la Renta Global (no renta mundial), para empezar a ser aplicada a partir de 2023.
Dato D+: Renta Global permite que todos los ingresos que tenga una persona sin importar su origen (ya sea a título personal, por salario o por medio de personas jurídicas en las que tiene participación u otras fuentes de ingresos) sean gravados en conjunto.
Adicionalmente aseguró que desde el Ministerio de Hacienda ya se están tomando acciones para reducir la evasión fiscal, para lo cual aseguró que el proyecto de Hacienda Digital, que ya se encuentra en el Plenario, permita fortalecer la lucha contra la evasión fiscal. El proyecto de Hacienda Digital sería financiado por el Banco Mundial a través de un préstamo por $156,64 millones.
Villegas aseguró que la meta del Gobierno con las medidas anunciadas es que el Gobierna tenga un superávit fiscal de alrededor 2% del PIB para el año 2024.
En cuanto a la posible venta de activos, el Gobierno mantuvo la promesa del presidente de que no se propondría la venta de activos, más allá de vender Bicsa y Fanal como había sido anunciado a la Asamblea Legislativa por el anterior ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, aunque en la presentación se anunció que también se incluirá la venta de propiedades del Estado que no están en uso, si bien los jerarcas no dieron detalle de cuántas y cuáles propiedades serían.
Reacciones
Previo a la conferencia de prensa, el presidente Alvarado hizo un anuncio donde señaló que las propuestas ya fueron comunicadas a los jefes de fracción de las distintas bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, y que están siendo dadas a conocer antes de ser presentadas a las autoridades del FMI.
El jefe de la bancada del PUSC, Rodolfo Peña Flores aseguró que desde la fracción que lidera están anuentes a analizar las propuestas que el Gobierno va a llevarle al Fondo, pero no apoyarán impuestos regresivos que golpeen el bolsillo de los costarricenses o que reduzcan las inversiones para nuevas generaciones de empleo.
Por su parte, Luis Fernando Chacón Monge, jefe de la bancada del PLN, aseguró que tras la reunión con el mandatario le pidieron al presidente que les haga llegar las propuestas de manera formal, por escrito, para conocer cada una de ellas en su detalle, su objetivo, y conocer las estimaciones que el Gobierno ha calculado en esta propuesta y el tiempo de recuperación que espera en materia fiscal y materia de alcanzar para 2024 un superávit de al menos 2%.
Adicionalmente, Chacón aseguró que como jefe de fracción impulsará las reuniones necesarias de trabajo a lo interno de la bancada liberacionista para conocer, analizar y discutir cada propuesta para definir la posición de la fracción.
Por su parte la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se había pronunciado en horas de la mañana contra la propuesta de que se imponga un impuesto a las transacciones bancarias. La posición de la ABC se dio previo a la conferencia de prensa, debido a que las medidas anunciadas por el Gobierno ya habían sido dadas a conocer el día de ayer por La Nación.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reaccionó al anuncio de las medidas señalando su preocupación por el enfoque de las medidas en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, y recordó que "en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando. Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social", según aseguraron vía comunicado de prensa.