El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, una iniciativa de la diputada Zoila Volio Pacheco para que el Gobierno pueda inutilizar y hasta destruir las pistas de aterrizaje clandestinas que sean detectadas en el territorio nacional.
Se trata del expediente 21.621, una futura ley que entrará a regir tres meses después de que sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta y que otorga al Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública (SVA-MSP) la obligación de hacer cumplir con la normativa de inhabilitar, demoler y destruir las pistas de aterrizaje aéreo no autorizadas por razones de seguridad nacional.
43 diputados votaron a favor del proyecto y ninguno se opuso. Una vez firmada como ley, publicada y transcurridos los tres meses señalados, el Consejo Técnico de Aviación Civil deberá declarar mediante un acto administrativo la ilegalidad de las pistas de aterrizaje no autorizadas que se encuentren en propiedad privada, parques nacionales y propiedades del Estado.
Una vez verificada la ilegalidad, el Ministerio de Seguridad Pública deberá notificar dicha resolución al propietario, poseedor o arrendatario del inmueble para que este, en un plazo de 10 días hábiles, pruebe en primera instancia y de forma escrita, la condición en que se encuentre dicha pista. Cuando esa persona responda a la notificación de forma escrita, el Servicio de Vigilancia Aérea tendrá un plazo de 10 días para atender la eventual apelación, y de rechazarla, la parte afectada tendrá tres días hábiles para presentar un recurso de revocatoria ante la Dirección General de Aviación Civil, quien agotará la vía administrativa.
De no ser posible la notificación del propietario, poseedor o arrendatario del inmueble donde haya una pista ilegal, la ley dispone que deberá dejarse constancia de ello en el expediente y proceder a publicar un edicto en La Gaceta a modo de notificación. Cumplido este paso y transcurridos 10 días hábiles sin que se haya apersonado la parte interesada, Vigilancia Aérea procederá con la inhabilitación, destrucción o demolición de dicha pista.
Los diputados habilitaron tres mecanismos para obstruir esas pistas: siembra de árboles o palmeras; movimiento de tierra utilizando maquinaria, equipo pesado; o uso de dinamita. Este último no podrá emplearse en áreas de conservación.
Por otro lado, 43 diputados aprobaron por unanimidad en segundo debate el expediente 21.929 que contiene una línea de crédito por $350 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otra operación por $125 millones de dólares para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial.
El primer contrato pretende financiar: 1) la ampliación del tramo Taras – La Lima en Cartago y sus cargos asociados; y los estudios de factibilidad de la nueva vía a San Carlos; 2) el fortalecimiento técnico e institucional al MOPT, el Consejo Nacional de Concesiones y el propio Ministerio de Hacienda para desarrollar proyectos en Alianzas Público Privadas; y otras capacitaciones para innovación, sostenibilidad y género en esas instituciones; y 3) estudios y diseños de la nueva vía a San Carlos.
La segunda línea de crédito se activará, y no requerirá nueva aprobación legislativa, si los estudios señalan que la nueva vía a San Carlos es factible. De no serlo, los recursos se redireccionarán a otros proyectos prioritarios de infraestructura.
Por otro lado, tras meses de espera de la notificación de la resolución de la Sala Constitucional, 42 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.069 que deroga el artículo 18 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (N°. 9234).
La derogatoria de dicha norma, según la exposición de motivos del proyecto, es necesaria pues la misma lesiona los derechos de un grupo o segmento de personas con discapacidad (las que tienen discapacidad que afecta su capacidad o facultad mental), debido a que no pueden brindar su libre consentimiento para ser partícipes en investigaciones biomédicas.
La ley vigente permite para los casos descritos en el artículo 18 que el consentimiento lo brinde un tercero, lo que contraviene lo indicado que por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica.
Finalmente, el Plenario también aprobó en segundo debate el expediente 22.165, denominado Ley de prohibición de la compra de licores por parte de la Asamblea Legislativa y donación de las existencias de licores en desuso.
Sin embargo, el nombre del proyecto ya no debería ser ese pues los diputados aprobaron previamente una moción que cambió la prohibición total y absoluta de futuras compras de licor, por una prohibición de papel, pues se permitirá la compra cuando el fin sea su uso en actividades protocolarias.
El texto pasó de decir:
ARTÍCULO 3- Se prohíbe a la Asamblea Legislativa la compra de todo tipo de licores. La Asamblea deberá modificar su normativa interna a fin de hacer efectiva esta prohibición
A decir:
ARTÍCULO 3- Se prohíbe a la Asamblea Legislativa la compra de todo tipo de licores.
Se exceptúan de esta prohibición las compras que se destinen a la atención de los actos protocolarios oficiales, debidamente aprobados por el Directorio Legislativo. A tal efecto, la administración establecerá vía reglamento la normativa interna que regirá tales compras.
Las unidades actuales de licores disponibles en el Congreso que estén en desuso serán donadas a la Fundación Pro Mundo, quien deberá rendir ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público dentro del año siguiente a la entrega de la donación, un informe sobre el resultado de la venta y el destino dado a los recursos obtenidos.
Breves
— ¡Como si pudiera ser de otra forma! La presidencia del Congreso anunció que los informes de la comisión que 'investigó' las 14 denuncias presentadas contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, serán discutidos en una sesión de Plenario pública; y que de aprobarse una moción la votación de dichos informes se haría de forma secreta (¡ni lo intenten!).
— La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó por mayoría, este martes, un proyecto de ley de la diputada Ivonne Acuña Cabrera que pretende derogar tres normas que reducen o perdonan la pena a una mujer que se haya practicado un aborto o incurra en homicidio para "ocultar su deshonra".
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 21.930 que contiene el contrato de préstamo negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de $100 millones de dólares para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, la continuidad de un programa previo (ejecutado entre 2012–2018) y que va en la línea tanto policial como preventiva para abordar el problema de la delincuencia.
— La Comisión de Económicos acogió un texto sustitutivo al proyecto de Ley de protección de la persona trabajadora en plataformas digitales, tramitado en el expediente 21.567. La nueva redacción dispone, como lo más destacado, que la plataforma digital deberá suscribir un contrato con el trabajador en el que detalle la jornada (no mayor a 12 horas diarias), la remuneración y modalidad de pago, así como registrarlo como trabajador independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y pagar por ese aseguramiento. [Click aquí para más detalles]
— La misma comisión dictaminó otro expediente que propone autorizar la publicidad y patrocinios de bebidas con contenido alcohólico en el deporte. Se trata del expediente 21.745 impulsado por el diputado Erwen Masís del PUSC.
