La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano acusó esta mañana al régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, de estarse "aprovechado de la pandemia de COVID-19 para provocar un genocidio impulsado por una neglicencia criminal".

Las fuertes declaraciones fueron brindadas este miércoles en una conferencia de prensa, en la que la directora de la Fundación, Lina Barrantes Castegnaro, aseguró que:

El presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo recibieron la pandemia diciendo que las fronteras del país estaban  blindadas por la protección divina. Para mostrar ese blindaje, convocaron a festivales, fiestas populares, manifestaciones, y turistas. El resultado de sus acciones es que se calcula que morirán, según las proyecciones de esta mañana expuestas por el epidemiólogo Yayo Vicente, 265 mil nicaraguenses”.

Vicente fue una de las personas presentes en el encuentro de este miércoles, del que también formó parte la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra que señaló que "la vanalización de la muerte se ha convertido en una  estrategia de control político, una necropolítica evidente".

Entre las denuncias de la socióloga destaca que:

Obligan al personal de salud a no protegerse, a no usar mascarillas, ni batas ni ningún tipo de equipo de protección, lo que ha ocasionado un aumento en el contagio de los profesionales de salud e incluso su muerte. En este momento, cuando en Nicaragua se está dando un incremento de la curva de contagio, gran cantidad de personal de salud está contagiado o ha fallecido y no lo dicen”.

Por su parte, el experto en derechos humanos, Francisco Aguilar, afirmó que Costa Rica como nación "tiene una responsabilidad de proteger la población del país vecino":

Nuestro deber como costarricenses para con el pueblo nicaragüense es darles todo el apoyo necesario. No es posible que se esté dejando morir a la gente y se escondan los datos".

La semana anterior, un grupo conformado por 52 legisladores costarricenses envió una misiva a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la que solicitó que el órgano internacional realice una "evaluación extrema" que determine cuál es la realidad que está afrontando Nicaragua, respecto a la COVID-19.

Como respuesta, el régimen tachó de "arrastrados", "injerencistas" y "racistas" a los diputados ticos y las tensiones entre ambos países escalaron al punto (atizado por la crisis de los transportistas en las zonas fronterizas) en que el Gobierno de Managua decretó el cierre de fronteras con nuestro país.

Diferentes sectores nicaragüenses, incluyendo diputados de oposición y profesionales de la salud de Nicaragua, han denunciado las dramáticas condiciones que están afrontando al otro lado para contener la enfermedad.

Las denuncias señalan subregistro de contagios y muertes, el ocultamiento de información relevante y la ausencia de medidas de contención, al tiempo que fuentes médicas nicaragüenses afirman que el país centroamericano ya se encuentra en la etapa de contagio comunitario y que más de 60 médicos han sido contagiados por coronavirus.

Por otro lado, datos extraoficiales brindados por la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), denuncian que han recibido “amenazas” para no hacer público esta información; al tiempo que una docena de trabajadores del sector salud nicaragüenses denunció a Reuters que el número de casos “inusualmente altos” de neumonía atípica diagnosticados en Nicaragua “están relacionados con COVID-19” y que desde hace semanas, los hospitales del vecino país están despachando a los muertos por las noches o madrugadas y los médicos instruyen a las familias de la persona fallecida de hacer un “entierro express”: en menos de tres horas y sin aglomeraciones.